La Resolución 5065/21 de AFIP introdujo modificaciones a la Resolución 4056/17, estableciendo que a partir del 1° de diciembre de 2021 las instituciones financieras deberán adecuar, documentar y acreditar los procedimientos de debida diligencia seguidos a los fines del cumplimiento del Régimen de Información de Cuentas Financieras de Sujetos no Residentes acordado en el marco de la OCDE, el Estándar Común de Reporte (CRS).

Cabe recordar que alrededor de 112 países, entre ellos Argentina, se comprometieron a la implementación de un régimen de reporte automático de información (CRS), en donde las instituciones financieras de cada jurisdicción deban brindar información financiera de los clientes que resulten residentes de otras jurisdicciones participantes.

Conforme la Resolución 5065/21, las instituciones financieras, que a los fines de este régimen de información incluyen no solo a los bancos sino también a las compañías de seguros, a los agentes de Bolsa, custodios, etcétera, deberán observar ciertas pautas adicionales para el adecuado cumplimiento de la normativa.

Tanto la AFIP como otros organismos públicos vienen implementando modificaciones con el fin de cumplir con este compromiso. Así, por ejemplo, el Banco Central introdujo recientemente un padrón de registro de entidades obligadas en donde deben informarse, entre otras cuestiones, la cantidad de esas cuentas reportables y los porcentaje que corresponden a personas residentes en una jurisdicción extranjera.

Por su parte, la AFIP dispuso pautas adicionales que deberán observar las instituciones financieras para la adecuada aplicación de los procedimientos de debida diligencia a su cargo, con el fin de permitir un efectivo control y una evaluación del cumplimiento de las tareas.

Nuevas pautas

Con vigencia desde el 1° de diciembre de 2021 se dispone que las instituciones financieras deben adoptar medidas de control de los requisitos de debida diligencia e informe. Para ello deben identificar a las personas que controlan el cumplimiento de la normativa y que se encargan de las comunicaciones con la administración federal.

Asimismo, deben contar con las políticas y procedimientos escritos tendientes a cumplir con los requisitos de debida diligencia y con la presentación de reportes, así como también con procedimientos para actualizar los controles internos, teniendo en cuenta los cambios que se produzcan en las leyes locales.

Por otro lado, se establece la necesidad de brindar capacitación con el propósito de garantizar una adecuada supervisión de los empleados que son responsables de la debida diligencia y de la presentación de los informes, promoviendo que los empleados conozcan sus responsabilidades.

De igual manera, se plasma la necesidad de evaluar los sistemas de debida diligencia, mantenimiento de registros, presentación de informes y si los sistemas resultan adecuados y eficaces. Para ello se prevé además la revisión y la evaluación periódica e independiente de los controles, de los resultados registrados y la descripción de las acciones realizadas para corregir las deficiencias.

Excepción para instituciones financieras con menos de cien cuentas reportables

Las instituciones financieras obligadas que hayan reportado en los cuatro períodos fiscales anteriores una cantidad inferior a cien cuentas podrán optar por reemplazar los procedimientos descriptos por una "certificación de cumplimiento" suscripta por un oficial de cumplimiento. La norma remite a los términos de la ley 25.246 en cuanto a la función del oficial de cumplimiento que debe designarse por el órgano de administración y quien será el responsable de asegurar que la institución financiera cumpla las obligaciones.

Pautas adicionales sobre esquemas de residencia por inversión

La OCDE viene trabajando en la implementación de medidas para contrarrestar la posible elusión del reporte automático. Una de las situaciones en donde existe un riesgo de elusión es a través de esquemas de residencia o ciudadanía por inversion. Si bien los esquemas de residencia y ciudadanía por inversión pueden tener razones perfectamente legítimas, en algunos casos también pueden ser utilizados de manera indebida para evitar la presentación de reportes en el marco de CRS.

Los esquemas que potencialmente presentan alto riesgo para estos propósitos elusivos son aquellos que le dan al contribuyente acceso a una tasa de impuesto sobre la renta personal reducida sobre activos financieros extraterritoriales y no requieren una presencia física significativa de al menos noventa días en la jurisdicción que ofrece el esquema. Esto se basa en la premisa de que muchas de las personas que buscan eludir el CRS desearán evitar el impuesto sobre sus activos financieros extraterritoriales en la jurisdicción y no estarían dispuestas a cambiar fundamentalmente su estilo de vida.

Para atacar estos esquemas, y siguiendo algunos lineamientos dados por la OCDE, la resolución incluye pautas a aplicar por la institución financiera en los casos en donde pueda entender que existen dudas sobre la residencia fiscal de un titular de la cuenta. Así, se establece que la institución financiera debe considerar si el cliente obtuvo residencia bajo un esquema de residencia o ciudadanía por inversión, si tiene residencia en otras jurisdicciones, si ha pasado más de noventa días en cualquier otra jurisdicción durante el año anterior y si ha presentado declaraciones de impuestos sobre la renta durante el año anterior en otras jurisdicciones. Las respuestas a esas preguntas ayudarían a las instituciones financieras a determinar si lo declarado por el cliente resulta incorrecto o no confiable.

Asimismo, brindará acceso a un listado de jurisdicciones que otorgan residencia o ciudadanía por inversión y que puede consultarse a estos efectos (la OCDE actualmente ya brinda un listado para su acceso general).

Palabras finales

Argentina sigue avanzando en la implementación de los compromisos asumidos para la implementación del estándar y el control de las obligaciones en cabeza de las instituciones financieras. Estas últimas, deben adaptar sus procesos internos, controles para acreditar el cumplimiento de los extremos exigidos por la normativa.

Con vigencia desde el 1° de diciembre de 2021 se suman pautas y obligaciones adicionales tendientes a permitir el control, supervisión. Las instituciones financieras deben poder acreditar las tareas realizadas e ir adaptando sus sistemas o utilizando herramientas informáticas que facilitan las nuevas tareas y las obligaciones requeridas

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