Aunque se empeñan en echarse culpas mutuamente, en el peor momento de su relación y a las puertas de la campaña electoral, el Gobierno y los principales exponentes del establishment empresarial coinciden en algo: ninguno parece capaz de proponerle a la sociedad un horizonte productivo que la entusiasme ni una idea más o menos acabada de cuál puede ser su sustento colectivo dentro de dos décadas, cuando difícilmente se haya terminado de saldar la deuda monstruosa con el Fondo Monetario que dejó como legado Mauricio Macri. Es un empate hegémonico como el que descubrió Juan Carlos Portantiero, donde ninguna fuerza social puede imponer su proyecto a las demás pero sí vetar los ajenos, montado sobre una década de estancamiento. Un empate sin goles.

En la descoordinación pasmosa que atraviesa al Ejecutivo -tal como admiten ya resignados ministros de todas las áreas- conviven dos subtipos de taras para gestionar: las que expresan la incapacidad (o la mera impotencia) del Estado frente a actores privados capaces de desafiarlo y las que surgen de la superposición de dos intereses económicos contrapuestos en la misma coalición política. El ejemplo perfecto de esto último fueron las idas y vueltas con la Hidrovía. Lo primero, en cambio, se atisbó en el conflicto que estalló con MercadoPago por las comisiones que cobra a un millón y medio de comerciantes por gestionarles pagos con tarjeta.

Son problemas de dos épocas distintas. La Hidrovía es el emblema del consenso de las commodities que sostuvieron, mal que mal, todos los gobiernos desde el de Carlos Menem. Algunos actores recorrieron todo ese cuarto de siglo en el poder como el hoy canciller Felipe Solá, introductor de la soja transgénica hace exactamente 25 años, en 1996, como secretario de Agricultura. Todos lo usufructuaron en las urnas: la frontera agropecuaria no paró de avanzar y con ella crecieron la afluencia de divisas y la recaudación. Lo que nadie pensó fue cómo traducir ese crecimiento en desarrollo económico. Cómo hacer que el país dependa menos de la cotización global de esas materias primas.

La multiplicación de los rindes y el avance arrollador de los desmontes exigió también dragar cada vez más el río Paraná, para darles salida a esos millones de toneladas de granos. La salida que eligió el menemismo fue la privatización y el esquema se mantuvo intacto hasta ayer, cuando Alberto Fernández finalmente estampó su firma en el decreto que puso el cobro del peaje del Paraná en manos de la Administración General de Puertos (AGP), al menos durante un año desde el fin de la prórroga por 90 días que le había otorgado en abril al concesionario actual, donde conviven la constructora local EMEPA y la dragadora belga Jan de Nul.

Brechas y narcos

La grieta tapa la discusión más estructural. Los opositores en el Congreso sugirieron que el impulso reestatizador de la vicepresidenta obedecía a que no le perdonaba a Gabriel Romero, el dueño de EMEPA, haber “cantado” en la causa de los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta. Pero en la declaración de Romero ante Claudio Bonadío, más allá de las nulidades que surgieron después en el proceso, no figura Cristina Fernández de Kirchner.

El contratista radical, que tuvo a su mano derecha Rodolfo Poblete preso durante 10 días y que solo logró liberarlo tras declarar como imputado colaborador, dijo haber entregado dinero a Centeno a pedido de Baratta pero aclaró que no le constaba que fuera “para arriba”, como le aseguraba el hombre de Julio De Vido. En otras palabras, dejó abierta la posibilidad de haber sido asaltado por descuidistas. Todo un contraste con, por ejemplo, el lobista en jefe de Techint, Luis Betnaza, quien dijo ¡en público! que la coima había sido para activar gestiones por su filial en Venezuela. 

Hay aspectos de la Hidrovía mucho más interesantes para debatir. Como los que abordaron en un breve informe esta semana los economistas rosarinos del Mirador Argentino del Trabajo y la Economía (MATE), que lidera Sergio Arelovich. “Argentina es uno de los pocos países del mundo en el que el servicio de draga y señalización lo cobra la empresa que presta el servicio a los buques. En los casos de Francia, Japón, Estados Unidos es el estado nacional quien paga a la empresa prestadora, sea privada o estatal, centralizando el precio y garantizando la trazabilidad que queda oculta en el trato directo entre el buque y la prestadora”, reseña el informe.

Los economistas también apuntan al dragado originario, que permitió el mayor incremento del calado de los buques que entran. “Desde la concesión hasta fines de 2001, el estado nacional subsidió a la empresa en casi 280 millones de dólares. Del total de los ingresos obtenidos en el lapso 1995-2001, el 54% provino de tales subsidios”, destacan. Ese contrato es el mismo que fijó el precio de 3,08 dólares por tonelada transportada, al menos un dólar por encima del promedio que se paga en ríos similares del mundo. La fuente de un negocio de 300 millones de dólares anuales.

