Vale en estas horas detenerse a examinar algunas aristas del funcionamiento que muestra el mercado laboral, no tanto desde el prisma de las problemáticas sociales implicadas sino desde el punto de vista económico, ya que al tiempo que conocemos que la participación del trabajo asalariado dentro de la distribución funcional del ingreso se encuentra en un piso histórico, ganan espacio en la arena pública ciertas propuestas que, directa o indirectamente, asignan a la fuerza laboral un papel de agente de perturbación o distorsión que conspira contra el mejoramiento del funcionamiento económico.

Dado que el insumo mano de obra es uno de los factores de producción cuya evolución es observable estadísticamente, nos adentramos en el examen de su panorama actual, subrayando algunas aristas vinculadas con las polémicas actuales en torno de sus características y singularidades.

Algunas notas sobre el mercado de trabajo

Hemos mencionado en reiteradas oportunidades que las estadísticas oficiales del mercado de trabajo adolecen de importantes rezagos temporales y de discrepancias en la cobertura poblacional que dificultan su monitoreo y análisis.

Como informes más recientes contamos con los datos referidos a la totalidad de la fuerza de trabajo en 31 aglomeraciones urbanas cubiertas por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec hasta el segundo trimestre de 2021, así como también con los pertinentes al empleo formal para todo el país, Situación y Evolución del Trabajo Registrado del MTEySS, hasta julio del corriente año.

Respecto de la primera fuente se destaca, por un lado, el descenso de la tasa de desocupación1, hasta el 9,6% de la población económicamente activa 2 (PEA). Por otra lado, la persistencia del achicamiento de la PEA, que continúa situada al menos en un punto porcentual por debajo de su promedio histórico, lo que sugiere un retiro del mercado laboral de alrededor de medio millón de personas.

Como dijimos al inicio, desde el punto de vista de la producción, la fuerza de trabajo representa el factor mano de obra, y su ampliación o retracción se correlaciona con el producto potencial de la economía.

Asimismo, sigue siendo alta la proporción de ocupados ausentes (personas con empleo que no trabajan debido a licencias), ya que representan el 4,8% para el trimestre de referencia, cuando el promedio histórico es de alrededor del 2,5% de la población.

Del mismo modo, persiste en niveles elevados la subocupación3, que como porcentaje de la PEA históricamente se ubicaba en niveles similares a los de la tasa de desocupación, pero en la actualidad más que la duplica (17% de la PEA los que están en búsqueda activa, más 5,8% de la PEA no disponibles para trabajar más horas).

Como síntesis general podemos decir que el dato más destacado del mercado de trabajo sigue siendo la subutilización del insumo mano de obra, en la concurrencia de:

  •  el paso de oferentes de fuerza de trabajo a la inactividad económica
  •  los desocupados -activos sin empleo-
  •  los ocupados sin trabajar
  •  los ocupados con cargas horarias insuficientes.

Pasando al reporte del empleo registrado, contabilizando la totalidad de las modalidades, se informan un poco más de 12 millones de personas, un nivel similar al observado ya hacia finales de 2015.

Considerando que por el crecimiento vegetativo de la población en edad de trabajar unas 250.000 personas deberían ingresar en la fuerza laboral cada año, el retraso en la absorción de los oferentes que muestra el mercado formal es dramático.

En la tabla "Trabajadores registrados según modalidad ocupacional principal" se muestran las variaciones respecto del momento de inicio de las dos últimas administraciones gubernamentales.

Es fácil de ver, como lo hemos ido señalando en nuestros artículos, que hay un proceso de destrucción continuo de empleos en las categorías típicas del sector privado (asalariados e independientes autónomos), con un crecimiento relevante de la categoría monotributo (por incentivos a la registración de trabajos prexistentes) y en el sector público.

Sobre este último punto vale hacer ciertas aclaraciones respecto de estudios difundidos en las últimas semanas que sobrestiman desmesuradamente el empleo estatal a partir de 2012.

La falla originaria está en el porqué del crecimiento del empleo público exhibido por los registros, ya que no solo se debe a más puestos de trabajo sino también a la incorporación de informes de las cajas no transferidas al Estado.

Hasta marzo de 2012 solo se contabilizaban los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Desde ese mes se comienzan a incorporar los registros provinciales y municipales y, desde el año siguiente, se suman las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y el Servicio Penitenciario Federal 4.

Tomando como base los registros de finales de 2013, de modo que la serie sea homogénea, lo que se verifica es que los aumentos en las cifras del empleo público quedan correlacionados con el crecimiento vegetativo de la población en edad de Trabajar, pasando de 2,89 millones en diciembre de 2013 a 3,29 millones en julio de 2021. La variación es del 14%, una cifra lejana al 29% que se difundió.

Lo mismo encontramos explorando una serie de datos más extensa obtenida de la EPH Continua. Se observa que las cifras relativas al empleo público en los aglomerados relevados (28 hasta 2006, 31 a posteriori), tienden a ser decrecientes hasta 2008 para luego aumentar al mismo ritmo que la dinámica demográfica, tal como se muestra en el gráfico.

Vale aclarar que, en todas las fuentes estadísticas disponibles, "empleo público" no refiere solo al personal administrativo sino a todos los puestos de trabajo dependientes de alguna entidad estatal como empleadora, por lo que incluye personal de salud, educación, seguridad, Fuerzas Armadas, etcétera.

En un estudio que realizamos en 2016, basado en la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) de 2014 y 2015 y la EPH Continua, ambos relevamientos desarrollados por el Indec, los resultados obtenidos señalaron que el 29% de los empleados públicos está comprendido por trabajadores de la educación (incluyendo todos los niveles), el 16,5% está vinculado con la seguridad o con la defensa, el 13,2% pertenece al sistema de salud pública y el resto está compuesto por los trabajadores de la administración pública, del sistema judicial, de organismos legislativos, del sistema de seguridad social obligatoria, de los servicios públicos, de organismos de control, etcétera.

Esto quiere decir que tres de cada cinco empleos públicos pertenecen a las áreas de educación, salud o seguridad.

El trabajo y la producción deben ser "una identidad"

Es absolutamente cierto que el empleo en el sector privado sufre un largo período de estancamiento y/o involución que urge corregir, pero, al menos en la actual coyuntura, es erróneo atribuir su causalidad al quantum del empleo en el sector público o a la "rigidez" de la legislación laboral.

Elaborar propuestas en orden a dinamizar la demanda y la oferta de mano de obra requiere tener en consideración que el estancamiento que atraviesa el mercado de trabajo privado obedece en mucho menor medida a factores intrínsecos que a los extrínsecos, resultando poco probable que eventuales modificaciones en los regímenes de contrataciones impacten de manera significativa en el empleo, en tanto no se garantice la rentabilidad empresarial y un flujo inversor que cimente la ampliación de la frontera productiva.

Si bien es posible mejorar el aprovechamiento de la capacidad previamente instalada, subsisten severos condicionamientos para su expansión, producto de los desequilibrios (fiscal y externo) macroeconómicos.

La necesidad del establecimiento de un contexto que ponga "en acto" todos los recursos potencialmente disponibles para nuestra economía es imperiosa, pero solo podrá resolverse mediante la puesta en vigor de un Modelo de Desarrollo Económico Permanente y Sustentable (Modepys) con orientación a la producción.

*Guillermo Moreno y Claudio Comari 

MM y Asocidos