Hay una concepción e incluso resignación generalizada respecto a que, bajo cualquier modelo económico, los bancos siempre ganan en Argentina. Esta idea se consolidó en el gobierno de Mauricio Macri, a fuerza de fabulosos beneficios derivados de medidas de desregulación a la entrada y salida de capitales y la insaciable política de aumento indefinido de las tasas de interés como supuesto mecanismo salvador para bajar la inflación. Sin embargo, esta percepción también preexistía bajo las administraciones anteriores, cuando el sector tenía altas rentabilidades, tanto en años de bonanza como de estancamiento o declive macroeconómico.

El contraste en relación al resto de la economía es llamativo. A diferencia del sector financiero, las otras actividades principales, a nivel generalizado, nunca tuvieron tan buenos y prologados periodos de ganancias y mucho menos en años de recesión como los dos últimos y que esa performance no haya sido resultado de inversiones.

El sector financiero en su conjunto representó el 4,92% del PBI, de acuerdo a las cuentas nacionales del INDEC referidas al último año con información completa y pública disponible (2018). A precios de ese año, generó un valor agregado de 607.482 millones de pesos y así ocupó la novena posición entre los 12 rubros de mayor peso en el PBI. La intermediación financiera, hasta 2015, ocupaba el decimoprimer lugar. También, hasta ese año, la industria era el rubro que más valor agregado generaba.

El sector financiero subió casi un punto porcentual de PBI su participación en la economía en los tres primeros años del gobierno de Cambiemos; en 2015 representaba el 3,95% del valor agregado y, en relación al año de mayor actividad de la historia nacional (2011), el sector creció más aun (su aporte al PBI era de 3,77%). Estructuralmente, según las estadísticas oficiales desde 2004 y hasta la finalización del gobierno de CFK, la participación sectorial había representado entre el 3,5% y el 4% del PBI.

Las políticas que beneficiaron centralmente al sector financiero (subir tasas y eliminar controles a su funcionamiento) eran supuestamente las necesarias para bajar la inflación. Según las mediciones alternativas a las del INDEC, en relación a lo registrado de inflación en 2019 (53,8%), los últimos doce meses del gobierno de CFK (noviembre de 2014 a noviembre de 2015), el IPC Congreso había registrado un incremento general de precios del 25,2% y el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, 23,9%. Y, además, el modelo reprimió a la actividad productiva, especialmente la manufacturera. El sector quedó relegado desde 2017 al segundo puesto, por debajo de la actividad comercial.

Lo brutal de la anterior política oficial no era solo la abrupta suba de tasas de interés de referencia, sino los muy extendidos periodos de tasas muy elevadas y en ascenso. En la medida en que los resultados exhibían claramente que era incapaz de estabilizar a la economía, los funcionarios utilizaban cualquier argumento para determinar que debían seguir subiendo la tasa, de todas formas. Así, las tasas de referencia llegaron a ser del 86% y Argentina estuvo, desde el inicio de la crisis (segundo trimestre de 2018), continuamente con tasas de referencia que más que doblaban la expectativa de inflación del mercado, según los resultados de las encuestas del BCRA. Vale aclarar, de todos modos, que los analistas consultados, en manada durante todo el gobierno de Macri, la subestimaron groseramente, aunque la inflación tampoco se acercó a los niveles tan altos como los de las tasas. El resultado, obviamente, fueron ganancias extraordinarias para los bancos y un escenario local de imposibilidad para competir industrialmente con el exterior. En ningún lugar del mundo se aplicó un experimento tan financieramente nocivo.

Además de los sectores productivos, además de los sectores de menores recursos, las familias de clase media también fueron duramente perjudicadas. En un contexto recesivo y de aceleración inflacionaria concentrada mayoritariamente en los rubros indispensables (alimentos básicos, servicios públicos, medicamentos y combustibles), debieron financiar gastos con tarjetas de crédito que marcaron niveles usurarios sobre todo en el segundo y tercer cuatrimestre de 2019 con tasas superiores al 100%.

Ante este fenómeno de distribución regresiva del ingreso a favor de un sector que no compite internacionalmente y que absorbe riquezas generadas por el aparato productivo (que eran cada vez más escasas), las decisiones recientes de disminuir la tasa de referencia son centrales para poder ir recuperando a la actividad. El BCRA ya redujo la tasa de referencia en 46 puntos porcentuales desde su máximo de septiembre pasado, antes de la aplicación de los controles cambiarios y así ya llegó al 40%. Todavía es un nivel elevado, pero es razonable para una economía con alta inflación y que busca su recuperación.

El BCRA también le puso un techo importante a la financiación con tarjetas de crédito del 55% que impide que los bancos puedan seguir asfixiando como hasta poco a la clase media.

Es evidente que el sector financiero es uno de los rubros que más ganó durante el gobierno anterior y que, finalmente, deberá ser el que más aportes haga. Es una actividad muy concentrada que no compite internacionalmente, que captó, por abuso de poder de mercado y por políticas ejecutadas por funcionarios que antes de asumir cargos públicos los representaban, una masa de excedente que fue muy perjudicial para toda la economía y que, de ninguna forma, el país puede darse el lujo de seguir subsidiándola. Por supuesto, habrá que enfrentar su pesado lobby, base fundamental de sus beneficios extraordinarios.

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Mariano Kestelboim

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