Lo que hay en juego, sin embargo, es el control, más valioso que el dinero. Los concesionarios salientes aseguran que Guillermo Dietrich tenía armada una licitación a medida de Vicentin, para que ese holding se quedara con la draga del Paraná si era reelecto Macri. Recuerdan la inspección integral que ordenó Macri a la AFIP sobre la Hidrovía S.A.. “Estaba seguro que era un negocio del triple de guita, pero no nos encontró ni un agujero en los balances”, cuchichean.

¿Qué pasará después del año de transición? ¿Cómo resolverá el Gobierno su propio conflicto de intereses interno? Imposible desligarlo del conflicto estructural del peronismo con la conducción política del planeta agropecuario, donde el Consejo Agroalimentario Argentino (CAA) se convirtió en un interlocutor menos incendiario pero a la vez más poderoso que la Mesa de Enlace. Pero además hay temas técnicos. ¿Cómo va a hacer el Estado para cobrar un peaje en dólares y después pagar a los prestadores del servicio también en dólares? ¿A qué dólar va a ser, ya que el control de cambios y la brecha llegaron para quedarse? ¿Cómo va a convencer a los dueños de las dragas de traerlas solo por un año y no por 20 o 25? ¿Le cobrarán más caro?

La geopolítica también juega. Estados Unidos no quiere ni escuchar hablar de contratistas chinos en un nodo de tamaña importancia para la seguridad alimentaria y la provisión de agua dulce. Entre los candidatos está la china CCCC Shanghai Dredging, que podría ofrecer mayores facilidades de financiamiento. Desde Washington advierten que eso podría potenciar el contrabando y el narcotráfico en la región. La experiencia rosarina de los últimos 20 años, indisoluble de la Hidrovía, no es precisamente ejemplar.

 

Plata en cuenta

El conflicto con MercadoPago estalló porque el Banco Central redujo a 8 días hábiles la liquidación de compras con tarjeta de crédito para los micro y pequeños comercios, la mantuvo en 10 días hábiles para los medianos y la subió a 18 días hábiles para los grandes, entre los que ubicó a la app de Marcos Galperin. Pero MercadoPago (MP) dice ser una “agrupadora” y no un comercio ni un “adquirente”. Por eso anunció que subiría sus comisiones a los comercios que usen su plataforma de pagos y quieran el dinero antes de los 18 días.

En los hechos, hasta ahora, MP venía actuando como un mayorista: le vende el servicio a los comercios a las comisiones que quiere (como no hay regulación, puede cobrar 4 o 5% de cada operación si “adelanta” la plata al comerciante) y después le paga al sistema tradicional la comisión de 1,8% que fija como tope el Central para los regulados. Esa comisión de 1,8% se distribuye así: 1,3% para los bancos emisores de la tarjeta y 0,5% para el "adquirente" o procesador de pago, que provee la terminal por el que pasa la tarjeta o se lee el código QR.

La disputa también incluye a los “capturadores de pagos”, las billeteras BNA+, Cuenta DNI, Bimo y MODO, que también compiten con MP por otro segmento del negocio, el que transcurre en el celular de cada usuario. Ahí MP gana por goleada porque empezó antes, logró instalarse y tiene la mejor interfaz por lejos. Lo reconocen funcionarios del mismo Gobierno contra el que el hombre más rico del país está decidido a confrontar a cualquier precio.

¿Da por hecho Galperin que se terminan sus días de “monopolio natural” y por eso se apresta a exprimir el mercado local con comisiones altísimas que muchos ni saben que pagan? ¿Le dobla la apuesta al Central porque confía en que su storytelling filotrumpista anti-estatal calará más hondo que el de Cristina y le permitirá pronto volver a tener funcionarios como Lucas Llach del otro lado del mostrador? ¿Se prepara acaso para un combate más de fondo, impositivo, como el que libra Joe Biden contra Jeff Bezos, el dueño de Amazon y emprendedor modelo que siempre copió? ¿O sabrá que el Central también quiere regular la colocación del “dinero en cuenta”, por el que MercadoPago no paga intereses a sus usuarios pero sí coloca cada día en cuentas corrientes remuneradas al 25% anual en el Santander, el BBVA y el Citi mayorista?

Otra vez, hay que releer a Portantiero. “Pedirle al Estado argentino que con sus propios recursos reordene desde arriba a la sociedad es pedirle algo que está más allá de sus capacidades”, escribía a fines de los años 70. No es que compartiera anteojeras ideológicas con los ultraliberales de moda hoy. Simplemente describía el engendro surgido del medio siglo previo, con sus bandazos siempre refundacionales, desde el primer golpe militar en 1930 hasta sus días.

Esa descripción del Estado es cruda y vale todavía hoy. “Carente de una fuerte organización burocrática dotada de estabilidad y de una eficaz gestión como empresa económica, el aparato estatal no posee una capa de funcionarios autónomos, de ‘policy-makers’, capaz de proponer metas y ejectuar proyectos, de controlar efectivamente a la sociedad, de fundar un Orden Político”.

Ahora es peor. Se sumaron problemas del siglo XXI, como los ambientales en el caso del Paraná y los financieros en el caso de las billeteras electrónicas. El empate amenaza con convertirse en descenso.

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