Mientras propios y extraños dentro del Frente de Todos empiezan a hablar de su gobierno como una transición, todavía demasiado vagamente como para decodificar si apuntan a jubilarlo en 2023 o a empujar su reelección para que administre al menos un mandato sin pandemia, Alberto Fernández insiste en proponer soluciones de mercado para los graves inconvenientes económicos que le toca enfrentar. Lo hará la semana que viene con IMPSA, la fábrica mendocina de turbinas y reactores que rescatará de una larga agonía y de una inexorable quiebra con una inyección de 15 millones de dólares a cambio del 63% de las acciones, sin gritar "exprópiese" ni nombrar interventores. También procura hacerlo con la disparada de la carne, que aumentó al doble desde su asunción y que las últimas encuestas para las elecciones de noviembre elevaron a la categoría de problema político.

Matías Kulfas insistirá hoy ante Dardo Chiesa, el exjefe de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) que el Consejo Agroalimentario Argentino (CAA) designó como interlocutor tras el cierre por un mes de las exportaciones. "Para nosotros esta medida no es un fin sino un medio. Esto no tiene nada que ver con lo de 2006", le transmitió por terceros para ablandarlo en la previa. La intención oficial, aclaró, se limita a que los frigoríficos garanticen el abastecimiento local a precios congelados hasta fin de año. El ganadero no retribuyó la cortesía del ministro: "El Gobierno ve que todo salta por los aires y está eligiendo al enemigo", le espetó por radio.

La beligerancia de la dirigencia ruralista frente al peronismo no es nueva pero se potencia en campaña. También se resignifica en medio del vuelco opositor que acaba de pegar un núcleo del establishment que Fernández consideraba aliado: la Unión Industrial Argentina. Allí acaba de ser entronizado como jefe Daniel Funes de Rioja, un enemigo histórico de todo control de precios con respaldos que trascienden largamente al país. Entre sus blasones como cuadro patronal global figura, por caso, haber logrado tras un largo lobby en Ginebra que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) abandonase el concepto de "living wage" (salario vital), que formaba parte de sus estatutos desde 1919.

La pregunta es hasta dónde escalará la confrontación. En la reunión de hoy, Chiesa puede reivindicar el derecho de la industria a exportar masivamente a China, como hizo el año pasado con las casi 700 mil toneladas de carne que salieron de los puertos criollos, un 75% del total. Lo que difícilmente haga es defender a las 15 empresas que en febrero suspendió el Ministerio de Agricultura por haber operado en negro. Una de ellas colocó en el gigante asiático embarques por 20 millones de dólares y no liquidó divisa alguna. Todavía tiene interdictas 30 toneladas de carne que están a punto de ser decomisadas y que nadie se presentó a reclamar porque su valor es muy inferior a los impuestos que evadió.

Evitar el choque puede ser una buena estrategia cuando se persigue un fin concreto y no solo cuidar el orgullo o la autoridad. Nadie priorizaría, por ejemplo, escarmentar a los herederos de Enrique Pescarmona por el fracaso de sus aventuras en Brasil y Venezuela frente a la posibilidad de preservar el talento de una compañía tecnológica que tiene todo para convertirse en otra INVAP. Más complicado es decidir cómo actuar frente a grupos como Techint, no solo manifiestamente hostil en ámbitos como la UIA, donde fue el principal promotor de Funes de Rioja, sino también muy activo litigante contra el fisco. El 23 de marzo último, de hecho, la Sala "D" del Tribunal Fiscal de la Nación falló contra TenarisSiderca en una causa que arrastraba desde 2013 por ventas desde Argentina que facturó una filial uruguaya, Tenaris Global Service. El fallo la define como "una empresa interpuesta para reducir la renta sujeta a imposición local".

No es la primera vez que Paolo Rocca es amonestado por el uso y abuso de mamushkas para esconder ganancias, con filiales que van de Uruguay a Luxemburgo vía Holanda y Delaware. Lo curioso es que en simultáneo quiera proveer los caños del gasoducto que planea YPF desde Neuquén hasta San Pablo para darle salida al gas de Vaca Muerta. Es un negocio jugoso: solo el tramo local demandará una obra de dos años y U$S 4.500 millones. Pero la petrolera es controlada por el mismo Estado con el que tanto rivaliza.

