Tras dos semanas de escándalo por el multimillonario pagadiós de Vicentín al Banco Nación, y luego de que dos gobernadores menearan su estatización como una salida posible a la crisis, la acopiadora de granos se decidió finalmente a presentar una oferta de pago. La carpeta de la concursada llegó ayer por la mañana al despacho de Eduardo Hecker con vista a la Casa Rosada y contiene un plan de desembolsos en cuotas con un anticipo inicial de 20 millones de dólares, casi el 10% de su cartera impaga con el Nación. También incorpora nuevas garantías por el saldo, que seguirá arriba de los $15.000 millones, lo cual le devolvería al banco al menos parte de la solvencia perdida para los créditos Pymes que procura relanzar cuanto antes.

El recule de la compañía que más aportó a la campaña de Juntos por el Cambio en 2019, que saltó en los cuatro años de Macri del puesto 19 al puesto 6 del ranking de las que más facturan del país, que absorbió para ello casi el 20% de la capacidad prestable del Nación y que defaulteó su deuda el 6 de diciembre, a cuatro días de la asunción de Fernández, puede ser parte de una estrategia dilatoria judicial o incluso un paso más en la "maniobra fraudulenta" que denunció Claudio Lozano apenas asumió en el directorio del banco. Pero también es una muestra a pequeña escala de lo que aspira a lograr el Presidente en las negociaciones por la deuda y por la inflación, que pilotean dos ministros distintos. Acreedores privados y formadores de precios, en la nueva cosmogonía frentetodista, son contrapartes con las que alternar palos y zanahorias. Y finalmente pactar.

Inflación y deuda son las dos batallas clave del primer semestre de la gestión Fernández y él mismo sabe que definirán la deriva del resto de su mandato. Por eso, apenas volvió de ocuparse de lo primero en Israel, con un gesto de alineamiento geopolítico que espera se traduzca en un apoyo contante y sonante de Donald Trump en el directorio del Fondo Monetario, se abocó de inmediato a lo segundo y advirtió al mundo empresario que "deje de jugar con los precios de la canasta".

Los encargados de combatir la inflación creen que el paquete de medidas para "desindexar" la economía ya está rindiendo sus frutos. En el Banco Central y en la Secretaría de Comercio dan por hecho que la suba del Indice de Precios al Consumidor no superará el 3% en enero, a caballo del congelamiento de tarifas y combustibles, del plan Precios Cuidados y del dólar oficial anclado. En el primer piso de la Rosada adjudican el énfasis de Fernández contra los empresarios a dos razones: que las primeras encuestas le marcaron cuánto subió la preocupación social por los precios y que en el vuelo de regreso leyó una nota periodística sobre aumentos del 60% en los productos que dejaron de integrar la lista de Precios Cuidados.

Anclas y pañales

Los supermercadistas encendieron todas sus alarmas al escuchar que el Presidente mencionaba la Ley de Góndolas y directamente entraron en shock cuando anteayer leyeron el decreto que incorporó al proyecto -ya con media sanción de Diputados- al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. De aprobarse, ninguna marca podrá ocupar más del 30% de los estantes donde las cadenas exhiban productos de primera necesidad.

Para los dueños y gerentes de las trece cadenas de súper e hipermercados alcanzadas se trata de una regimentación inaceptable, casi expropiatoria. "Si el problema es la concentración de los proveedores ¿por qué no los hacen desinvertir? Con esta ley solo van a operar sobre un 25% del consumo masivo, que es lo que representamos las cadenas de las ventas de esos rubros. No se meten con las multis de la industria", dijo a BAE Negocios un lobista clave del sector.

La secretaria de Comercio, Paula Español, y su jefe, Matías Kulfas, coinciden en voz baja con ellos. Más que a la ley de góndolas, apuestan a la radiografía de la cadena de valor de cada producto esencial que Español espera tener lista para dentro de un mes. En cada caso procura establecer qué empuja su precio más allá de los vaivenes de la macro: si la logística, el envase, la materia prima o la concentración del mercado.

Con quienes detecten captando rentas monopólicas, en Comercio prometen ser implacables. Pero ahí, de vuelta, termina por primar el pactismo: las dos marcas líderes de pañales, por caso, aceptaron entrar a Precios Cuidados con rebajas del 20% respecto de sus precios de diciembre. Era eso o que los enjuiciaran en el Tribunal de Defensa de la Competencia por las subas del 90% que redondearon en 2019, según el INDEC, muy por arriba del 55% de inflación que hubo.

