El largo reclamo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se cristalizó en una de la mejores medidas que , a mi juicio, ha tomado el actual gobierno en materia de regeneración de empleo y cultura del trabajo.
Con un decreto simple, pero sustancioso, en el que se refieren como antecedentes normativos hitos de 2009, 2015, 2016 y 2020, además de las leyes nacionales que regulan  las asignaciones familiares y el trabajo rural entre otras, se abre un nuevo capítulo en un esperanzador esquema de política pública.


La posibilidad de que las economías regionales logren potenciar la producción agrícola en el interior del país, conlleva la mejoría del desarrollo económico de las pequeñas y medianas ciudades del cinturón agrícola. La falta de mano de obra fue reiterada noticia este año en la perdida de grandes cosechas de cítricos y otras frutas y legumbres. La posibilidad de mantener los planes sociales y junto a ellos poder desarrollar la actividad laboral, garantizará la protección de la ayuda social y la reinstauración de la cultura del trabajo en una enorme cantidad de familias que, alcanzadas por algunos planes de asistencia social, no encontraban ventajas económicas efectivas en tomar empleo temporario o permanente pero discontinuo.

Este Decreto 514/2021 contiene la cláusula de invitación a las estructuras subfederales (municipios, provincias y Ciudad Autónoma) que hemos destacado como una correcta técnica legislativa en estas páginas en reiteradas oportunidades.
También, como se desprende de esa convocatoria, queda un gran espacio  para la inventiva y la creatividad de los legisladores locales que en el nudo del conurbano deberán repensar con este espíritu el esquema de planes que aplican a amplios sectores sociales,  localizados sobre esa apretada geografía donde conviven entrelazados los esfuerzos de los tres niveles estatales en el seno del complejo industrial y de los servicios públicos en el cinturón bonaerense.

Quedará en estos días, en manos de los Ministerios de Trabajo, de Desarrollo Social y de la ANSES los marcos regulatorios que ordenen los detalles y proyecten las necesarias modificaciones legislativas. Pero el alma de esta norma no tendrá , espero, demasiados reparos de la dirigencia política nacional.

A partir del 1 de septiembre las economías regionales contarán con una nueva herramienta para alentar la producción, generar empleo y arraigo. Una política pública de las que siempre reclamamos.

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