Después de casi cuatro años de gobierno, el flamante ministro de Hacienda y Finanzas, Hernán Lacunza, sostuvo que el principal objetivo del gobierno es estabilizar el mercado cambiario. Si bien la prioridad es correcta en el escenario actual, lamentablemente, el fracaso escandaloso de los sistemas liberales de flotación cambiaria con libre movilidad de capitales para bajar la inflación deja un margen de maniobra insuficiente para una administración que no plantea más cambios en el modelo. No sólo porque ya es muy tarde y las políticas empleadas terminaron más que duplicando la inflación (recordemos que el IPC Congreso a noviembre de 2015 medía una inflación interanual del 25%), sino porque sostener el valor de la moneda nacional después de los sacudones sufridos será mucho más costoso y lo más probable es que la misión termine naufragando muy pronto, debido a los próximos vencimientos de deuda y a la constante fuga de capitales que el esquema de políticas provocó.

El modelo va desintegrándose como un reloj de arena, donde la velocidad de caducidad depende básicamente de la decisión del FMI de realizar o no el desembolso oportunamente previsto para la segunda quincena de septiembre próximo por 5.400 millones de dólares. Bajo el supuesto de que el ritmo de caída de las reservas baje a 200 millones de dólares diarios (en los últimas siete jornadas de operaciones se perdieron 989 millones por día), las reservas netas de libre disponibilidad se agotarían en la primera quincena de noviembre.

Es terriblemente lamentable cómo el gobierno desperdició la gran oportunidad de superar o, al menos, moderar el flagelo de la inflación y de avanzar en un proceso de crecimiento. Si los recursos extraordinarios derivados del mayor endeudamiento de la historia nacional se hubieran orientado al desarrollo de la estructura productiva, en lugar de auspiciar un negocio financiero, Argentina tendría hoy un panorama alentador. Esas divisas deberían haberse utilizado para dotar de mayor competitividad a la industria y así la restricción externa sería un factor mucho menos acuciante, sin la posibilidad de que el lobby financiero sea tan determinante de las decisiones actuales de política económica. Por el contrario, primó una burda justificación monetarista respecto al problema de la inflación y recién ahora, después de las dos muy fuertes devaluaciones de 2018 y 2019, los funcionarios principales del área económica parecen reconocer que es prioritario estabilizar la cotización de la moneda nacional para moderar la inestabilidad.

El modelo va desintegrándose como un reloj de arena, donde la velocidad de caducidad depende de la decisión del FMI

Realmente, es inconcebible que los encargados de la administración no reconocieran que el aumento del tipo de cambio oficial iba a provocar más inflación y recesión. Sin elementos técnicos que fundamentaran su visión decían que los precios estaban en función de las cotizaciones paralelas del dólar y no al tipo de cambio oficial. Tampoco puede justificarse sus decisiones cuando decían que los aumentos tarifarios no iban a generar inflación. El nivel de conocimiento sobre el funcionamiento de la economía nacional para poder intuir que esas decisiones iban a provocar una aceleración inflacionaria y la consecuente caída de la actividad era tan elemental que amerita que se investigue en profundidad cómo se tomaron esas políticas y quiénes fueron los beneficiados y sus vínculos con los funcionarios.

Que fueron errores de diagnóstico lo que determinaron las medidas adoptadas sería una hipótesis excesivamente ingenua. Fueron decisiones funcionales a grandes negocios especialmente financieros y del sector energético que deterioraron y seguirán perjudicando el nivel de vida de millones de ciudadanos en todo el país. Es por eso que la justicia debería investigar en profundidad a los líderes del gabinete encargados de las políticas aplicadas en los últimos años. Sería la única forma para prevenir que no vuelvan a repetirse estas experiencias en el futuro. Este es el tercer episodio similar registrado en el último medio siglo.

Ahora el margen de maniobra para activar políticas públicas que reanimen la actividad estará mucho más acotado y quedará en buena medida en función de la capacidad de negociación del futuro gobierno para refinanciar la deuda o más posiblemente avanzar en una reestructuración de los vencimientos, tratando de no caer como hace sólo dos décadas en una cesación de pagos.

Es inconcebible que no reconocieran que el aumento del tipo de cambio oficial iba a provocar más inflación y recesión

Es asombroso que estemos repitiendo la trágica experiencia de la última gran crisis que sufrió el país con el colapso de la Convertibilidad. En la menor duración del proceso actual con un mayor grado de endeudamiento externo contribuyó el mayor desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs). También la complicidad de medios de comunicación que prefirieron tratar otros temas en lugar de reflejar la similitud del reciente proceso con las otras etapas que terminaron con las peores crisis que sufrió nuestro país aportó a la victoria electoral del oficialismo en 2017 y así que el modelo haya podido profundizarse.

Ahora las nuevas herramientas de las TICs deberán ser deberán ser aprovechadas para idear políticas que permitan una reacción dinámica a los nuevos estímulos que tendrán que aplicarse para la reactivación del consumo y de la actividad productiva. Pero, ante todo, deberán tomarse medidas muy en favor de quienes arriesguen en el desarrollo de la producción y no en la especulación financiera.

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