“Hay que pegar para negociar”. La frase, que contó con la aprobación de muchos parientes de Marcos Peña Braun que integran la Sociedad Rural, fue soltada a principios de marzo pocas horas antes de que se decidiera el lockout y paro del campo de los empresarios más poderosos de la soja y el girasol. La idea, que producto del desconocimiento de la historia argentina le pareció novedosa a los “sub 40” presentes en el lugar, les permitió a los mayores del encuentro recordar sus años mozos y asociar la estrategia de “pegar para negociar” con el jefe metalúrgico Augusto Timoteo Vandor, asesinado de cinco disparos en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) el 30 de junio de 1969.

Pero lo cierto es que la estrategia de apriete del establishment, iniciada acaso por los intereses rurales de las 1.303 familias (entre ellas los Blanco Villegas, familia materna de Mauricio Macri y que es propietaria de 25.000 hectáreas en Tandil) que son dueñas de 11.081.138 hectáreas, terminó derramándose meses después a otros sectores del empresariado.

Lejos de atemperar sus deseos, la cuarentena obligada producto de la pandemia del Covid 19 que azota la salud del mundo y su economía, no hizo menguar sus ansias de mantener los beneficios logrados durante los cuatro años de gobierno de administración de Mauricio Macri y para muchos de los empresarios locales el coronavirus pasó de ser una crisis sanitaria a una oportunidad comercial en pocas horas. Incluso si para lograr maximizar sus ganancias se ponga en peligro y desafiando la “paz social”, como señalan en un reciente trabajo los economistas Tomás Raffo y Claudio Lozano.

“Están desafiando la paz social en un momento excepcional como lo es la cuarentena que estamos transitando”, señalan Lozano y Raffo en un texto titulado “Que aporten lo que más tienen: Techint y su desafío a la paz social”, donde agregan que “este desafío a la paz social se observa de manera general en el persistente aumento de los precios de los alimentos, que a pesar de los dichos presidenciales referidos a que “los especuladores van a ser castigados” y de que “el país de los vivos se terminó”, las firmas con poder de mercado de este rubro parecen no darse por aludidas.

Sin embargo, aún peor es el caso de aquellos comportamientos que abiertamente desafían simbólicamente la cuarentena. Como es el caso de uno de los dueños de la firma Vicentín (Gustavo Nardelli), que deliberadamente salió a pasear en su yate por el Rio Paraná; y luego, no conforme con ello, se dio el lujo de desplazarse a alta velocidad en su Mercedes Benz en el barrio de Belgrano, en el medio del aislamiento dispuesto a nivel nacional. Se trata de un desafío simbólico de uno de los referentes del poder económico, que desde el inicio del actual gobierno viene llevando adelante una pulseada, que se expresa en el hecho de haberse llamado a default de su principal empresa, estafando a sus proveedores y pretendiendo no pagar sus deudas con los bancos públicos (principalmente el Banco Nación). Se sabe que los dueños de Vicentín eran parte orgánica del gobierno anterior, a punto de haber sido los principales aportantes de su campaña presidencial.

Sin embargo, queremos centrarnos en el mayor desafío que en estos días se observa desde el poder económico a la Paz Social, aquel que no tiene miramientos en despedir trabajadores, desentendiéndose de todo criterio mínimo de solidaridad. El que ha hecho punta en este desafío es quizás quien hoy encarna la cúspide del poder económico local. El Grupo Techint, propiedad de la familia Rocca, anunció el despido de 1450 trabajadores que estaban contratados para obras que “la cuarentena suspendió”. Del mismo modo, eliminó un plus salarial para los trabajadores de la fábrica SIAT que se percibía desde hace más de 50 años, y que supone una reducción salarial para sus empleados.

Este ejemplo rápidamente tuvo sus emuladores, como el caso de la firma Mirgor (de Nicolás Caputo, otro de los referentes económicos del gobierno de Cambiemos, a punto de ser asesor del expresidente Macri) que decidió despedir a sus 740 empleados. Así las cosas, la ofensiva del capital concentrado parece evidente: en lugar de aportar más, deciden trasladar el costo de la crisis a los que menos tienen, ya sea subiendo precios, o bajando salarios o peor aún dejando sin trabajo e ingresos a los que hasta hace poco dedicaban sus días a engrosar las ganancias del conglomerado. Así de humanos y solidarios se pretenden”.

