La elevada carga impositiva es un denominador común en todos los sectores empresarios a la hora de reclamarle al Gobierno del presidente Alberto Fernández una agenda económica post PASO 2021. Y en esa dirección también van los pedidos de acelerar un acuerdo con el Fondo Monetario que por ejemplo, los bancos y el sistema financiero, preferiría que estuviera en la agenda entre las elecciones más que en el plazo máximo de marzo 2022.

La industria, el campo, el comercio y los bancos denuncian que en la Argentina la carga tributaria es muy alta en relación a los estímulos a la producción que se ofrecen. El Gobierno no lo ve así: allí sostienen que los esquemas de estímulos puntuales, anabólicos al consumo, asistencia social y programas sectoriales son la receta para el despegue económico, en lugar  de grandes lineamientos macroeconómicos generales.

Entre las empresas, la precupación es que la economía se achica y las oportundiades de negocios tambien en un momento en que el mundo post Covid-19 iría hacia un fenómeno de expansión que podría dejar a fuera de muchos nichos de mercado al país. Por ejemplo: la exportación de carne.

Luego de la prórroga del cepo a las exportaciones de carne, el campo en todos sus tamaños y dimensiones está, de hecho, en asamblea permanente. Los principales dirigentes de la Comisión de Enlace están, como los políticos en campaña, recorriendo el territorio de Entre Ríos, Buenos Aires profundo, Santa Fe y Córdoba. Allí contienen la bronca de los productores más extremos que como algunos funcionarios, tambien extremos, ya no ven posibilidad de achicar distancias en un diálogo de sordos.

Resulta inevitable una medida de fuerza extensa de productores agropecuarios y cerealeros post PASO 2021. "No queremos contaminar ninguna decisión con las elecciones", repiten desde la conducción de la Sociedad Rural, CRA, Coninagro y Federación Agraria en cada asamblea en sedes provinciales.

De todos modos con tiempos más laxos o menos flexibles, un cese de comercialización de carnes y granos es, cómo mínimo, la medida de fuerza que vendrá  inexorablemente. También el Gobierno, en especial la vicepresidenta Cristina Kirchner, le pondrá condimento político partidario a cualquier decisión. A esta altura es también inevitable.

Lo que en el fondo reclaman los productores es menor carga impositivia, lo mismo que la industria, recientemente destratada en la celebración de su día, el pasado 2 de septiembre en la Unión Industrial, que conduce Daniel Funes de Rioja. En este sector, que motoriza la pocas buenas noticias económicas del Gobierno, no sólo presionan porque en diciembre sí o sí caduque el DNU que impide los despidos sino que tambien pretenden que en la agenda parlamentaria se incorpore la Reforma Laboral.

En la CGT, que tiene su propio realineamiento de cara a los futuros cambios, no quieren ni escuchar susurrar de Reforma Laboral, mucho menos mientras salga de boca de Funes de Rioja a quien no dejan de ver como un abogado laboralista liberal aunque muchos gremios conocen de diálogos tripartitos que se instrumentaron en otros tiempos con Funes como gestor.

Los puentes que busca la UIA

En la UIA no descartan ir tendiendo puentes en la Cámara de Diputados, que preside Sergio Massa. Allí, post PASO 2021 hay una extensa lista de iniciativas que salieron del Senado y que preocupan al sector privado y que el oficialismo tiene en la gatera para desempolvar (o no), según los tiempos que se aproximen.

Los proyectos que asoman sorpresivamente tanto en el Congreso como en los municipios tienen en vilo a varias compañías. Por ejemplo algunas entidades bancarias sostiene que en algunos distritos de zona sur la tasa municipal para abrir una nueva sucursal antes de poner el primer ladrillo representan 30 millones de pesos.

Un reciente informe de ABA y ADEBA, las entidades que agrupan a todas las entiddes bancarias y financiarias privadas que operan en el país y que realizó IERAL reveló que "si una persona paga una cuota mensual de un préstamo personal que incluye $1.000 de intereses, en realidad estará pagando $ 440 de impuestos y $560 de tasa de interés pura (neta de todo impuesto que grava la transacción financiera y a las entidades financieras)".

Los bancos piden menos impuestos

Pero "si se consideran las alícuotas legales aplicadas en ingresos brutos (y sus adicionales) por las 5 jurisdicciones más pobladas, sobre los ingresos de las entidades financieras, van desde 7% en Mendoza y Santa Fe, hasta 9% en Buenos Aires y Córdoba, resultando de 8% en CABA".

"Creemos que es fundamental establecer políticas que permitan tanto a las personas como a las empresas pequeñas, medianas y grandes acceder al financiamiento, como lo hacen en el resto de la región y que éste sea el motor de la recuperación económica. Para crecer en ahorro necesitamos políticas que fortalezcan nuestra moneda", aseguró a propósito de este documento, Claudio Cesario, presidente de ABA.

En el fondo, la presión tributaria le pone también presión a los precios y al dólar en otro año en el que ya transcurrió más de la mitad de sus meses sin señales claras de recuperación sostenida ni de baja sostenida de la inflación. Claro que depende con qué cristal se lo mire porque para el equipo económico ambas situaciones ya están encaminadas: la desacaleración del ritmo inflacionario y la recuperación de la economía. Cristales y miradas que definirán, en última instancia, los resultados del domingo.

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Alejandra Gallo

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