Meritócratas herederos

El desesperado por un guiño oficial es Marcos Galperín, el fundador de MercadoLibre. Como se anticipó en este panorama el 20 de diciembre, el Gobierno empezó a atacar los desniveles de las canchas donde juega el más icónico de los empresarios que Macri levantaba como modelo. Empezó por una ventaja clave: la millonaria desgravación impositiva que obtuvo por la Ley de Software y que Cambiemos amplió con la Ley de Economía del Conocimiento.

No es el último trago amargo que le tocará saborear. Todavía falta que muevan el Banco Central y el Ministerio de Trabajo. Allí analizan dos excepciones que disfrutó Galperín: haber sido habilitado para competir con los bancos sin sus exigencias regulatorias y para mantener a su personal bajo convenio de Comercio y no de Bancarios, mucho más oneroso para un empleador. Se frota las manos el banquero Jorge Horacio Brito, viejo mecenas massista y ahora también orgulloso peronista fuera del closet.

Anteayer, el portal LaPolíticaOnline publicó otra curiosidad: que el Fondo Común MercadoPago se desprendió de $1.300 millones en LECAPs apenas 12 días antes del reperfilamiento de su pago que dispuso el exministro Hernán Lacunza después de las PASO. Tamaño acierto financiero activó múltiples suspicacias dada la amistad entre Galperín y Macri, aunque ayer MercadoLibre haya desmentido tajantemente haber accedido a información privilegiada. ¿Y si la Comisión Nacional de Valores abre una investigación formal sobre lo ocurrido? ¿Qué podría hacer con las acciones de MeLi en Wall Street su prima estadounidense, la estricta Securities and Exchange Comission?

Dejen buitrear

En el Ministerio de Economía, que hoy prevé volver a sacudir el minimercado de la deuda en pesos con otra licitación como las de inicios de enero, trabajan febrilmente para identificar a los acreedores de la deuda en dólares y cumplir con el cronograma que difundieron para esa renegociación, la que realmente importa. En la Secretaría de Finanzas se quedaron perplejos por la decisión de uno de los grupos de acreedores de contratar como asesor al abogado Eugenio Bruno, un exfuncionario del equipo de Alfonso Prat-Gay que sobrevivió con Luis "Toto" Caputo como subsecretario de Asuntos Regulatorios Financieros.

La decisión de contratar a Bruno la tomó el fondo Greylock, de Hans Humes, al que en Economía identificaban hasta ahora como uno de los fondos "dialoguistas" que se mostraban más dispuestos a negociar en buenos términos. Greylock capitanea uno de los comités ad hoc de acreedores que se formaron para la renegociación y en Economía prometen tratarlo igual, pero no ocultan su desagrado por el hecho de encontrarse con un exfuncionario del otro lado del mostrador. "Esta puerta giratoria es normal para este tipo de interlocutores. Para nosotros no. Hablamos idiomas distintos. Eso no tiene por qué complicar la negociación, pero sí dificulta la interlocución", dijo a BAE Negocios un funcionario del área.

Como con Vicentín y otros créditos del Nación, en las emisiones de deuda de Caputo y Nicolás Dujovne hay mucha materia prima para activar investigaciones judiciales que podrían terminar con exfuncionarios de Cambiemos presos o, al menos, procesados. Pero un poco por convicción y otro poco por su matriz pactista, la decisión de Fernández es no lanzarse a una arqueología de la corrupción pretérita como hizo Macri en 2016. A sus funcionarios, según varias fuentes de distintos ministerios, los instruyó para que solo denuncien lo que afecte a futuro sus planes.

A Javier González Fraga, por Vicentín, apenas le iniciaron una auditoría interna que puede derivar en un sumario y en paralelo le dieron intervención a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que dispondrá si hay un caso penal o no. En Economía, ante casos que a Martín Guzmán le resultaron indignantes, optaron directamente por desandar lo andado y hacer mutis por el foro. Pasó con los dos funcionarios de Finanzas que cobraban sobresueldos de $75.000 mensuales cada uno por actuar en paralelo como presidente y vice del Fondo de Capital Social (FONCAP), un ente encargado de otorgar microcréditos para emprendimientos de personas pobres. Ahora lo hará ad honorem Mercedes DAlessandro, la flamante directora de Economía y Género del Ministerio.

Sin rencores. Argentina unida, como dicen los carteles. Es con todes.

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Alejandro Bercovich

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