Los amargos reproches de Cristina Fernández de Kirchner contra su propio Gobierno mantuvieron entretenido durante toda la semana al círculo rojo, pero están preñados de preguntas mucho más trascendentes que el tironeo mezquino entre intendentes y organizaciones sociales por los programas de empleo o el reparto de culpas por el vacío de las arcas del Banco Central. Son interrogantes que la vicepresidenta planteó apenas de modo lateral y que no solo proyectan su sombra sobre las próximas elecciones sino también sobre el porvenir de las dos fuerzas que se repartieron el poder después del estallido social del 2001-2002. Preguntas existenciales para un estatalismo nostálgico que parece ignorar dos datos clave: los cambios estructurales del país y el mundo en esas dos décadas y el empoderamiento de una élite económica que logró independizarse de sus compatriotas a caballo de sus entramados offshore y su integración con el capital trasnacional.

La idea de que el Estado debe equilibrar la cancha entre débiles y poderosos es una marca de origen del primer peronismo que el kirchnerismo reeditó con éxito después del paro cardíaco que sufrió la democracia con los 39 muertos de la represión delarruista y los dos que sumó Eduardo Duhalde en Puente Pueyrredón. El primero y el segundo kirchnerismo, diría Matías Kulfas, trabajaron metódicamente para reconstruir esa autoridad en términos simbólicos y materiales. Lo que no lograron es evitar que ese rol de réferi sea ejercido por un Estado "estúpido", como definió el lunes la vicepresidenta. Una tara que trajo aparejada su jibarización deliberada durante los años 90 pero a la que tampoco ayudó que el Estado se mintiera a sí mismo desde el INDEC.

¿Puede exigírsele a este Estado que ofrezca trabajo de verdad, como dijo Cristina, a los nueve millones de argentinos sin empleo formal que se anotaron primero para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y ahora el refuerzo de $18.000? ¿Por qué no lo había conseguido en 2015, cuando solo había 220 mil beneficiarios de planes sociales pero casi cuatro millones de informales y una crisis cambiaria latente? ¿Le alcanza para garantizar un salario universal como el que reclama Juan Grabois, sin romper las ataduras que impone el acuerdo con el Fondo Monetario suscripto por esta misma gestión? ¿Es capaz al menos de tapar los huecos por los cuales los privados se llevan dólares al precio oficial comprando aviones privados, pagando primas de seguro al exterior o acumulando stocks para aprovechar una brecha cambiaria del 80%? ¿Cuánto de esa impotencia estructural se explica por los funcionarios que no funcionan y cuánto por el reformateo histórico que impusieron primero la dictadura y después el menemismo?

Son preguntas que ya se planteaba el sociólogo Juan Carlos Portantiero en 1977, como recuerda el ensayista Fernando Rosso en su recién editado La hegemonía imposible. "Pedirle al Estado argentino que con sus propios recursos reordene desde arriba a la sociedad es pedirle algo que está más allá de sus capacidades. Su intervencionismo a menudo obsesivo nunca puede llegar más allá de un complicado engranaje de reglamentos, mecanismo defensivo con el que busca constreñir a la sociedad civil pero solo logra irritarla".

El "1 a 1" de CFK

Esa limitación para trazar una tangente y ofrecer un horizonte alternativo al ajuste eterno explica en buena medida la encerrona política del Frente de Todos. Para alinear al peronismo detrás de su proyecto de repliegue a la provincia de Buenos Aires, la dueña indiscutida de la mayoría de los votos de ese espacio se ve obligada a idealizar su gestión al punto de reivindicar sus aspectos menos reivindicables. Por ejemplo, la regla del "1 a 1" con la que Guillermo Moreno procuraba cuidar los dólares durante su última gestión: una disparatada balanza de pagos por empresa que permitió al licenciatario local de Porsche seguir usando dólares oficiales para traer vehículos de lujo porque a la vez declaraba exportar vinos de alta gama. Una regla que no evitó que los U$S 12 mil millones de superávit comercial de 2012 se convirtieran en un déficit de casi U$S 3.500 millones en 2015.

No es que toda intervención estatal sobre el comercio exterior esté condenada al fracaso en el capitalismo del siglo XXI. La revista conservadora inglesa The Economist, por ejemplo, indagó esta semana sobre por qué la mayoría de los países del Sudeste asiático no experimentaron saltos inflacionarios como los de Occidente en el último trimestre. El caso extremo es Malasia, que ni siquiera experimentó una leve suba en su Índice de Precios al Consumidor. Es una región de estados fuertes: apenas empezó la guerra, Malasia prohibió toda exportación aceite de palma y carne aviar.

