Las compañías aseguradoras, casas, agencias y oficinas de cambio deberán comenzar a cumplimentar con las obligaciones del régimen dispuesto por la Resolución 4056-E para el reporte correspondiente al año 2021.

Asimismo, se introdujeron al régimen varias aclaraciones y ejemplos respecto del proceso de debida diligencia que deben seguir las instituciones financieras.

Como ya dijimos en otras columnas, a raíz de observaciones efectuadas en la revisión de los pares de la OCDE (Peer Review), Argentina se había comprometido e introducir ciertas modificaciones a la normativa relativa al régimen de intercambio automático de información financiera de sujetos no residentes.

En este sentido, mediante la Resolución 4888/20, publicada el 23 de diciembre de 2020, se introdujeron modificaciones a los Anexos II y IV de la Resolución 4056, procediendo a la sustitución del listado de sujetos excluidos e introduciendo ciertos aspectos que deberían ser tenidos en cuenta por las instituciones financieras en sus procesos de debida diligencia.

Nuevos sujetos obligados

Hasta el dictado de esta Resolución 4888/20, se encontraban excluidas de las obligaciones de reporte las casas, agencias y oficinas de cambio, los corredores de cambio, las entidades aseguradoras sujetas a control de la Superintendencia de Seguros relativas a seguros patrimoniales, seguros de vida, salud y accidentes personales, que no prevén la constitución de reserva matemática (ahorro), seguros de rentas vitalicias previsionales, seguros de rentas derivadas de la Ley de Riesgos del Trabajo, entre otros.

La Resolución 4888/20 deja sin efecto las exclusiones mencionadas, quedando solo excluidas de las obligaciones las entidades aseguradoras sujetas a control de la Superintendencia de Seguros de la Nación con relación a los seguros de rentas vitalicias previsionales.

En virtud de ello, aquellas entidades que clasifican como instituciones financieras tales como las casas, agencias, oficinas de cambios y aseguradoras deberán ahora adaptar sus procesos de altas de cliente, requerir autocertificaciones, y practicar la debida diligencia requerida (si aún no lo estuvieren haciendo por el cumplimiento de otros regímenes, tal el caso de Fatca).

Debida diligencia

La identificación de los clientes que abren una cuenta en una institución financiera se efectúa, entre otras, a través de las denominadas autocertificaciones, que son declaraciones en donde se identifica cierta información relevante a los fines de conocer al cliente.

Las instituciones financieras pueden encontrarse utilizando distintos formularios para la identificación de sus clientes; los formularios W-8, W-9 (a los fines de Fatca), los formularios/autocertificaciones que siguen el modelo provisto por OCDE, o incluso algunas utilizan sus propios modelos que unifican la información requerida bajo los distintos regímenes pero que solo resultan válidos si cumplimentan con todos los requisitos exigidos por la normativa.

La Resolución 4888/20 dispone los requisitos que deberán verificarse para considerar que una autocertificación es válida y exige la implementación de procesos para detectar cualquier cambio de circunstancias. Asimismo, se dispone que esta autocertificación puede aportarse por cualquier medio y en cualquier formato (electrónico, como es el caso de un documento en formato PDF o documentos escaneados).

Actualmente algunos softwares permiten y facilitan a las instituciones financieras y sus clientes la presentación de las autocertificaciones por vía electrónica y la correspondiente validación (esto es, la confirmación por parte de la institución financiera de la validez del formulario presentado). La resolución establece que si se presenta una autocertificación vía electrónica y en formato digital, el sistema en cuestión deberá garantizar que la información recibida se corresponde con la enviada, debiendo registrarse todos los accesos de usuarios que se traduzcan en la presentación, renovación o modificación de una determinada autocertificación.

¿Autorización para contratar proveedores de servicios?

La resolución establece que "una jurisdicción participante puede autorizar a las instituciones financieras sujetas a reportar a servirse de proveedores de servicios para dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de reporte y debida diligencia. En estos casos, una institución financiera sujeta a reportar puede utilizar los documentos (incluidas las autocertificaciones) recabados por los proveedores de servicios (tales como los proveedores de datos, los asesores financieros o los agentes de seguros), con arreglo a las condiciones previstas en la normativa interna. No obstante, las obligaciones en materia de reporte y debida diligencia que son legalmente exigibles a la institución en cuestión seguirán siendo su responsabilidad".

Lamentablemente no resulta claro el sentido de este párrafo. Siendo Argentina una jurisdicción participante, no se comprende si ese párrafo transcripto se encuentra efectivamente autorizando la posibilidad de servirse de proveedores de servicios. De ser así, cabe denotar que restaría indicar las condiciones y normativa interna a la que hace referencia a fin de la implementación de esa autorización.

Procedimientos de debida diligencia

Asimismo, la resolución introduce especificaciones respecto del procedimiento a seguir para la debida diligencia en cuentas preexistentes de entidades, la forma de identificación y presunciones de entidades pasivas respecto de cuentas nuevas de entidades y definiciones de ingresos pasivos, entre otras varias cuestiones.

Aclaraciones respecto de la definición de personas controlantes

Por último, detalla que la definición de la expresión "personas controlantes" se corresponde con la expresión "beneficiario efectivo" que figura en las recomendaciones del GAFI, adoptadas en febrero de 2012, y que debe interpretarse, en consonancia con las mismas con el fin de evitar un uso indebido del sistema financiero internacional y la posible comisión de delitos fiscales. En el caso de una entidad que sea una persona jurídica, la expresión "persona controlante" designa a las personas humanas que ejercen el control de dicha entidad. Por lo general, el "control" de una entidad lo ejercen las personas humanas que ostentan una participación en esa entidad. Dicha "participación" es la definida en las normas de procedimientos "antilavado de dinero" y "conozca a su cliente" que son establecidos por la Unidad de Información Financiera, atendiendo a un enfoque de riesgo.

* Abogado
** Contador Público

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