La pandemia generada a nivel mundial ha provocado y acrecentado la discusión del rol que deberían tener los insumos energéticos para el desarrollo de los países. También ha generado una nueva discusión sobre las políticas energéticas que se deberían implementar, con una visión de mediano y largo plazo, en un mundo que plantea la disputa de la reducción de los costos de producción de sus bienes y servicios.

Esta discusión, que también se da en el seno de nuestro país, tiene una visión coincidente en varios sectores de la economía: el ajuste para mantener la rentabilidad empresaria vendrá por el lado de los trabajadores o por el lado de los insumos energéticos de producción. El rumbo que se decida adoptar dependerá, en gran medida, de la política productiva e industrial que se planifique y desarrolle nuestro país en esta nueva era de guerra comercial y desarrollo tecnológico 4.0.

Hay que tener presente que, en esta nueva era de revolución industrial, planteada a nivel mundial, el desarrollo tecnológico aplicado a los procesos productivos propone, sin manifestarlo abiertamente, el reemplazo de los/las trabajadores en ciertos esquemas productivos y salarios a la baja en otros. 

El nuevo esquema de producción que proyecte y planifique nuestro país necesitará, indudablemente, de una nueva regulación de la política energética que lo sustente, apoye y le dé durabilidad en el tiempo.

Costo de energía y producción

No puede haber un proceso de crecimiento productivo, tecnológico e industrial generador de valor agregado si la factura de los insumos energéticos absorbe, en algunos casos el 45 y hasta el 50% de los costos de producción. Por otro lado, es importante destacar que varios actores corporativos, que monopolizan factores de producción de bienes y servicios como la electricidad, el gas y el acero, prefieren instalar la idea que se deben mantener los costos altos de los servicios energéticos para la promoción de inversiones (que nunca llegan) y que el factor de ajuste para la mejora de la rentabilidad deben ser los trabajadores, sustentando esta posición en reformas indirectas sobre los derechos laborales.

Evidentemente, las nuevas tecnologías en los esquemas de producción deben impulsar actualizaciones constantes de la regulación entre empleador y trabajadores, pero nunca en detrimento de derechos adquiridos.

Frente a esto también se pone sobre la mesa si, en un nuevo esquema productivo de revolución 4.0, el Ingreso total de los trabajadores debería estar compuesto por los sueldos y salarios, sumando a esto la participación en la renta sobre la propiedad.

Esta discusión respecto del ajuste en los costos de producción, que indudablemente se está dando en distintos ámbitos académicos y políticos, ya sea por el lado que pretenden los empresarios corporativos fuertes de la economía, lo que redundaría en detrimento de los derechos laborales, o por al ajuste en el costo de los insumos energéticos, que a su vez permitan su adecuado desarrollo. Quizás una solución posible y a discutir sea plantear la participación de los trabajadores en la renta de los esquemas de producción. Se evitarían cuellos de botella futuros en la puja renta-salarios si se logran los acuerdos en donde todas las partes puedan participar, esto es, empresarios y trabajadores.

Ajustes de tarifas y fuga de capitales

Este enfoque en relación a qué factor de los costos de productividad se debe modificar para el sostén de la rentabilidad empresaria se plasmó y diferenció visiblemente en los gobiernos del 2003 a 2015 – con gobierno peronista -, y el por el otro lado, el modelo que se implementó desde fines de 2015 a 2019, durante el que gobernó la derecha conservadora que reavivó las políticas implementadas por el Consenso de Washington bajos las alas financieras del FMI, el Banco Mundial y la Corporación financiera global.

Del 2003 al 2015, la rentabilidad empresaria estaba estructurada entre tantos otros factores, porque las facturas de los servicios energéticos representaban entre el 15 y el 20% de los costos de producción, salarios indirectos en su conjunto y crecimiento de la demanda de bienes y servicios.

Por el otro lado, desde 2015 al 2019, durante el gobierno de Macri, se modificó esta ecuación y se aplicó un esquema de quitas de subsidios y redireccionamiento de los mismos a los sectores bancarios y energéticos. Esto implicó aumentos tarifarios en las facturas de gas y electricidad que rondaron los 3500% en el primero y 2500% en el segundo para la mayoría de los sectores consumidores tanto residenciales, comerciales e industriales, que, sumados a una política financiera de fuga de capitales, con una devaluación del 600%, generó que la rentabilidad de las grandes empresas tuviera que darse indefectiblemente por la baja de salarios, cierre de miles de Pymes que conformaban entramados productivos y despido de miles de trabajadores.