Los ecos de las palabras de Lozano, quien también integra el directorio del Banco de la Nación Argentina, parecen haber llegado a gran parte de los diputados que integran el Frente De Todos. “Los que más tienen, deben aportar más”, escriben Lozano y Raffo en el texto citado, y la frase asusta incluso a empresarios supermercadistas como Alfredo Coto, a quien se lo filmó protestando con barbijo y saltando junto a los trabajadores de una de sus sucursales cerradas por la AFIP y la Secretaría de Comercio Interior por no cumplir con los precios máximos dispuestos. El piquete de Coto parece previsible luego de lo que escrito ayer por Horacio Verbitsky en el sitio elcohetealaluna.com, donde adelantó que este lunes 6 el presidente Alberto Fernández “firmará un DNU designando a los intendentes como autoridad de aplicación de la ley de defensa de la competencia, para que puedan controlar el incremento de precios de alimentos en los pequeños comercios de cercanía”.

La banca hegeliana

Si se cumple aquello que decía Hegel de que “la historia comienza cuando se enfrentan dos deseos”, entonces los bancos privados, quienes rechazan el pagar jubilaciones y AUH porque, como dicen en off  “se les llenan las sucursales de pobres y de viejos, deberán comenzar una nueva historia con el Gobierno, que desea que los bancos privados también hagan ese servicio social. Las razones son simples: solo cuatro bancos privados pagan jubilaciones y dos de ellos (Supervielle y Piano) tienen 1.400.000 cuentas. Los bancos públicos hacen todo lo demás: el Banco Nación le paga a 1.900.000 jubilados, el Banco Provincia a 720.000 y el Banco Ciudad a 120.000.

El deseo de lucro de los bancos no merma tampoco durante el coronavirus. Y no es un secreto que son cientos los  empresarios que se quejan de las trabas que ponen los bancos para acceder a créditos a tasa del 24%. Número que les resulta irrisorio, porque antes de la crisis le prestaban a 25%. La realidad es que los créditos no sólo no aparecen sino que los bancos piden cosas imposibles para las empresas. La maniobra que utilizan las entidades financieras es la de trabar todo el otorgamiento de créditos a través de los gerentes de riesgo crediticio. Así le exigen a las empresas cosas imposibles de cumplir.

Como por ejemplo, que presenten balances del 2019, cuando saben que el plazo venció el 31 de marzo y debido a la cuarentena es imposible que los tengan listos. O las proyecciones de ventas para el 2020 las que saben que serán malísimas debido a la fuerte recesión. Incluso llegan a pedidos insólitos para poner trabas, como que las empresas no presentan garantías reales ni avales, cuando saben que ese trámite es imposible ya que todos los bancos están cerrados por la cuarentena.

Pero la cuestión más dañina para las compañías es lo que están haciendo con los cheques rechazados: con más de 5 cheques rechazados cancelan los créditos y descubiertos en cuenta corriente preacordados antes de la cuarentena. Y con 20 cheques rechazados congelan las cuentas de las empresas.

Las miras del Gobierno están puestas, por ejemplo, en el Banco Santander, que cuenta con una gran cantidad de pesos para dar préstamos, que brillan por su ausencia. Los números son claros y la liquidez total del sistema financiero es del 62,2%, pero en  los bancos privados dicho indicador alcanza al 72,7% y al 74,7% en los bancos privados extranjeros (donde están el BBVA, el Santander, el ICBC y el HSBC). La conclusión es simple: los bancos privados tienen casi el doble de capacidad de préstamos que los bancos públicos, que apenas poseen una liquidez de apenas el 47,5%. Pero siguen sentados sobre los depósitos.

En este contexto es que el presidente Fernández habló con el titular del Banco Central, Miguel Pesce, y como señala Verbitsky lo hizo “para plantearle que no se puede tener tanta paciencia con los bancos, que no están permitiendo el acceso de las empresas a las líneas de crédito a tasa negativa que dispuso el gobierno”.

Una muestra evidente que el deseo del Estado, esta vez, acaso deba ser mucho más fuerte que el de los poderes concentrados si se quiere, de una vez por todas, refundar la historia.

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Ernesto Hadida

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