La dilación de las negociaciones con el Fondo Monetario hasta después de las elecciones plantea interrogantes cada vez más amargos para el grueso de los votantes y para el empresariado top, que aguardan guiños en distintos sentidos aunque con la misma ansiedad. El frenazo de la industria y la construcción en mayo que confirmó esta semana el INDEC volvió a poner sobre la mesa las limitaciones del rebote ofertista que empezaba a envalentonar al gabinete económico. La ilusión empieza a desvanecerse y la herencia de Mauricio Macri a mostrar su verdadero peso: Argentina es un país que le debe un monto que nunca nadie le adeudó y que nunca nadie alcanzó a ahorrar en 10 años a un organismo financiero multilateral con el que nunca nadie se atrevió a entrar en cesación de pagos y que solo acepta refinanciar esa deuda a 10 años. Hasta que esa neblina no se disipe, la post-pandemia será una deriva incierta.

Un recorrido a vuelo de pájaro por los últimos acuerdos del Fondo (con Honduras, Angola, Sudán, Ruanda y Ecuador, entre otros) alcanza para ver que por más fotos que se haya sacado Kristalina Georgieva con el Papa, su recetario sigue siendo el mismo de Christine Lagarde: ajuste fiscal, recorte de jubilaciones y flexibilización laboral. Lo sabía Alberto Fernández antes de asumir. Probablemente lo repita durante la campaña. Pero lo que importa es lo que vaya a hacer después de noviembre, en un verano que (vacunas mediante) promete combinar el destape social post-COVID con una montaña rusa financiera.

¿Qué pasa si gana el Frente de Todos? ¿Va a ser acaso más firme en la discusión para morigerar el impacto de esos ajuste? ¿O interpretará que el aval de las urnas lo habilita a admitirlos y sacrificar parte de ese apoyo? ¿Y si pierde? ¿Doblará la apuesta como Néstor Kirchner tras el mazazo de Francisco de Narváez en 2009 o adoptará como propio el derrotero que recomiendan en entrevistas concesivas los timoneles del colapso económico de 2019 como Guido Sandleris y Hernán Lacunza?

Al contrario de lo que ocurría dos años atrás, la disyuntiva es confusa y está cruzada por las angustias íntimas y públicas que trajo la pandemia. Eso también empaña el atractivo de las urnas, a las que millones acudieron en 2019 con el entusiasmo de quienes hoy llegan a las postas de vacunación.

Ese contraste con 2019 lo detectó un peronista hiperlúcido que acaba de apostar 100 millones de dólares a un rebote rápido de la economía: José Luis Manzano. En una jugosísima entrevista que le concedió a Diego Genoud en ElDiarioAr, el exministro del Interior y flamante dueño de Edenor sostuvo que la disparada de la desocupación y la pobreza del último año de Macri pudo haber derivado en estallidos como los de Chile y Colombia. “No los tuvimos porque el clima electoral empezó temprano, al principio del año. Todo 2019 la gente fue mordiendo el freno a esperar la elección, y el acto catártico fue la elección, ganar en primera vuelta”, analizó.

Cómo

Dilatar el acuerdo hasta el año que viene le va a costar al Banco Central los 4.500 millones de dólares que el Fondo acaba de asignar a la Argentina como parte de su plan para apoyar la reconstrucción económica post-COVID en todo Occidente, que se van a volver sin escala a Washington para cubrir los vencimientos pendientes de este año. La pregunta entonces, si no tiene previsto patear el tablero, es por qué el Gobierno decidió aplazarlo. Y las respuestas posibles son dos, no mutuamente excluyentes: o el acuerdo lo va a negociar otro equipo económico o el ajuste que exige el Fondo es tan duro que no puede defenderse en una campaña electoral.

Felipe Solá lo conversó dos semanas atrás con su par estadounidense Anthony Blinken en Matera, el pueblo sureño italiano sin el glamour de las góndolas venecianas donde se reunieron los cancilleres del G20 antes de la reunión que empieza hoy de los ministros de Economía. Estaban también los embajadores Jorge Argüello y Roberto Carlés.

