Hoy se plantea una discusión por parte de todos los profesionales del ámbito tributario de suspender la recategorización del monotributo. La AFIP ya expuso su posición de que mantendrá dicha obligación, aduciendo entre otras cuestiones que (eventualmente) una Ley que fue remitida al Congreso de la Nación atenderá la situación de transición de aquellos contribuyentes que queden excluidos de este régimen, además de prever un régimen de perdón y de transición permanente al régimen general con ciertos beneficios fiscales.

Uno de los puntos cuestionables de este argumento de AFIP – considerando los contribuyentes que quedarían excluidos del régimen -sería por un lado que se basa en una normativa eventual que puede o no sancionarse y que aún debe transitar una discusión en ambas Cámaras Legislativas.

No podemos dejar de señalar la evidente dificultad de requerirle a un monotributista de que cuente con los comprobantes recibidos por sus compras a los fines de computar un crédito fiscal presunto o deducciones a los fines de ganancias, para seguir con el procedimiento transitorio de acceso al régimen general.

Igualmente, se debe denotar que existen límites al computo de créditos fiscales presuntos y deducciones que conllevan inevitablemente a un costo impositivo considerable que los contribuyentes deberían abonar. Pero mas allá de ello, no podemos dejar de señalar que los límites de deducciones y porcentajes máximos a computar dificultan claramente un régimen que ya por su nombre debería de ser “simplificado”.

El régimen de transición del monotributo

Asimismo, considerando el régimen permanente de transición al régimen general que se incluye en el Proyecto de Ley, cabe advertir un cambio brusco de paradigma en tanto los contribuyentes deberían comenzar a llevar un registro contable para que eventualmente a partir del 2022 puedan computar crédito fiscal para el caso que superen o queden excluidos del régimen simplificado. Ello además de que los proveedores a monotributistas deberían comenzar a discriminar el IVA por sus ventas lo cual implica un cambio en la faz operativa/administrativa de estos.

Cuando nos referimos al monotributo, estamos hablando del régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Este régimen cuenta con más de 20 años en el sistema tributario argentino y fue incorporado al mismo con un doble propósito, por una parte para incluir en el sistema a pequeños contribuyentes que se encontraban en la informalidad y por otro lado, con el fin de sumar recursos de financiamiento al sector público; además de considerárselo al igual que en otros países de la región como un régimen para viabilizar la inclusión social mas allá del efecto recaudatorio del mismo.

Con el transcurrir de los años fueron surgiendo un sinnúmero de inconvenientes provenientes de deficiencias en su implementación, provocando un verdadero escenario de complejidad y confusión, además de estimular el enanismo fiscal y generar situaciones de encubrimiento de verdaderas relaciones laborales. Tal es así, que desde su implementación, motivado por lo expresado anteriormente, se fueron generando propuestas de reformas estructurales al mismo, como así también su derogación y diseño de un nuevo régimen simplificado sin perder el espíritu de promover la inclusión social y las diferencias que identifican a los trabajadores independientes.

Los cambios en el monotributo 

El mencionado proyecto fue remitido al Congreso el 30/12/20, destacando entre los fundamentos que se procura establecer distintos mecanismos para morigerar el impacto negativo que conlleva levantar la medida de suspensión del procedimiento de exclusión implementado mediante R.G. 4687, para aquellos pequeños contribuyentes que quedarían excluidos con efecto retroactivo del Régimen Simplificado, de acuerdo con los parámetros vigentes. En este sentido se propone por única vez disponer que se tendrán por cumplidos, hasta el 31 de diciembre de 2020, los requisitos depermanencia en el citado Régimen Simplificado, con ciertas particularidades.

Para los contribuyentes excluidos se establece un Procedimiento Transitorio de Acceso al Régimen General con diferentes beneficios. A ello se añade la implementación de beneficios a contribuyentes cumplidores que, no obstante encontrarse suspendido el procedimiento sistémico de exclusión, seincorporaron voluntariamente al Régimen General.

Asimismo, se contempla un Procedimiento Permanente de Transición al Régimen General, el que se implementaríaa partir del 1° de enero de 2022, permitiendo a los contribuyentes excluidos o que renuncien al Régimen Simplificado computar un crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado por las compras de bienes, locacioneso prestaciones de servicios de los 12meses anteriores a la fecha del acaecimiento de la causal deexclusión o de la fecha en que surta efectos la renuncia y, en el Impuesto a las Ganancias, la deducción del montoneto facturado por similares operaciones.

A su vez, el proyecto prevé un Régimen Voluntario de Promoción Tributaria del Régimen General, cuyo fin es incentivar el traspaso o la inscripción voluntaria, a través del beneficio de una reducción del Impuesto al Valor Agregado por tres años.

Conclusión

Nos encontramos ante un proyecto con una adecuación de la normativa actual que si bien contempla los objetivos fundamentales mencionados anteriormente, deja una suerte de incertidumbre ya que la implementación propuesta redunda en la misma complejidad y confusión que viene cuestionándose desde hace mucho tiempo respecto de la aplicación de la norma vigente; agravándose esta situación en la disparidad de criterio que se aplica respecto a la actualización de los parámetros a tener en cuenta para la recategorización.

Parecería que el fin último de la adecuación normativa propuesta es desalentar el régimen simplificado y procurar impulsar la adopción del régimen general, lo cual si bien puede entenderse como un fin encomiable, debería estar acompañado por un exhaustivo incremento de los controles de la administración tributaria para que el régimen no sea utilizado de manera improcedente. Desde el punto de vista de la razonabilidad el fisco debería continuar con la prorroga de la suspensión del procedimiento de exclusión posponiendo la recategorizacion hasta que se convierta en ley el proyecto impulsado por el poder ejecutivo.

*Luis María Capellano es Contador Público. Magister en Derecho Tributario (U. Austral)

**Daniel Domínguez es Abogado. LLM en Tributación (U.de Florida)