Corría agosto de 2018 y Marcos Peña, entonces jefe de Gabinete de Mauricio Macri, aguantaba los gritos del diputado Leopoldo Moreau. "Ustedes manipulaban la información pública", vociferaba el diputado kirchnerista. Moreau hacía referencia así al informe del parlamento británico sobre el rol de Cambridge Analytica, la consultora acusada de manipular datos para campañas electorales alrededor del mundo, y la cual habría participado en la campaña electoral de Macri. Y  aunque Peña negó todo - "es canallesco el intento de instalar la palabra fraude en la República Argentina. Lo repudiamos y lo instamos a pelear en las urnas. No contratamos a Cambridge Analítica y negamos cualquier apropiación de base de datos o campaña de difamación", bramaba el funcionario- todo el mundo en la política sabía la importancia que le daba el PRO a los trolls, el Big Data y las redes sociales para influir en los votantes.

A nadie escapaba que el CEO de Cambridge Analytica, la compañía británica creada en 2013 por Alexander Nix -amante del polo criollo, con muchas amigos dentro del PRO, que había estado en la Argentina varias veces y que muchos afirman que es un ex espia britanico-, habia confesado ante las cámaras del canal 4 News que Cambridge Analytica y su subsidiaria, Strategic Communicationes Laboratories (SCL), había trabajado en más de 200 elecciones alrededor de todo el mundo incluyendo Nigeria, Kenia, República Checa, India y la Argentina.

Todos sabían también que amigos de Peña y Macri, como Carlos Menéndez Behety, nombrado director de marketing de YPF bajo la administración Macri, se había asociado a Ignacio Peña, hermano de Marcos Peña, para hacer del Big Data uno de los pilares de la compañía petrolera. "El nuevo petróleo son los datos", repetían los dos a toda la plana mayor de YPF- entre ellos Miguel Gutiérrez, el CEO y todos los vicepresidentes de la compañía- cuando los llevaron a Silicon Valley para visitar empresas de tecnología. Con este fin, Ignacio Peña, contaba con vastos recursos, entre ellos, cobrar USD50.000 por mes. Dicen los tecnólogos  del gobierno que tampoco era un secreto que la "Unidad de Opinión Pública" designada por decreto por Peña era una granja de trolls. Ni que las bases de datos completas de organismos oficiales que el gobierno de Macri "incorporó" a través de un convenio firmado con la Anses en 2016 fuera otra cosa que Big Data.

Anses, UIF y después

Pero lo que sí sorprendió a muchos en el Frente de Todos es la capacidad de daño que aún conservaba el "peñismo residual" en la administración pública. El primer indicio fue la catastrofe del "viernes negro" del 3 de abril, donde casi un millon de jubilados se amontonaron caoticamente en las sucursales bancarias para el pago de jubilaciones, a 14 dias de haber iniciado la cuarentena. Un desastre operativo que le costó el puesto a Alejandro Vanoli en la Anses. Afirman en el organismo que mucho del desastre ocurrido tiene que ver con funcionarios que provenían del Gobierno de la Ciudad o de las ex AFJP, nombrados durante la administración Macri. Algunas fuentes dan nombres, como Isabel Cristina Montoya Henao, una funcionaria de nacionalidad colombiana, que ingresó a la Anses por un decreto del mismo Marcos Peña, y que, de acuerdo a fuentes del organismo, trabajaba en el ministerio de Defensa de Colombia antes de llegar al pais.

Montoya Henao estaba al frente de la Unidad de Apoyo Operativo durante el "viernes negro", encargada de controlar que las sucursales que recibieran a los jubilados lo hicieran de acuerdo a los protocolos de la cuarentena. Algo relativamente simple que falló de manera misteriosa y brutal

Pero si los datos de la Anses son importantes (es acaso la usina de información más importante del país junto con la AFIP), el otro lugar central para obtener datos era la Unidad de Información Financiera (UIF).

En julio último, Carlos Cruz vistió la Casa Rosada, y el ministro del Interior, Wado de Pedro, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, -que ya habían sufrido el "affaire Vanoli"- le sugirieron echar a los funcionarios del organismo heredados de la gestión de antecesor, Mariano Federici, uno de los principales aportantes de pruebas en las causas contra Cristina Kirchner y quien, de acuerdo al Frente de Todos, era una de las tres patas del Lawfare, junto a la AFIP de Leandro Cuccioli y la Oficina Anticorrupción (OA)de Laura Alonso.

En el Instituto Patria afirman que en realidad el armado de carpetas para perseguir kirchneristas salía de la información que brindaban las oficina de Lucas Reboursin, quien fue director de Análisis de la UIF -hace 20 dias, cuando fue eyectado de la UIF-, luego pasaba a los despachos de Jaime Mecikovsky, director de Operaciones Impositivas del Interior de la AFIP durante el macrismo, enexo con la justicia federal y el fallecido juez Claudio Bonadio. "Las tareas de la OA eran de encuadernamiento. No les daba para mucho mas" afirman socarronamente desde el Think Tank del kirchnerismo.

Ahora el INDEC

El hecho de que el Censo 2020 se haya suspendido debido a la pandemia, no apagó las alarmas de quienes en la administración de Alberto Fernández creen que el trabajo de "rastrillaje" que se hizo en esos dos organismos debe hacerse en el Indec. Después de todo, el Indec es uno de los lugares que más datos tendrá de los argentinos el año que viene, cuando se cense a los casi 50 millones de personas que habitan el país.

En el gobierno creen que hay que evitar lo ya pasó antes en la Anses y la UIF: que mucha información se filtre hacia las filas del ala dura del PRO para ser usada como herramienta política contra la administración Fernández-Fernández. Tran algunos datos para sostenerla: 30 de los 34 directores que tiene el INDEC vienen desde 2016 y la mayoría de ellos son "macri-lovers". Aportan como dato para sostener el relato que al Indec también regresó Graciela Bevacqua, que se había ido en 2008 junto con su directora del IPC Miriam Muller de Fichman. Con Bevacqua, vociferan enojados algunos dentro del ente estadístico, volvió toda la mesa directiva "PRO" del IPC. Quienes protestan son los que critican a Marco Lavagna, titular del organismo estadístico, y suelen repetir el nombre de Nicolás Salvatore, un profesional muy destacado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA , que fue uno de los armadores del la consultora Buenos Aires City, de acuerdo a los rumores de pasillo. También nombran a Cecilia Rodriguez Gauna (familiar del prestigioso economista y ex titular del Banco Central Martín Redrado), que volvió al Indec como directora con Jorge Todesca bajo la administración de Mauricio Macri.

Otro nombre que dejan caer a menudo los críticos de la gestión actual en el Indec es el de Alejandro Giusti, uno de los organizadores actuales del censo 2020, en cuarentena hasta 2021. A esta engorrosa interna política se le suma la pelea sindical dentro del Indec: la de los gremios de ATE y UPCN, quienes tienen profundas diferencias sobre cómo llevar adelante el dia a dia el organismo y sobre la medición de la inflación por precios online ("inflación zoom", la llaman dentro del Indec).

A los gremios de ATE y UPCN, parece unirlos, por ahora, no el amor sino el espanto hacia el pasado macrista. Algo que parece cementar, de cara al 2021, a la mayoría de las facciones del peronismo que integran el Frente de Todos. 

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Ernesto Hadida

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