Hubo una mejora muy relevante en el sistema de estadísticas nacionales en el gobierno anterior que fue reconocida y valorada ampliamente. Sin embargo, existen inconsistencias que no son marginales y que deberían atenderse porque del análisis que se haga de los datos se tomarán políticas económicas de diferentes características y magnitudes.

Esas decisiones son de extrema importancia, sobre todo en el escenario actual de caída de la actividad, alta inflación, incremento de la pobreza y de la desigualdad y enorme incertidumbre; fenómenos derivados de la recesión acumulada en los dos últimos años, pero agravados ahora por los perjuicios adicionales provocados por las medidas de resguardo locales e internacionales ante la pandemia. Dichos efectos negativos, por supuesto, serían aun mayores en el caso en que no se aplicaran las políticas restrictivas de la actividad económica por la saturación que la pandemia originaría en el sistema de salud y porque lo más probable sería que una extensión descontrolada de la enfermedad desencadenaría en un parate aun más nocivo, como sucede en Estados Unidos o Europa que llegaron más tarde con medidas paliativas de la propagación del virus.

La última mayor crisis, tanto a nivel local como mundial, sucedió desde el tercer cuatrimestre de 2008 cuando Lehman Brothers, cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos, declaró su quiebra y la debacle se extendió hasta fines de 2009. El PBI global, según el Banco Mundial, registró la mayor caída (-1,68%) en 2009 desde la depresión de los años treinta del siglo pasado. La medición del INDEC, controlado por el gobierno Kirchnerista, había indicado una situación de estancamiento (0,85%), luego de que la economía había crecido de forma consecutiva por seis años y a tasas elevadas. La evidente inconsistencia de muchas de sus estadísticas, especialmente las del Índice de Precios al Consumidor, derivó en una revisión general de las mediciones del organismo y el gobierno de Mauricio Macri reconstruyó series de datos. En particular, recalculó la evolución del PBI para el período 2004-2015 y evaluó que en 2009 la economía nacional había padecido una crisis terminal, con una caída del 5,92% de la actividad. Esa merma anual fue, según el INDEC, cerca de tres veces más profunda que la de 2014 (-2,51%), 2016 (-2,08%), 2018 (-2,48%) y 2019 (-2,16%).

Ahora bien, la comparación de la crisis de 2009 con la de 2019 a partir de otras variables también ilustrativas de la magnitud de la recesión, pero no surgidas de estimaciones (el cálculo del PBI se realiza a partir de muestreos), sino de datos registrados reales presenta un panorama demasiado diferente.

En primer lugar, el dato de recaudación por IVA en valores reales (o sea, descontando la inflación) es llamativo. El impuesto mantuvo en 2019, en general, la misma alícuota que en 2009, excepto por la anulación del IVA a 13 productos de la canasta básica (11 con alícuotas del 21% y 2 con 10,5%) que rigió durante los últimos cuatro meses y medio del año pasado. El costo de la medida, de acuerdo al Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación, era de 10.000 millones de pesos. La AFIP reportó un incremento nominal de la recaudación por este tributo en 2019 de 38,7%. Ese valor, descontada la inflación según el INDEC (53,8%) y el costo oficial estimado, implicó una caída real de ingresos tributarios del 9,2%. Si el gobierno anterior hubiera tenido un error importante de subestimación del costo de la medida (no sería sorprendente en base a sus antecedentes) y supusiéramos entonces que la disminución de la recaudación hubiese sido mucho más importante tampoco implicaría un cambio significativo. Por caso, si el costo fiscal hubiera sido de 15.000 millones de pesos, en lugar de los anunciados 10.000 millones de pesos, la merma real de la recaudación hubiera sido también muy fuerte (9%). En cambio, en 2009, con una actividad que supuestamente cayó mucho más, la reducción real de la recaudación por IVA fue del 5,6% (considerando, como indicador de inflación, el índice de precios implícitos de la nueva serie de cuentas nacionales que registró 15,4%), tres puntos y medio inferior que la de 2019.

Esa estadística puede haber estado influida por cambios en la composición de la demanda agregada, pero, de todas maneras, la diferencia es significativa. También es importante observar que la capacidad de control de la AFIP mejoró notablemente en la última década por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Este fenómeno debió compensar en alguna medida a la caída de la recaudación de 2019. O dicho de otra forma: con la tecnología disponible de 2009 el registro de IVA de 2019 hubiera sido aun menor.

Un dato aún más contundente de la gravedad de la crisis de 2019 y/o de la sobreestimación de la recesión de 2009 es el de la cantidad de puestos de trabajo formales perdidos en el sector privado. La destrucción en 2009 respecto los registros de 2008 (contabilizando promedios anuales) fue de 9.083 empleos, a pesar de la profunda recesión medida por el INDEC, iniciada en el cuarto trimestre de 2008. Lo notable fue que en 2019 la caída fue casi 14 veces más potente que la registrada en 2009, con una pérdida de 124.686 puestos de trabajo. O sea, por cada punto que cayó el PBI en 2019 se sacrificaron 57.725 empleos registrados en el sector privado, mientras que por cada punto menos de PBI en 2009 se perdieron 1.534 puestos, 38 veces mayor fue la última crisis en términos de destrucción del mercado laboral formal.

Un punto que podría moderar el fenómeno es que las empresas locales, después de 3 años de macrismo, ya estaban en condiciones más frágiles por la crisis acumulada, especialmente en el sector industrial que es el que más empleos formales creaba hasta antes de 2016. Sin embargo, el mismo INDEC calculaba un fuerte crecimiento en el primer trimestre de 2018 (4,1%). Por lo tanto, la crisis específica de la industria difícilmente pueda compensar tamaña diferencia.

Los datos reales reflejarían que la crisis de 2009 estuvo sobredimensionada por el INDEC o que la de 2019 fue subestimada. Frente a la emergencia actual derivada de la peor crisis que tendremos que enfrentar, por lo menos desde la de 2002, necesitamos saber dónde estamos parados para que las medidas sean lo más efectivas posibles. Y no parece que la crisis de 2019 haya sido tanto menos severa que la de 2009. Eso redoblaría la necesidad de potentes políticas públicas para proteger y reanimar nuestra economía.

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