Los efectos de la pandemia pueden ser analizados desde distintos puntos de vista. En el
plano de los roles de los Estados y de las administraciones tributarias se presenta una
oportunidad para realizar avances en materia tecnológica y en la coordinación entre
gobiernos.

Recientemente, y luego de años de debate, los países integrantes del G20 / OCDE
exteriorizaron un acuerdo para el tratamiento impositivo global de lo que se conoce como
servicios digitales, brindados por grandes multinacionales (Google, Amazon, Facebook y
Apple
).

El acuerdo se terminará de delinear en los próximos meses para presentarlo en octubre con aplicación a partir de 2023.

Mientras tanto se establecieron dos pilares; el primero de ellos refiere a una distribución más justa de la base imponible, superadora de la referida a establecimiento permanente o presencia física. Así se tomará como fuente de ingresos a las jurisdicciones donde se consuman los bienes o servicios, y no a la jurisdicción donde estén alocadas las multinacionales, que, como es sabido, buscan fijar domicilio en países con baja o nula tributación para algunas de sus actividades.

El segundo pilar se refiere al establecimiento de un impuesto mínimo global del 15%, que no
impide necesariamente las competencias fiscales entre países, fija al menos un parámetro.

Es importante resaltar que estas medidas buscan lograr equidad impositiva. Mientras un
sitio web local de, por ejemplo, noticias en línea al que se accede por suscripción, debe
pagar Ganancias por sus ingresos; un proveedor extranjero que brinde el mismo servicio no
necesariamente está alcanzado ni por el impuesto, ni por la misma tasa. (No confundir con
el impuesto PAIS que recae siempre sobre el consumidor, con una tasa del 8% si demanda
divisas).

Si bien el premio Nobel de Economía J. Stiglitz opinó favorablemente sobre la cuestión,
señala un par de argumentos que pueden ser tenidos en cuenta, como la necesidad de un
mecanismo de resolución de disputas, el alto valor para considerar a las empresas
multinacionales (más de USD 20.000 millones de facturación), y fundamentalmente el
peligro que la tasa mínima propuesta se convierta en tasa máxima, con las implicancias
incluidas de las formas de elusión que seguramente llevarán a cabo. Incluso menciona que
Estados Unidos está evaluando una tasa del 21%

En definitiva, el reciente anuncio de los países de la OCDE de establecer un impuesto
mínimo a las grandes empresas tecnológicas no solo marca una decisión tributaria justa,
sino que revela la necesidad de la coordinación entre los fiscos para lograr que las
contribuciones se abonen voluntariamente, en tiempo y en forma cabal.

¿Un ejemplo a seguir en el orden local?

Es oportuno preguntarse ¿una mejor presencia tributaria puede colaborar para posicionar al
Estado como actor central en el esquema de desarrollo del país?

Si durante los años noventa prevalecieron las conductas de mercado, la pandemia trajo
nuevamente a debate la necesidad de un Estado presente y eficiente.

En la actualidad el rol regulador del Estado coexiste con plataformas de criptomonedas, con ecosistemas digitales (de compra y venta online, de reparto, o simplemente redes sociales, donde el administrador privado establece sus propias reglas), y con nuevas formas de trabajos, que escapan al control estatal y sin que quede claro cuál debiera ser su rol.

Dejando de lado las múltiples aristas que se desprenden de esto, parece oportuno mencionar que la función indispensable es la de un sistema tributario a la altura de las nuevas tecnologías.

En estas sociedades contemporáneas donde el individuo se presenta solo y aislado quizás el único vínculo que permanece desde tiempos inmemoriales es el pago de impuestos.

No es el objetivo hacer un planteamiento filosófico de la tributación, sin embargo, es pertinente tener en cuenta que en estas épocas donde todas las acciones se han simplificado a raíz del uso masivo de dispositivos móviles, alentados por el aislamiento, las administraciones tributarias deben llevar todos los esfuerzos para simplificar el pago de los tributos.

Es evidente que las personas se han convertido en sujetos sumamente impacientes respecto al tiempo de respuesta de las aplicaciones móviles, y de los equipos móviles en sí. Es decir, la sociedad no tolera un software que no funcione correctamente y en el menor tiempo posible.

No podemos pensar en administraciones tributarias que no estén a la altura de esta nueva
modernidad.

Así, la promulgación del Decreto 301/21 que grava los movimientos en las cuentas de pago ofrecidas por los Proveedores de Servicios de Pago debe ser leída como una herramienta que facilita el pago de las obligaciones, y no como una acción de un Estado que pretende avanzar impositivamente en todas las actividades. Si el pago de impuestos es uno de los vínculos de los individuos con la sociedad, también lo es en la medida en que permite el acceso a bienes y servicios que contribuyen al desarrollo común.

Prueba de esto son las erogaciones llevadas a cabo para que todos los ciudadanos accedan a la vacunación. Seguidamente, ¿deberíamos tomar los acuerdos impositivos mundiales como un impulso para lograr una mayor armonización tributaria entre los distintos niveles de gobierno -respetando las autonomías de las jurisdicciones-?

Palabras finales

Cuando nos preguntamos si estos acuerdos impositivos globales son un ejemplo para seguir en la coordinación tributaria federal, llama la atención que 24 jurisdicciones no logren armonizar sus sistemas tributarios con Nación, cuando 131 países con idiomas y culturas diferentes están por lograr un acuerdo en la temática.

Se han observado avances considerables en la materia, como la implementación del Registro Único Tributario, el Monotributo Unificado y del régimen único para las retenciones por ventas electrónicas con tarjetas (SIRTAC).

Estas iniciativas mencionadas muestran que es posible la coordinación entre jurisdicciones, con tecnologías amigables para el usuario y las administraciones tributarias.

Sin lugar a duda son un buen ejemplo los acuerdos impositivos globales y es el momento oportuno para que las jurisdicciones subnacionales se comprometan a establecer parámetros comunes respecto tasas, bases imponibles, protocolo adicional, criterios de habitualidad para efectuar retenciones y formas simplificadas de pago, con una efectiva sinergia de comunicación y trabajo conjunto con las autoridades nacionales, en todos aquellos casos que aún quedan pendientes.

*Contador Público. Maestrante en Derecho Tributario (U. Austral)

**Licenciado en Economía. Mg. En Sociología Económica (UNSAM)