Los países centrales están enfrentando la crisis económica provocada por el coronavirus con paquetes públicos multimillonarios de subsidios y créditos a empresas para mitigar sus efectos, sobre todo sobre los sectores más vulnerables y afectados. Son recursos extraordinarios, imposibles de alcanzar en su magnitud por parte del gobierno nacional en las actuales condiciones, tras dos años de recesión y en pleno proceso de renegociación del pago de la deuda pública. Por supuesto, el Poder Ejecutivo ya ha anunciado medidas iniciales de emergencia como controles de precios, el sostenimiento de la política de baja de tasas de interés y políticas fiscales expansivas como el incremento del gasto público en salud de 1.700 millones de pesos, moratorias, reducciones tributarias y bonos a titulares de la AUH y jubilados de menores ingresos.

Lamentablemente, si bien esas acciones pueden atenuar en cierta medida la crisis de forma transitoria, la incertidumbre actual mundial, la necesaria aplicación de medidas aislamiento social precautorio y el eventual prolongamiento del fenómeno podrían tener una repercusión más importante todavía que no podrá contenerse solamente con políticas contracíclicas tradicionales. En ese caso, dado que Argentina está en una situación de muy elevada fragilidad, habría que pensar en medidas extraordinarias de distribución del excedente, de forma tal de poder repartir los costos y evitar el devastador efecto multiplicador originado cuando crece la marginalidad y se rompe la cadena de pagos, impactando la crisis con mayor envergadura sobre todos. El costo global será más elevado si hay sectores que concentran inicialmente el impacto que en un escenario donde pudiera prevalecer una distribución más equitativa.

Una crisis que se montó sobre otra preexistente que ya era la más larga desde la de la Convertibilidad, con un nivel de pobreza que afecta a alrededor del 40% de la población, los amplios quebrantos de empresas y destrucciones de empleos en sectores prácticamente paralizados como el del turismo, el de empresas de transporte aéreo, el de la gastronomía, el del entretenimiento, el de bienes industriales de rubros de consumo no esencial, entre otros, podría arrastrar a una situación de colapso general. En cambio, si los costos fueran compartidos por actividades que captan un excedente y, en un principio, no están afectadas directamente podríamos sobrellevar la crisis de una forma menos perjudicial.

Un caso claro de un rubro, con alto grado de concentración y con tarifas que afectan de forma generalizada a la estructura de costos generales que podría resignar parte de su excedente en pos del bien común, al menos transitoriamente, podría ser el de las empresas que proveen servicios públicos. Por caso, las firmas concesionarias de rutas y autopistas, podrían bajar la tarifa de los peajes, en especial para el tránsito de camiones con mercancías. Algo similar podría aplicarse a las tarifas de energía, agua o a los combustibles. También los propietarios de grandes superficies comerciales, como los shoppings o locales en avenidas o peatonales, podrían soportar no cobrar alquileres por algún tiempo para evitar el quiebre masivo de tiendas que, sin tránsito de clientes o en un nivel muy bajo, no podrán afrontar su costo. Las empresas de seguros y de telecomunicaciones, entre otras de rubros concentrados y de mayor capacidad contributiva, también podrían hacer algún aporte. Es decir, necesitaríamos diseñar un esquema solidario transitorio desde los sectores menos afectados hacia los más perjudicados y vulnerables; sería una salida menos costosa para el país.

A la vez, los trabajadores en relación de dependencia con ingresos superiores a un determinado nivel, según la conformación de sus hogares, podrían hacer también una contribución con cierta reducción salarial transitoria o mayor pago de impuestos a las ganancias para poder volcar recursos adicionales a mejorar la infraestructura sanitaria y/o auxiliar a los grupos sociales en situación de alto riesgo, por ejemplo.

La excepcionalidad de la situación, la emergencia y el costo irreparable para el país debería justificar medidas de este tenor y el acompañamiento por parte de todos los sectores políticos.

O sea, el gobierno debería potenciar su rol en la distribución del ingreso, dado que lamentablemente el país no cuenta con recursos estatales de resguardo suficiente para actuar ante una crisis en ascenso en caso que el virus se siga extendiendo. Las pymes afectadas y, en especial, los trabajadores informales con ingresos de subsistencia y los sectores sociales más vulnerables no podrán resistir indefinidamente y el apoyo público es acotado. Depende básicamente de la generación general de riqueza de la sociedad y de la capacidad del Estado de incentivar la producción y el empleo en sectores que puedan operar aun con las restricciones de movilidad establecidas. En una economía de subsistencia habría que pensar en estrategias de estas características. Ojalá superemos la pandemia mucho antes. Pero también es importante tener presente que cualquiera de estas medidas, mientras más pronto se apliquen más efectivas serán. Por eso, es tan importante revitalizar y fortalecer el rol del Estado en la economía y no abandonar nunca esta idea, más allá del canto de sirenas.

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Mariano Kestelboim

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