Una pareja desprevenida hizo su pedido de entrada en la mesa contigua. Ella, gaseosa. Él, el tinto típico chileno y una porción de la mejor parte de los calamares para ambos. Lejos estaban de meterse en un análisis de las incidencias económicas de las crisis limítrofes que esperan al nuevo gobierno.

La tensión entre PBI e institucionalidad ha sido el eje central del cambio de las decisiones jurisdiccionales en Brasil, del golpe de estado en Bolivia y de la crisis chilena. En los tres casos, obviamente desde este simplificadísimo abordaje, la sociedad no admite que una de esas variables (aumento del PBI o mayor institucionalidad) se imponga por sobre la otra desde una opción binaria.

Los años del crecimiento macroeconómico chileno, aún en la republicana alternancia, no se derramaron en los vastos sectores de muy bajos recursos que impusieron la necesidad de una reforma constitucional, convocada para el año 2020.

En Bolivia, los años del líder cocalero fueron tratados y protegidos por el orden financiero internacional con el manto ideal de una prime rate que daba (y da) envidia a todos los demás países latinoamericanos. Los excesos y desconocimientos de Morales a la voluntad popular de la república plurinacional desembocaron en los sucesos de público conocimiento. Interrupciones injustificadas siempre, lo que no implica que en el centro de las causas se ubique la ceguera de Evo ante el plebiscito y el fraude que no mejoró el apoyo inferior al 40% de la última elección.

Finalmente Bolsonaro descree del sistema judicial brasilero, tanto cuando encarcela como cuando excarcela a Lula. Solo imagina un nivel de desempleo de los niveles de Trump para consolidar su futuro. Acá otra vez, la reflexión entre los eventuales efectos de repetir las PASO y una relación más pareja de representación demostró la madurez que aprendimos a los golpes, como en 2001.

La diferencia entre los millones de votos del Frente de Todos aupada en la crisis económica y herederos indiscutibles del paladín de la redistribución, se consolidó en un 48% que exige efectos, como los que alumbró al peronismo desde su irrupción de facto en la institucionalidad argentina. Pero, asombrosamente recuperada entre las PASO y las elecciones generales, un 41% de la ciudadanía prefirió tolerar la crisis económica y reivindicar el esquema de institucionalidad que Juntos por el Cambio ofrecía desde el ADN de sus socios. El PRO, tan moderno que no sabe de dictaduras, y la UCR que nació como respuesta al fraude institucional del conservadurismo de la época de oro de la "Argentina potencia".

Habíamos tratado en este espacio la cuestión de los temas judiciales del control de la política (armas, prisiones preventivas, etc.). Ahora puede ser que nos abra una oportunidad como país. Es un capital propio, recuperado desde 1983, que las crisis económicas y sociales se resuelvan por los canales institucionales. Macri concluirá su período completo. En el mandato de Alberto Fernández se conmemorarán los 40 años ininterrumpidos de democracia.

El legado de Alfonsín tiene valor económico desde que concebimos la institucionalidad como un factor económico. Digámoslo con fuerza. Las elecciones otorgaron responsabilidades a gobierno y oposición. Hay que mejorar la generación de riqueza y su distribución. Siempre en democracia, para volver a ser un ejemplo para los vecinos y para los demás países y estructuras internacionales que interactúan en la economía global del Siglo XXI.

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