En menos de los siete días que lleva este flamante año, los conflictos se potenciaron entre el Gobierno y el sector privado que mayoritariamente no comulga con el rumbo económico que asoma. El lunes comenzará un paro de comercialización del campo por 72 horas al que adhieren tres de las cuatro entidades de la Comisión de Enlace pero también  autoconvocados que ya sesionan en asambleas provinciales. Rechazan las restricciones a la exportación de maíz que impuso el Gobierno con el argumento de sostener el pecio interno de los alimentos y el abastecimiento.

Pero también lo hicieron en una fuerte carta las 57 entidades que componen el Consejo Agroindustrial que el propio Gobierno respaldó en un intento por ganarle volumen a las exportaciones llevándolas de los actuales 65.000 millones de dólares a los 100.000 millones de dólares en 10 años y generar 700.000 puestos de trabajo adicionales. “La medida implementada no producirá efecto positivo”, destacó ese documento dirigido al Presidente y casi todo el gabinete en el que además destacaron “nuestra preocupación y sorpresa” por la decisión que se tomó hasta marzo. Ese documento nació con demasiado dolor de parto entre todos los integrantes que se cruzaron fuerte dentro y fuera de la reunión en la que finalmente se acordó de forma unánime ese texto. Probablemente quedarán heridos, rencores y eventualmente fracturas.

La Sociedad Rural que no quiso integrar este frente desde el principio y que esa decisión le valió a su actual conducción asperezas internas en elecciones ahora pateadas para adelante, capitalizó esta situación. Por supuesto que redactar un breve, aunque fuerte, documento de rechazo no es lo mismo que decidir una medida de fuerza que Coninagro no avaló. Dicen en el sector que las vinculaciones de esa entidad agropecuaria con la cartera de Agricultura, que conduce Luis Basterra, su es cada vez más intensa y despierta cada vez más tensiones. El titular de esa entidad, Carlos Iannizzotto, lo explicó así: “No es momento para un paro, pero sí para reclamar que  las medidas tomadas por el Gobierno de intervención  y regulación de los mercados no son las adecuadas y el sector cooperativo las rechaza por completo. No adherir es una medida a favor del país, no a favor del Gobierno”.

Para Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural, “se perjudican obviamente los productores y también los consumidores porque el impacto del precio del maíz sobre el precio final de los alimentos que lo requieren como insumo es bajísimo. Es decir en la góndola no llega nada de este esfuerzo y la medida destruye por completo todas las expectativas económicas”. Hay una lectura desde este sector que mira el rumbo económico pero sobre todo el político detrás de esta medida que no es leída ni de manera puntual ni de forma aislada. El timonel de la SRA lo sintetizó así: “Nos preocupa la dirección del Gobierno, que creemos que no es la correcta, la reforma de la justicia, las otras medidas que se fueron tomando con el campo y que remiten a otros tiempos”.

Al paro de comercialización también lo apoyaron diputados de Juntos por el Cambio quienes destacaron en un comunicado que hay maíz suficiente para abastecer al mercado interno con una producción de 8 millones de toneladas de las que se consumen cerca de la mitad, es decir que hay excedente para entregar, aunque los productores polleros por ejemplo denuncian que no les entregan. Es decir, que desde 2015 cuando se aplicaron toras medidas en el gobierno anterior la siembra creció un 55% superando los 9 millones de hectáreas y la cosecha creció un 70% y en el caso del maíz la industrialización se incrementó un 55% y se duplicaron las exportaciones”. En el Gobierno ahora insinúan que si a fines de enero se regulariza la entrega, no sería necesario aplicar esta medida que puso en pie de guerra a todos.

De todos modos, si hay que ponerle una fecha de gestación al conflicto por el maíz  hay que remontarse al 10 de diciembre 2020. Ese día la secretaria de Comercio, Paula Español, se había reunido con la cadena cárnica  para hablar de precios. Allí algunos productores habrían advertido que podían mantener el abastecimiento pero no los precios por la falta de insumos, entre ellos el maíz. Español habría gatillado un alerta naranja inmediato al gabinete económico porque ya desde ese entonces el Gobierno sabía que renovaría precios cuidados, que venció esta semana, con más variedad y productos porque la mesa de los argentino cerró diciembre muy caliente y esa temperatura se proyecta en los primeros meses del año.

Para el Gobierno, la regulación de precios es un instrumento útil para contener los precios. Par las alimenticias, todo lo contrario. Copal, la cámara que las agrupa, acaba de difundir un comunicado en el que justamente advirtió que “mientras que el IPC de alimentos y bebidas estimado a diciembre alcanzó el 40,4%, al universo de los productos representado en Copal – que son regulados por la política de congelamiento- se les ha otorgado un incremento de entre el 4% y el 10,9%”. Es decir para las alimenticias mientras que los alimentos regulados estuvieron por debajo de la inflación, pasó lo contrario con los que no lo están que en general son productos frescos. En todos los casos aumentaron los costos y los insumos en dólares lo que generaría quebrantos en algunas compañías corto plazo.  

Ese rumbo inquieta en el sector privado que mayoritariamente no comulga con la orientación económica de este Gobierno. También en las empresas de medicina pre pagas que, como las alimenticias sienten que “le pusimos el hombro a la pandemia y nos pagan así”, en referencia al posible sistema mixto del que habla el Presidente y su vicepresidenta. Habrá que ver cómo juega en este partido el tercer integrante: La CGT que vislumbran detrás de esta iniciativa un nuevo intento de un sector del Gobierno por quedarse con el control de las obras sociales.

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Alejandra Gallo

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