Aranguren fue el ideólogo y ejecutor de las bases para la quita de subsidios sobre los costos de producción de la electricidad y su posterior traslado a tarifas y aumento del precio del gas en boca de pozo. (PIST), llevándolo a u$s 7.5 el Mbtu. Así, el gobierno anterior generó el combo perfecto para el derrumbe total de los factores de la economía, siempre en detrimento del sector productivo y asalariado.

Fuente: Cammesa 

 En el gráfico se observa de manera clara cómo a partir de diciembre de 2015, el gobierno anterior aumentó el costo de generación del MW/h en la Argentina llevándolo de $ 600 el MWh a $ 2700 en julio de 2018 (con un dólar a tipo de cambio mayorista de $30). En 2019 con un tipo de cambio de $ 63 por dólar, el costo del MWh en Argentina cerró en los $ 3.400.

Superpuesto a los aumentos en los costos de los servicios energéticos, paralelamente y en sintonía, se da una baja en la demanda de la Gran Industria de nuestro país, como se detalla en el gráfico  siguiente.  Esta disminución en el consumo de electricidad industrial se suma a otros factores, como la política de apertura de importaciones y el aumento de costos financieros. 

Un ejemplo claro de los efectos de este conjunto de políticas económicas se da en la industria del calzado donde, por ejemplo, la empresa multinacional Adidas cambió su política comercial para la Argentina con el objetivo de mantener y aumentar su rentabilidad, importando el calzado que se producía con Pymes argentinas, llevando al cierre y al despido de gran parte de la industria local y, por ende, dejando de consumir servicios energéticos.

En el gráfico siguiente se puede observar la relación de la demanda de energía eléctrica con caídas interanuales del Producto Bruto Interno superiores a las de la crisis económica del 2001 o la del 2009, provocada por la ruptura financiera global producto de la caída del gigante financiero Leman Brothers.

Fuente: Cammesa 

Ahora bien, esta discusión en torno al reacomodamiento de los costos de producción se da en el marco geopolítico del desarrollo tecnológico a gran escala del GNL (gas natural licuado). Se trata de la conversión del gas natural en una sustancia líquida a una temperatura de -160 grados, la posibilidad de su almacenamiento en grandes volúmenes y transporte en Buques Panamax de gran porte que pueden hacer llegar el gas natural donde antes no era viable su consumo.

A su vez, los Estados Unidos han modificado su matriz energética con el desarrollo de su gas no convencional, provocando una reducción importante en sus costos de producción. Por el otro lado nos encontramos con la demanda de gas natural de la República Popular de China, que viene convirtiendo su matriz energética, pasando de grandes consumos de carbón al gas natural. Para eso, China necesita abastecer su demanda creciente, en el orden promedio del 8-9% interanual, con una producción interna de solo el 43% del gas natural que consume. Si bien estima que llegaría al 60% en 2040, esto implica que, aun aumentando su producción interna, deberá seguir dependiendo de oferta de gas natural de otros países que tengan capacidad de abastecerlo. Por eso Rusia viene invirtiendo fuertemente a través de sus empresas estatales en el desarrollo del GNL (gas natural licuado), con el objetivo de hacer productivas las cuencas hidrocarburíferas ubicadas en el Ártico y así poder abastecer de gas natural a Europa y a la República Popular de China.

De esta discusión energética geopolítica la Argentina no podrá estar aislada. Para eso son fundamentales las políticas energéticas que se puedan implementar con visión de mediano y largo plazo, y que escapen de la discusión a la que nos quieren llevar, sobre todo, los sectores del rubro energético más concentrado, que insisten en que para que haya inversión para el aumento de la producción y buen servicio de electricidad y gas debe haber tarifas que las justifiquen.

Evidentemente, durante los últimos cuatro años del gobierno anterior dichos sectores han tenido los mayores aumentos tarifarios a usuarios finales en su conjunto, aumentos del gas en boca de pozo y subsidios directos a los productores (en este caso no reprochables por los medios de comunicación) sin poder vislumbrar grandes inversiones, mejoras ni aumentos de producción en los servicios energéticos.

Repensar un nuevo entramado productivo para nuestro país deberá indudablemente, repensar una nueva política energética global, con nuevas regulaciones.

* Ex Director del Ente Regulador de electricidad, Ex Gerente General de CAMMESA, Participe de la Nacionalización de YPF y Ex Director de Legales de IEASA.