La vecina orilla

En Uruguay, justamente, se posaron todos los ojos de la política con el insólito pedido de asilo que formalizó Fabián Pepín Rodríguez Simón. Fiel asesor de Mauricio Macri desde cuando comandaba la UCEP, una fuerza de choque que desalojaba personas en situación de calle del espacio público durante su primera gestión como alcalde, el abogado se prestó como conejillo de Indias para una campaña imprevisible, que avanzará en paralelo con la letal segunda ola del coronavirus y con las causas judiciales que enfrenta su jefe. Aunque por las críticas que levantó de inmediato, incluso dentro de Juntos por el Cambio, no parece haber sentado un precedente que pueda seguir Macri.

Las peores tribulaciones del exmandatario son las derivadas del concurso de Correo Argentino. La causa se tramita en el fuero comercial, por lo que no puede llevarlo directamente a la cárcel. Pero la compra fraudulenta de pasivos que ya detectó la fiscal Gabriela Boquín por parte de entidades como el Meinl Bank (el que usaba Odebrecht para vehiculizar sus pagos non sanctos) sí puede servir para extender la quiebra a todo SOCMA, el holding familiar.

Hay algo peor. La primera esposa de Macri, Ivonne Bordeu, con quien se separó en malos términos, le advirtió que romperá su silencio de años si sus tres hijos en común son despojados de sus bienes por esos cánones millonarios impagos. La amenaza puede significar mucho más que dinero. De mantenerse el curso actual de la causa, Agustina, Jimena y Francisco pueden verse afectados. A la jueza Marta Cirulli, que tramita la causa, emisarios más o menos discretos le recuerdan cada tanto que su investigado puede volver al poder.

El caso de las autopistas, donde se investiga si exsocios de Macri fueron favorecidos con las prórrogas de las concesiones de los accesos Norte y Oeste hasta 2030, está a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, designada en Comodoro Py por el propio expresidente. Los plazos para dictar procesamientos, absoluciones o incluso faltas de mérito ya vencieron. Eso debería acarrear de mínima sanciones disciplinarias contra la magistrada, pero las irregularidades van mucho más allá de los plazos. El artífice de la renegociación, que les reconoció a los concesionarios acreencias sobre el fisco por U$S 749 millones, es Guillermo Dietrich. También "refugiado" en Uruguay, aunque sin pedido de asilo.

El dedo invisible

Más allá de su rol clave en el armado de causas contra opositores y empresarios, por el que lo citó a indagatoria la jueza María Servini, Pepín siempre colaboró en la custodia de la firma de su jefe. Fue por sugerencia suya que, según reveló el portal especializado Aviación en Argentina, el 13 de junio de 2018 fueron a Olivos el CEO de FlyBondi, Julian Cook, un ejecutivo de RyanAir llamado Michael Cawley y el entonces administrador Nacional de Aviación Civil, Tomás Insausti. Ahí se decidió dejar caer a la filial local de Avianca, continuadora de MacAir Jet (del grupo SOCMA), porque era "demasiado riesgoso" sostenerla. Tres meses después de esa cita, por orden de Dietrich, a Flybondi le otorgaron 180 rutas y a Avianca Argentina solo 12.

Contra lo que sugieren la intuición, el prejuicio y la prédica de sus adversarios, Macri encarna a su modo una forma de estatismo. Primero porque su prédica coloca al Estado y a sus tres poderes en el centro del debate sobre el futuro del país, y no a su estructura productiva ni a su inserción en las cadenas globales de valor. Segundo porque, incluso en la gestión, priorizó reformar lo que vaporosamente llamaba "instituciones" (desde los jueces y fiscales hasta el régimen de partidos) antes que mercados como el laboral, donde los gremios temían una flexibilización que nunca llegó.

Pero sectores como el aerocomercial muestran que el de Macri fue también un gobierno dirigista en el sentido clásico: al menos en ciertos negocios, jugó activamente desde el Estado para ungir ganadores y hundir perdedores. En Vaca Muerta, a caballo de los subsidios millonarios de la Resolución 46, consiguió que Tecpetrol (de Techint) superara a YPF como la principal productora de hidrocarburos. En la electricidad, a puro tarifazo, favoreció la consolidación de Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, y de SADESA, de su hermano de la vida Nicky Caputo. En los medios intentó personalmente que un exalumno del Cardenal Newman como él, Ignacio Rosner, se apropiara del grupo Indalo. Y en la City, de tanto recomendarlo a los gobernadores para que lo contraten para tomar deuda en dólares, también contribuyó a la prosperidad de Federico Tomasevich, hoy otro "exiliado" en Uruguay.

Aun para quienes se presentan como sus exégetas, al parecer, hay asuntos demasiado importantes como para dejarlos al libre arbitrio del mercado.

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