La semana pasada el Ministerio de Economía envío al Congreso de la Nación el proyecto de ley de lo que constituirá el Presupuesto Nacional para el ejercicio 2021.

Según se desprende del mismo, la economía nacional tendrá una recuperación del 5,5% con una inflación hacia fin de año estimada en el orden del 29%, con un dólar oficial que se pronostica de $102,40 en diciembre 2021 y un déficit presupuestario primario del 4,5% del PBI y total del 6%.

Si bien el proyecto de ley establece que el presupuesto pretende presentar una fundamentación macroeconómica realista y prudente, las primeras observaciones de los analistas económicos destacan que tanto las proyecciones de inflación como de tipo de cambios, parecen severamente subestimadas.

En primer lugar, se destaca que la recuperación económica que se registrará durante el año 2021 estará determinada por (i) el nivel de capacidad ociosa del sector privado y (ii) la capacidad de generar certidumbre alentando de esta forma la inversión de las empresas privadas y el consumo particular.

Entre otros aspectos, se destaca la intención de generar un sesgo expansivo en la política económica para motorizar la economía, lo cual supone un piso elevado para el gasto público y un techo bajo para lograr financiamiento en el corto plazo.

En ese contexto, irrumpe la política fiscal trazada por el gobierno nacional, la cual consistirá en incrementar los recursos tributarios. En efecto, frente a las fuertes restricciones de financiamiento al sector público, la inestabilidad financiera y inflación estructural, se produce la tormenta perfecta para que la clave pase por pensar en aumentar aún más la presión fiscal.

De hecho, se reconoce que durante los años que van desde el 2016 al 2019 se produjo un fuerte proceso de desfinanciamiento del sector público provocado por una significativa baja de la carga tributaria sobre las empresas que, según el Gobierno, constituyen los sectores de mayor capacidad contributiva.

Impulsado por tal ideología, el Gobierno Nacional se propone revertir dicho proceso y para ello comenzó a rodar las primeras medidas hacia fines del año 2019 las que continuarán en lo que queda del 2020.

En primer lugar, a través de la Ley de Solidaridad, la cual incrementó las alícuotas aplicadas en los derechos a las exportaciones, incrementó el impuesto sobre los bienes personales creando una alícuota en muchos supuestos confiscatoria para los bienes del exterior, la postergación de la reducción del Impuesto a las Ganancias para las Empresas y el diferimiento -hasta el punto de pulverizarlo- de los efectos del ajuste por inflación impositivo.

En segundo lugar, el proyecto del Impuesto a la Riqueza, el cual constituye un complemento “agravado” y “potenciado” del Impuesto sobre los Bienes Personales que establece alícuotas que van desde el 2% al 5,5%, el cual integrado determina alícuotas que trepan del 3% al 8,12%. La voracidad que se pone de manifiesto en este aspecto, nos permite adelantar sin temor a equivocarnos su fragante inconstitucionalidad.

En ese sentido, se eleva como mensaje que el Gobierno Nacional se encuentra trabajando intensivamente en una armonización de la estructura tributaria argentina de manera tal de: (i) consolidar una distribución del ingreso más progresiva; y (ii) alinear los incentivos que el sistema tributario emite al sector privado con foco en la producción nacional, las exportaciones y la generación de empleo.

Frente a ello y lejos de observarse una reducción del gasto público, se advierte un fuerte incremento del mismo lo cual nos permite vaticinar por dónde vendrá el ajuste.

Así, la recaudación de impuestos nacionales y de aportes y contribuciones a la seguridad social se estima que trepará en el año 2021 a los $ 9.297.140,7 millones de pesos, por lo cual será 43,9% superior a la proyectada para el año 2020. La presión tributaria en nuestro país, pasaría de 23,84% del PIB en el año 2020 a 24,81% en el año 2021.

Sin perjuicio de ello y pese a los rumores políticos existentes, el presupuesto reconoce que el desarrollo del sector del conocimiento se ha transformado en los últimos años en una verdadera política de Estado.

Así, propicia como aspecto importante contar con una legislación adecuada que permita llevar adelante una agenda digital y de industria 4.0 para todo el aparato productivo, con especial énfasis en la industria nacional.

En ese contexto, reconoce que Argentina se encuentra rezagada en la carrera tecnológica y por lo tanto corresponde emprender el camino a la revalorización de la política industrial y del Estado como articulador fundamental.

A partir de tales afirmaciones, se incorpora una partida que contempla los beneficios fiscales orientados a la Economía del Conocimiento, la cual se establece para lo que resta del año 2020 en 10.411 millones y 2021 18.373 millones.

Otros ganadores serán las MiPyMEs, las cuales estarán apoyadas para acceder al mercado financiero. Sin embargo, el gran ausente en el presupuesto es la estimación de los beneficios fiscales asociados a la nueva ley de promoción fiscal a este sector que se encuentra en el Congreso Nacional.

Por último, también se señala que la suba estimada en la recaudación nominal se explica por los aumentos proyectados de la actividad económica y el mejor grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias, pero fundado esta última circunstancia en la presión que ejercerá la AFIP y no en el cumplimiento voluntario de los contribuyentes.

* Socio de BDO en Argentina y Especialista en Impuestos