El canciller se fue con la certeza de que el cierre del acuerdo va a ser netamente político y que las intervenciones de las potencias no van a ser preanunciadas. “Van a definir al final, y por ahora lo más probable es que definan bien”, transmitió a su regreso. La ficción del debate en el directorio del Fondo choca contra una realidad concreta: para refinanciar una deuda como la Argentina hace falta el 85% de los votos y Washington controla el 16,5%.

A Solá le tocó reencauzar la relación con Estados Unidos después de la comedia de enredos en la que sus propias internas lo metieron al abordar la crisis política en Nicaragua. El 11 de junio lo habia llamado el propio Blinken para pedirle que “considerara seriamente” firmar la condena de la OEA a Daniel Ortega por encarcelar opositores. Él respondió que Argentina no firmaría el texto del Grupo de Lima porque reducía la “capacidad mediadora” del país. El norteamericano ofreció entonces cambiar el texto. Borró un párrafo entero. Pero el embajador ante la OEA, Carlos Raimundi, se abstuvo igual, contra la orden de Solá. Los que vieron la mano de Cristina detrás de la decisión de Raimundi quizá exageran ese vínculo. A veces la descoordinación es solo eso.

Cuando Ortega descartó cualquier mediación, Solá volvió a la carga y retiró al embajador en Managua. Fue un gesto 100% para la reunión con Blinken y con la mira puesta en el Fondo. Pero queda flotando otro interrogante, especial para un 9 de Julio. ¿Qué pedirá Estados Unidos cada vez que haya que prorrogar un vencimiento? ¿Cuánto se acota la autonomía local para fijar la política económica y para elegir aliados en la región y fuera de ella?

Los Fernández, con menos matices de los que se sospecha respecto del Tío Sam, aseguran que no tiene por qué ser demasiado. Que además de las violaciones estatutarias en las que incurrió el Fondo, hay otro argumento para destrabar políticamente una negociación que económicamente no cierra por ningún lado. El argumento de Manzano: esto no es Chile ni Colombia. Tampoco Bolivia, que acaba de denunciar connivencia del macrismo con el golpe de Jeanine Áñez. Es un oasis de paz social en medio de un continente convulsionado como nunca. Y un interlocutor sereno para intervenir en esa tormenta regional.

Quién

Los economistas del Gobierno dan por hecho que el cepo cambiario y la brecha entre el dólar oficial y los paralelos seguirán hasta 2023 e incluso por muchos años más. Pero los que consultan sotto voce los líderes del Frente no están tan de acuerdo. Martín Redrado, por ejemplo, aseguró esta semana que “se puede unificar el tipo de cambio durante este mandato”.

Reconciliado con CFK después de su reunión a solas de fin de año e impulsado por parte del entorno de la vicepresidenta como potencial reemplazo de Guzmán, Redrado se autopromociona como un “mensaje viviente”. Como lo era Héctor Timerman como canciller en tiempos de Cristina: una cara conocida para Washington en un gobierno difícil de digerir.

Otro que sonó mucho como ministeriable a fines de 2019, Emmanuel Álvarez Agis, advirtió ayer que “dada la inflación y las reservas de partida de Argentina, una re-unificación cambiaria que siga las recomendaciones del FMI podría generar un evento donde el remedio sea peor que la enfermedad". Pero coincidió con Redrado en que “las distorsiones que generan la brecha hacen que el actual equilibrio no sea estable” y que por eso “no se puede apostar al statu quo”.

Si hace seis meses Guzmán tenía una multitud de cultores dentro y fuera del Gobierno, hoy le quedan pocos. Hubo reproches de colegas del gabinete porque se fue a Venecia con una delegación de 20 funcionarios, en pleno cierre de aeropuertos y con los vuelos restringidos para evitar la llegada de la variante Delta. Pero no es algo que ocurra solo con destinos soñados como la ciudad de los canales. Cuando fue al Four Seasons porteño a disertar ante el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (CICyP), los organizadores se sorprendieron al verlo llegar con una docena de asistentes. Había pedido que el protocolo COVID fuera muy estricto y se respetara el aforo máximo.

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Alejandro Bercovich

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