En secreto, el martes, Sergio Massa recibió de manos de Martín Guzmán el primer borrador del Presupuesto 2022, una hoja de ruta decisiva que el Frente de Todos prefiere discutir en público recién después de las PASO. Fue en una cena cordial, por momentos incluso divertida, donde el jefe de la Cámara de Diputados no parecía el mismo que en las mesas chicas del poder da por terminados los días de Guzmán al frente del Ministerio de Economía inmediatamente después de las elecciones de noviembre.

El rompehielos fue Sergio Chodos, amigo de ambos y lubricante social de un ministro laureado como académico en La Plata y en Columbia pero virgen hasta hace dos años en las aguas traicioneras de la política. El representante argentino ante el Fondo Monetario, eslabón perdido entre el peronismo pícaro de Victoria Tolosa Paz y los lobos de Wall Street, no solo se encargó de elegir el vino. También repasó sus últimos contactos con el staff del FMI, que supervisó puntillosamente la redacción del proyecto de Presupuesto pese a que aún no hay firmado acuerdo alguno.

El proyecto, que circuló ayer también por Whatsapp entre otros miembros del equipo económico, estima que 2021 va a cerrar con una inflación (punta a punta) del 42,4%, muy superior al 29% que había proyectado Guzmán en septiembre del año pasado pero muy inferior al 51,8% interanual que marcó el INDEC el mes pasado. Para que esa meta se cumpla, el costo de vida no solo tiene que dejar de crecer por encima del 3% mensual como lo hizo en los últimos nueve meses, un maleficio que el propio ministro ya anticipó que consiguió quebrar en agosto. Debería mantenerse por debajo del 2,5% mensual durante los restantes cuatro meses del año.

Es precisamente lo que le exigieron Massa y Máximo Kirchner a Guzmán: que para las elecciones de noviembre, la inflación afloje como sea. La coordinación de la que adolece al Frente de Todos en lo político apareció, a los ponchazos, en lo macroeconómico: Miguel Pesce acumuló reservas suficientes para mantener planchado el dólar oficial gracias a la disparada de la soja, Federico Basualdo ancló las tarifas después de torcerle el brazo a Guzmán y Axel Kicillof reabrió las compuertas del gasto tras el súbito ajuste fiscal que impuso Economía entre octubre y abril. Ante la magnitud de la crisis, el 14 de noviembre luce efímero como horizonte. Pero es el que tiene hoy la política económica.

Para 2022, el proyecto plantea como objetivo una inflación del 34% y un dólar oficial promedio de 135 pesos. Es decir, descarta una devaluación postelectoral y se propone mantener tipo de cambio real en el nivel que tendrá a fin de año. Para eso es indispensable refinanciar los vencimientos con el FMI heredados de la gestión de Mauricio Macri: el primero es un pago de intereses por U$S 370 millones en febrero y el segundo uno de capital por U$S 3.590 millones de marzo. En total, solo en 2022 y solo con el Fondo, vence la friolera de U$S 18.000 millones más punitorios. 

La letra chica

Si fuera por él, Alberto Fernández ya habría firmado el acuerdo que le propuso Massa al volver de su gira por Estados Unidos a fines de junio, tal como se publicó en esta columna el 19 de agosto. Pero se cuadró cuando Cristina Kirchner le pidió un intento más para obtener un plazo mayor a los 10 años donde se planta Kristalina Georgieva. “Yo quiero acordar con el Fondo, pero tampoco quiero que en tres años estemos en la misma situación que ahora. Lo de la sobretasa se va a arreglar. El plazo parece más difícil pero estamos buscando alternativas”, le contó el Presidente anteayer en Casa Rosada al CEO de la semillera Syngenta, Antonio Aracre.

Una de esas alternativas es la que proponen economistas que orbitan en torno a Máximo y a Cristina Kirchner: que el plazo de 10 años del Acuerdo de Facilidades Extendidas empiece a correr recién cuando se recupere el nivel de actividad económica de junio de 2018, cuando Christine Lagarde aterrizó como bombera del incendio de Luis Caputo y Federico Sturzenegger y terminó por avivar las llamas. La otra, también hasta ahora inexplorada, procura sintonizar con el Green New Deal de los demócratas estadounidenses y la esbozó al pasar el propio Fernández en el reportaje que concedió a Radio 10 el viernes pasado: “Cuando hablamos de la necesidad de avanzar hacia energías renovables, yo planteé que a países endeudados como la Argentina, en vez de darles dinero, les den tiempo. Y cuando ganás tiempo, es dinero que dejás de pagar y que podés invertir en cambiar la matriz energética”.

