La recientemente emitida Resolución 4838/20 de la AFIP estableció la obligación de informar, entre otras, las denominadas planificaciones fiscales internacionales. La definición de “planificación fiscal internacional” dada por la norma es amplia e incluye a todo acuerdo, esquema, plan y cualquier otra acción de la que resulte una ventaja fiscal o cualquier otro tipo de benefi cio en favor de los contribuyentes comprendidos en ella, que involucre a la República Argentina y a una o más jurisdicciones del exterior.

Asimismo, la resolución establece que se considerará especialmente que existe una planificación fiscal internacional cuando “se pretenda evitar la presentación de algún régimen de información”. En ese mismo sentido, la norma dispone que se considera ventaja fiscal o cualquier otro tipo de beneficio a la falta de declaración por parte de los contribuyentes de los regímenes de información establecidos por la administración federal.

Uno de los principales regímenes de intercambio automático de información implementado por Argentina, juntamente con más de un centenar de países, es el del reporte automático de información financiera (CRS), impulsado por la OCDE y a través del cual se requiere a instituciones financieras reportar anualmente a los titulares de cuentas y controlantes de entidades pasivas que sean residentes en otras jurisdicciones participantes.

La redacción de la Resolución 4838/20 es amplia y ha generado incertidumbre no solo a los propios contribuyentes sino también a los asesores financieros, fiduciarios, e intermediarios financieros. Basta con advertir que el hecho de mover una cuenta bancaria desde una jurisdicción participante en CRS a otra no participante, como puede ser Estados Unidos, podría ser visto como una “planificación fiscal” tendiente a “evitar la presentación de un régimen de información”

¿Sirve exigir divulgar esquemas de planificación internacional?

La pregunta obvia que surge frente a los regímenes de divulgación obligatoria de esquemas y planificaciones es si tiene algún sentido que se exija divulgar una planificación a quienes decidieron implementar la misma precisamente para evitar el reporte de cierta información.

La OCDE ha sostenido y manifestado que los regímenes que exigen la divulgación de esquemas de planificación resultan útiles y pueden conllevar buenos resultados en materia de cumplimiento para las administraciones tributarias.

En este sentido, cabe advertir que en la cadena de proveedores de servicios que intervienen, y que generalmente se encuentran involucrados en estas planificaciones fiscales internacionales, se encuentran entidades que están sometidas a estrictas regulaciones y consiguientemente afrontan riesgos económicos, regulatorios y reputacionales que hace altamente probable que se vean impulsadas a cumplir con las obligaciones de reporte y divulgación.

A nivel internacional se encuentran normativas semejantes y la misma OCDE ha venido impulsando normativas marco tendientes a implementar reglas de divulgación obligatoria de esquemas tendiente a eludir las normas de intercambio automático de información.

La discusión respecto de cuál esquema es reportable

Primeramente, cabe recordar que Argentina ha implementado el Estándar Común de Reporte (CRS) pero no ha celebrado, pese a haber transcurrido casi seis años, un acuerdo intergubernamental con Estados Unidos a los fines del reporte requerido bajo FATCA (no obstante lo cual las instituciones financieras argentinas deben entrar en acuerdos individuales con la administración fi scal norteamericana a los fines de cumplimentar con este régimen). Ello implica que la AFIP recibe información de cuentas financieras ubicadas en las jurisdicciones participantes de CRS, pero no recibe información de cuentas ubicadas en Estados Unidos (ello sin perjuicio de señalar también que existen asimetrías entre la información que debe ser intercambiada por las jurisdicciones bajo CRS y bajo los acuerdos intergubernamentales para el cumplimiento de FATCA, lo que conlleva que alguna información financiera no sea reportada desde Estados Unidos, incluso a jurisdicciones que mantienen acuerdos intergubernamentales celebrados).

Teniendo en cuenta esa situación, asumamos el caso de un residente argentino que hasta hace un tiempo mantenía una cuenta bancaria en una jurisdicción del caribe que participa del CRS, pero que posteriormente decide transferir los fondos a un banco en Estados Unidos, ¿debería ello ser visto como “cualquier otra acción de la que resulte una ventaja fiscal” ya que ese cambio conlleva el no reporte de información?

O asumamos el caso de una entidad pasiva controlada por un sujeto argentino y que se encuentra ubicada en alguna jurisdicción participante de CRS. Si dicha entidad abre una cuenta bancaria en Estados Unidos, ¿debería entenderse como un “plan”que conlleva el no reporte de información?

Si bien la Resolución 4838/20 habla de que la planificación fiscal que caería dentro del reporte es aquella que “pretenda evitar la presentación de algún régimen de información”, en la práctica puede resultar que la “intención” sea de difícil prueba para un contribuyente.

¿Cuáles son los sujetos que deberían informar?

Nuevamente se advierte que la norma es demasiado amplia y la obligación de reporte recaería en lo que denomina “asesores fiscales”, que podría incluir no solo abogados y contadores sino también administradores de patrimonios y otros intermediarios financieros que hayan participado directa o indirectamente en la planificación. En este sentido, la norma los define de manera general como aquellos que “en el curso ordinario de su actividad, ayuden, asistan, aconsejen, asesoren, opinen o realicen cualquier actividad relacionada con la implementación de una planificación fiscal, siempre que participen en dicha implementación directamente o a través de terceros”.

Pero, asimismo, la resolución intenta abarcar situaciones en donde intervienen sujetos del exterior. En este sentido dispone que “los asesores fiscales serán responsables de cumplir con el régimen de información cuando otros asesores fiscales vinculados, asociados y/o conectados directa o indirectamente implementen una planificación fiscal comprendida en los términos de la presente resolución general, independientemente de la jurisdicción donde se encuentre radicado, constituido o domiciliado el asesor fiscal vinculado, asociado y/o conectado directa o indirectamente”.

Retomando aquí el ejemplo del residente argentino que transfirió su cuenta bancaria a Estados Unidos desde una jurisdicción participante. Si la cuenta era manejada por un administrador de patrimonios, ¿debería informar ya que al manejar la cuenta podrían estar “asistiendo” en la planificación?

De esta forma, asumamos el caso de una compañía fiduciaria ubicada en el exterior con un representante en el país que efectúa esfuerzos para acercar clientes a esa compañía fiduciaria extranjera que finalmente es la que implementa la estructura patrimonial y abre la cuenta bancaria en Estados Unidos: ¿deberían los representantes locales informar porque ayudaron o asistieron a “asesores fiscales vinculados/asociados y/o conectados” ubicados en el exterior a implementar una planificación fiscal?.

Consideraciones finales

Si bien la resolución no tomó por sorpresa a los asesores financieros, asesores fiscales y otros intermediarios financieros (principalmente porque otras jurisdicciones ya habían implementado normas semejantes y la OCDE viene promoviendo la implementación de reglas de divulgación obligatoria para reporte de esquemas tendientes a eludir CRS) la norma no resulta clara ni precisa. Las situaciones que pueden presentarse son variadas y, sin dudas ,darán lugar a discusiones.

Asimismo, el plazo para el cumplimiento del reporte generará inconvenientes y dificultades, ya que implica la evaluación de distintas situaciones antes de resolver respecto de la procedencia del reporte.

*Abogado. LLM en Tributación (U. de Florida)
**Contador público