Reglas como la de Moreno, sin embargo, no tuvieron tanto éxito. Aunque Cristina destacó el nicho exportador de pescados y mariscos que encontró Newsan, de Rubén Cherñajovsky, cuando esa regulación la obligó a "autofinanciar" sus importaciones de piezas para los electrónicos que ensambla en Tierra del Fuego, lo que proliferó a caballo de esa norma fue la compra de cupos exportadores ajenos para presentar ante Moreno y así acceder a los dólares oficiales para importar. Y no solo eso: la propia Newsan empezó por exportar una mezcla de soja y picado de maíz que registraba como alimento balanceado para tilapias porque ese pez es el único ser vivo capaz de digerir una mezcla con esas proporciones. Lo mismo empezó a exportar por esos años la canadiense Finning, licenciataria de los tractores Caterpillar, porque si registraba sus embarques como "alimento balanceado" pagaba 12 puntos menos de retenciones que la exportación de harina de soja. Cuando se equipararon los aranceles y derechos de ambos rubros del nomenclador, las tilapias perdieron el apetito: su alimento balanceado no se vendió más.

Ahora que los dólares vuelven a escasear, va a haber que volver a retacearlos. Pero la discrecionalidad, además de ineficiencias, suele ser un imán para la corrupción y los negocios espurios. Lo saben los jueces del fuero Contencioso Administrativo, donde a nadie le niegan un amparo para poder importar al dólar oficial. Las malas lenguas hablan de retornos del 2% para los magistrados más expeditivos. Un montón.

Quizá para combatir esos vicios desde adentro haya querido desembarcar en la Aduana Guillermo Michel, el hombre que Sergio Massa consiguió hacer nombrar allí después de amenazar con irse del Frente. A Massa le ofrecieron primero nombrarlo en la Secretaría de Industria, en lugar de Ariel Schale. Su designación incluso llegó a redactarse. Pero Michel terminó en la Aduana por decisión propia y no porque haya salvado a Schale su padrino Teddy Karagozian, devaluado en su influencia sobre el oficialismo. La razón fue metálica: "Los permisos de importación los otorga Industria, es verdad, pero los fierros están en la Aduana", le dijo a su jefe.

Autopistas y granos

Son debilidades estructurales del Estado, tal como acaba de establecer una investigación conjunta del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) rosarino y la revista Crisis, que estimaron que solo por los embarques de aceite de soja que registraron por anticipado el día de la invasión a Ucrania, las grandes cerealeras embolsaron una diferencia de más de USD 200 millones. Consecuencias del régimen de Declaraciones Juradas de Valores de Exportación (DJVE), una rémora de la dictadura que nadie se ocupó de desmantelar.

Es lo mismo que le advirtió Mercedes Marcó del Pont a Miguel Pesce en una reunión donde también estaba el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, pocas semanas atrás. "Se nos escaparon 800 millones por el trigo", dijo la jefa de la AFIP. "Pero fueron para los productores. Eso nos sirve políticamente", replicó Domínguez.

Taras de un Estado estúpido que no puede medirse con el lobby canadiense en favor de Finning-Caterpillar o con capitalistas de la talla de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y zar de las autopistas en España y Argentina. En octubre de 2020, plena pandemia, Pérez visitó la residencia del embajador Ricardo Alfonsín para interiorizarse sobre el juicio contra Guillermo Dietrich y Javier Iguacel por la escandalosa prórroga sin licitación de las concesiones de la Panamericana y el Acceso Oeste hasta 2030. Llevó hasta camisetas del Real con los nombres de los diplomáticos. Lo preocupaba que Alberto Fernández reestatizara esos corredores.

Casi dos años después, Pérez sigue cobrando el peaje. Los borradores del decreto y la acción de lesividad que tiene que presentar el Ejecutivo en la Cámara en lo Contencioso Administrativo para revertir la graciosa concesión de Dietrich al viejo amigo madrileño de Mauricio Macri todavía son revisados por la Procuración del Tesoro y la Secretaría Legal y Técnica. Una repartición administrada por el kirchnerista Carlos Zannini y otra por la albertista Vilma Ibarra. ¿Dos funcionarios que no funcionan, un Estado que no estatiza o las dos cosas?

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Alejandro Bercovich

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