Es una reedición del “canje de deuda por acción climática” que el Presidente ya había propuesto en abril a Biden y a su asesor especial sobre clima, John Kerry, y que no parecía haber movido el mercurio del termómetro. Una apuesta arriesgada a un súbito arranque ecologista de Kristalina Georgieva y sus hombres de negro, pero que Guzmán alentó sorpresivamente en la reunión de anteayer con los ejecutivos de Syngenta. En su propio celular, el ministro mostró un mensaje de Georgieva que decía que estaba “intentando incorporar” esa perspectiva al acuerdo.

Para que el Fondo firme, de todos modos, el Gobierno sabe que deberá aceptar su supervisión y un ajuste fiscal en cuotas. Eso exigirá, por ejemplo, que no aumente la cuenta de subsidios a la energía, que subió del 1,1% del PBI en 2019 al 2% del PBI este año según los cálculos del especialista Nicolás Arceo, antiguo referente sectorial de Kicillof. Para eso, según publicó el portal Econojournal, las tarifas de gas y electricidad deberían aumentar un 45% promedio a comienzos del año próximo y las naftas un 15% entre diciembre de 2021 y enero de 2022. Todo un desafío a la pauta inflacionaria del 34% del proyecto de Presupuesto y a la paciencia de una población empobrecida, hastiada por la pandemia y furiosa ante una campaña que habla de todo menos de sus problemas.

Ombú y bonsai

¿Quedará margen después de las elecciones para un despliegue de medidas así de impopulares? La clave está en la palabra “promedio” y la sostenibilidad política, diría Guzmán, la determinará la eficacia oficial a la hora de la sintonía fina, algo que hasta ahora no apareció. El propio Arceo, en una presentación virtual que hizo esta semana ante el Club del Petróleo, dijo que “la estabilización de la macroeconomía local y la segmentación tarifaria resultarán determinantes en la evolución del sector en el corto plazo”. Justo lo que llevó a Guzmán a pelearse (y perder) con Basualdo, que esta semana terminó de barrer con todos los funcionarios que no le respondían en la administración estatal del mundo eléctrico.

No es un problema exclusivo del área energética. El plan “Te Sumo”, que el Gobierno lanzó un mes atrás para promover la inserción laboral de jóvenes de 18 a 24 años en Pymes de todo el país con rebajas de aportes patronales y hasta el pago parcial de sus sueldos, apenas sumó a 200 empresas y a poco más de 15.000 jóvenes hasta la semana pasada. Otra vez, resultados bonsai para anuncios ombú. El Ministerio de Mujeres y Géneros tampoco consiguió poner en marcha el plan Acompañar, un subsidio para víctimas de violencia de género. Por eso, hasta agosto inclusive, no ejecutó ni el 40% de su presupuesto 2021.

Quizá eso explique el giro defensivo de la campaña oficialista, que llegó a su paroxismo en el corto proselitista que lanzó el PJ mendocino esta semana. Ahí la senadora Anabel Fernández Sagasti, que va por la reelección, admite con crudeza: “Es cierto. Las cosas no salieron como esperábamos”. Y no alude solo a la pandemia. También al “trabajo” y a “los precios”, dos responsabilidades que el kirchnerismo asigna a los albertistas Claudio Moroni y Guzmán. 

Como los intendentes PRO del conurbano bonaerense con Macri, Fernández Sagasti admite en privado que mentar a Alberto en su provincia resta más votos de los que suma. El sábado pasado, en el acto que organizó para que se luciera el ministro de Economía, la senadora esperaba cerca de un millar de militantes. Fue menos de la tercera parte.

Era un día de sol, precioso, así que ni siquiera servían las excusas meteorológicas con las que se autoconsolaba Macri por sus tribunas raleadas. La apatía es desoladora y el desdén también se percibe dentro del oficialismo, tanto en la gestión como en la campaña. Solo logra disimularlo la crisis política de la oposición, jaqueada por el ascenso de neoconservadores como Javier Milei y José Luis Espert. ¿Alcanzará?

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