El 12 de octubre se publicó el reporte del secretario general de la OCDE a los ministros de Finanzas y directores de Bancos Centrales del G20. Dicho reporte, además de efectuar una reseña del progreso que se ha venido efectuando para atender el fenómeno de la digitalización, informa respecto de los resultados alcanzados en materia de intercambio automático de información y de la implementación por parte de los Estados de las medidas para prevenir la evasión y erosión de base imponible de tributos.

En lo que respecta a las criptomonedas, se resaltó que la OCDE se encuentra trabajando en el diseño de un marco de reporte automático de información para estos activos que no habían quedado alcanzados en el esquema implementado bajo el Estándar Común de Reporte para cuentas financieras; ello a fin de brindar transparencia a un mercado que ha evidenciado una notable evolución en los últimos años.

Esto implicaría que la información de quienes mantienen activos digitales sería intercambiada entre las administraciones fiscales de los países participantes, siguiendo el modelo semejante al ya implementado respecto de cuentas financieras bajo el Estándar Común de Reporte del cual Argentina participa y bajo el cual intercambia información desde el año 2017.

Criptomonedas y los desafíos de los Estados

Los criptoactivos, y dentro de ellos las monedas virtuales, han tenido un rápido desarrollo en estos últimos años. De acuerdo al reporte presentado a los ministros de Finanzas y directores de Bancos Centrales del G20 la capitalización de este mercado habría alcanzado los USD354 billones en septiembre de 2020. 

El uso de nuevas tecnologías ciertamente brinda una serie de oportunidades, pero también plantean adecuaciones en materia monetaria, fiscal y regulatoria para los gobiernos, quienes habrían requerido y resaltado ya en el año 2018 la necesidad de un análisis coordinado de diversas áreas – incluida la fiscal-

El reporte señala que los Estados y Organismos Internacionales aún se encuentran en las primeras etapas de regulación de las monedas virtuales. En este sentido, si bien el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) abordaron recientemente algunas cuestiones para prevenir el lavado de activos, los aspectos de política fiscal, transparencia y evasión fiscal han quedado en gran parte sin explorar, aunque forman una parte importante del marco normativo requerido en ésta área. 

Se sostiene además que la posibilidad de que las criptomonedas pueden ser intercambiadas/convertidas con monedas soberanas, sumado a las similitudes con otras formas de instrumentos financieros o activos intangibles, implica que sea necesario establecer un marco de política fiscal sólido que garantice el tratamiento coherente de activos similares, que facilite el cumplimiento, proporcione certeza, y tienda a prevenir la evasión fiscal. Asimismo, las monedas digitales enfrentan una alta volatilidad de precios, lo que puede resultar en ganancias (o pérdidas) significativas.

La inversión en monedas virtuales es significativa y representa una base impositiva potencialmente importante para los países, quienes deberían decidir respecto de la gravabilidad o no de las mismas y en qué medida.

El reporte automático a implementarse

La OCDE se encuentra avanzando en la tarea de diseñar un marco de intercambio automático de información que garantice la transparencia con respecto a los criptoactivos incluidos los ingresos derivados de la venta de los mismos.

Señala el reporte del Secretario General que este nuevo marco de intercambio de información fiscal utilizaría como punto de partida el Estándar Común de Reporte. El estándar es el esquema de referencia mundial para garantizar la transparencia fiscal con respecto a los activos e ingresos financieros. Se pretendería aprovechar el marco existente para el intercambio de información de cuentas financieras para garantizar la coherencia entre la presentación de informes sobre activos financieros tradicionales y criptoactivos, así como los ingresos derivados de los mismos.

La información fluiría siguiendo el mismo esquema del Estándar Común de Reporte. En este sentido, la información recopilada sería reportada por intermediarios a las autoridades tributarias en su jurisdicción de residencia. Las autoridades fiscales luego intercambiarán automáticamente la información con las jurisdicciones en las que residen los contribuyentes reportables. Para reflejar la naturaleza dinámica y altamente móvil del mercado de criptoactivos, el objetivo es diseñar el marco de intercambio internacional de tal manera que todas las jurisdicciones que albergan intermediarios puedan participar plenamente.

Existirían aún varias cuestiones técnicas que requieren del análisis y sobre las cuales avanza el trabajo de la OCDE; entre ellas:

  • Los tipos de activos digitales que deberían incluirse a los fines del reporte automático de información;
  • Los sujetos obligados al reporte, y en particular si además de los mercados (exchanges), otros intermediarios, como los proveedores de billeteras virtuales,deberían ser incluidos;
  • Los ingresos a informar y en particular si más allá de los ingresos por ventas, se deberían informar otros ingresos derivados de los criptoactivos e información sobre el valor de la tenencia de los mismos.

Palabras finales

El reporte concluye que la OCDE continuará trabajando en las propuestas técnicas detalladas para regular los criptoactivos, con miras a presentar un paquete de implementación integral al G20 durante el 2021.

El intercambio automático de información entre los países avanzó rápidamente en los últimos años. La Argentina ya implementó el reporte de cuentas financieras de no residentes bajo el Estandar Común de Reporte, con lo que podría esperarse que también lo haga para los activos digitales. Los intermediarios de criptomonedas deberían ir considerando estas normas que les conllevará nuevas tareas de documentación, de debida diligencia y reporte.

* Luis María Capellano es contador público- Magister en Derecho Tributario de la Universidad  Austral  y ex. Subsecretario de Ingresos Públicos de la Nación.

* Daniel  Domínguez es abogado. LLM en Tributación de la Universidad de Florida, partner de TIEM Argentina