La última semana, al igual que como sucedió ya en varias ocasiones, fue Sergio Massa quien debió enderezar los carriles y eliminar del proyecto preparado por el Poder Ejecutivo la modificación del impuesto sobre los bienes personales que afectaban a los plazos fijos.

El proyecto original preparado por el Poder Ejecutivo y remitido para tratamiento al Congreso preveía bajo el artículo 3 aplicar un requisito temporal para mantener la exención de los plazos fijos en el impuesto sobre los bienes personales. En este sentido se preveía una cláusula anti elusión disponiendo que no pagarían el impuesto únicamente los plazos fijos que se mantuvieran como mínimo un 75% del año (esto es 274 días del año).

Dicha norma, fue duramente criticada en el ámbito del poder legislativo donde se escucharon manifestaciones tales como: "Tienen que enseñarle a los técnicos de Hacienda a hacer las cláusulas anti elusión". En ese contexto, el equipo de asesores de Massa, tal como sucedió con el monotributo, tuvo que salir en tiempo record a corregir esta norma que no se condice con los lineamientos ni la intención de fomentar el ahorro en moneda local.

Fue así que entre el presidente de la Cámara de Diputados, el ministro de Economía, el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos llegaron a un entendimiento y acordaron junto con los presidentes de otros bloques dar marcha atrás con ese artículo del proyecto de ley, de manera que los plazos fijos seguirían exentos en el impuesto sobre los bienes personales sin ningún tipo de limitación temporal.

El resto de los alivios fiscales previstos el proyecto, tales como la exención en el impuesto a las ganancias para los intereses de ciertos plazos fijos, la exención en bienes personales para las obligaciones negociables emitidas en moneda nacional y en otros instrumentos, incluidos fondos comunes de inversión, se mantuvieron en el proyecto.

¿Quién diseña la política tributaria del país?

Mas allá de los cambios de criterios que puedan tener los funcionarios públicos, parece que por un lado el Congreso no está dispuesto a sancionar Proyectos del Ejecutivo que no se condicen con lineamientos tributarios acordes a las condiciones y situación del país, y por el otro, el Presidente la Nación encuentra mayor recepción de sus lineamientos en personas externas al Poder Ejecutivo.

Esta no es la primera vez que los asesores de Massa deben modificar lineamientos tributarios propuestos por el Poder Ejecutivo. Un ejemplo claro y reciente fue la discusión generada por la pretensión de cobro retroactivo de diferencias a los monotributistas. Nuevamente, ni desde el punto de vista técnico tributario ni del contexto era una propuesta adecuada ni oportuna. En aquella ocasión, y al momento de procurar una solución, fue también el presidente de la Cámara Baja el convocado de urgencia por el Presidente de la Nación para diseñar una solución a un problema que había sido creado por el mismo Poder Ejecutivo.

Estos acontecimientos parecen denotar que la política tributaria se entiende mejor entre las paredes de la Cámara de Diputados que dentro del Poder Ejecutivo Nacional.

Consideraciones finales

El diálogo es fundamental en una gestión de gobierno, y la comunicación y articulación entre el Poder Ejecutivo (Secretaría de Política Tributaria, Subsecretaría de Ingresos Públicos, AFIP) y el Poder Legislativo es esencial para superar los desafíos que hoy enfrenta el país.

Estos cambios y desajustes que denotan las modificaciones al proyecto del Poder Ejecutivo conllevan incertidumbre en la comunicación de la política tributaria. Parecería que seguimos efectuando adecuaciones normativas tendientes a cubrir la falta de caja mas que a un diseño normativo pensado respecto de lo que buscamos como país y de los medios para lograrlo.

El país requiere de un diseño de una política tributaria clara y un horizonte hacia donde dirigir las medidas de gobierno. Parecería que los funcionarios encargados de delinear esa política tributaria del país no logran plasmar ni implementar las ideas del Presidente, quien debe acudir al presidente de la Cámara de Diputados y sus asesores tributarios, quienes mantendrían un mejor entendimiento y poder de gestión en la implementación de esos lineamientos.

* Contador Público, ex Auditor Interno del Tribunal Fiscal de la Nación.