En la Ciudad de Buenos Aires el ochenta por ciento de denuncias por abuso infantil son hechas luego de una clase de Educación Sexual Integral (ESI) sumando hasta 4 denuncias por día según datos de enero de este año. Esta estadística surge de un informe realizado por el Ministerio Público Tutelar (MPT) a comienzos de 2020 en base de testimonios por parte de los mismos niños y niñas. 

Éstas cifras no solamente son alarmante por el hecho que el aislamiento preventivo y obligatorio impuesto a comienzos de este año obligó a las víctimas a estar encerradas con sus agresores, siendo estos en un ochenta por ciento provenientes del entorno intrafamiliar, sino que adicionalmente pone en evidencia lo vital e importante que es la necesidad de reforzar e implementar seriamente y de manera urgente, los contenidos estipulados en la Ley 26.150 (de Educación Sexual Integral). 

Su objetivo: que todos los niños, niñas y adolescentes reciban información científicamente validada acerca del derecho a ejercer una vida saludable e igualitaria en todos los niveles de escolaridad, ya sea en el ciclo inicial, primario, secundario y terciario. Su postergación puede tener consecuencias graves e irreversibles como la no detección de abusos previamente mencionados, el atropello de derechos fundamentales para el desarrollo de una vida libre de violencias y la falta de conocimiento acerca de métodos anticonceptivos que pueden derivar en embarazos no intencionales que terminan incidiendo de manera negativa en la  trayectoria socioeconómica y educativa de las personas.

En este sentido, la ESI no solo busca brindar conocimientos de cómo ejercer una salud sexual y reproductiva placentera y responsable, sino que también busca prevenir embarazos no intencionales e infecciones de transmisión sexual para prevenir la necesidad de tener que acceder a una posible interrupción legal del embarazo (ILE). Si bien ésta se encuentra reglamentada por causales en nuestro Código Penal desde 1921, falta trabajar sobre la estigmatización que las mujeres y personas gestantes padecen hasta el día de hoy al tomar este tipo de decisiones. La obstaculización y discriminación en los centros de atención sanitaria sigue siendo una realidad que puede derivar en la realización de prácticas inseguras y clandestinas siendo la primer causa de mortalidad materna los embarazos terminados en abortos. 

Como ya mencionamos, uno de los principales objetivos de la Educación Sexual Integral es promover el acceso a la información para que todos y a todas puedan tomar decisiones conscientes y críticas en relación al cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, siendo conscientes de sus derechos y pudiendo contar con las herramientas necesarias para pedir ayuda y contención en caso de ser necesario. 

Desde la última reforma constitucional en 1994 se integraron diversos tratados internacionales de protección de derechos humanos con jerarquía constitucional a nuestra Constitución Nacional en los cuales se reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho con autonomía progresiva entendiendo que todos los derechos humanos deben ser reconocidos, respetados y garantizados, sin estar condicionados a su edad. Esto quiere decir que el Estado cuenta desde el año 2006 con la Ley de Educación Sexual Integral como herramienta por excelencia para poder brindarles conocimiento acerca de cuáles son estos derechos, de cómo exigirlos y también ejercerlos. 

Pero con esto no alcanza. Se requiere del compromiso activo, y de un trabajo articulado, entre las instituciones educativas, las familias, centros de salud y organizaciones sociales para asegurar la llegada de estos contenidos. El artículo 5 de la ESI establece que cada comunidad educativa podrá adaptar “[...] las propuestas (de los contenidos curriculares) a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros” teniendo como consecuencia de que esta arbitrariedad pueda ser usada como excusa por parte de ciertos sectores conservadores y religiosos como motivo para  deslegitimar y desconocer los derechos conquistados bajo el precepto de “#ConMisHijosNoTeMetas”. Este tipo de cuestionamientos constitiuye una violación de derechos. Buscan privar a niños, niñas y adolescentes del acceso a la ESI con la excusa de que “la educación empieza por casa”, y si bien, la transmisión de valores en el seno familiar es una realidad legítima, no puede ser un argumento excluyente para negarles sus derechos, y en consecuencia los contenidos curriculares de la ESI que fueron consensuados por el Consejo Federal de Educación. La perspectiva de género y de la diversidad debe estár presente de manera transversal para que cada persona pueda transitar su proyecto de vida libre de estigmas y discriminación fomentando una convivencia plural y en condiciones de equidad más allá de su identidad de género, orientación sexual y expresión de género.

Las Pruebas Aprender del año 2018 verifican la falta de cumplimiento: si bien el 98% de los directivos asegura que se abordan contenidos de ESI en la escuela, solo alrededor del 20% de l@s estudiantes encuestados manifiestan que se brinda información acerca de nuevas formas de masculinidad y femineidad en un marco de igualdad de género. Adicionalmente solo la mitad de ell@s confirman haber recibido información sobre métodos de prevención del embarazo y enfermedades de transmisión sexual y menos del 35% sobre cómo evitar el abuso sexual. 

Brindar contenidos como la ESI, democratizando el acceso a la información científicamente validada, es una tarea del Estado cuya responsabilidad también es garantizar su cumplimiento efectivo. La ESI es un derecho de todos y todas, pero sobre todo es una herramienta fundamental para que podamos vivir en una sociedad en la cual primen los valores del respeto y la igualdad de trato, la convivencia en la diversidad promoviendo los derechos de la salud integral de los niños, niñas y adolescentes. No son solamente nuestros reclamos, también son los de ell@s. No seamos indiferentes frente a las demandas y necesidades de las infancias y juventudes. Escuchémoslas. 

* Defensora Adjunta del Pueblo de CABA