El cataclismo en los mercados financieros post elecciones descubrió dos fenómenos. El primero y más evidente es el desinterés o la incapacidad del gobierno por regular los mercados para preservar a la economía del enorme daño que genera la devaluación. La incapacidad puede deberse a que no puede intervenir en la magnitud necesaria por falta de autorización del FMI o porque no sabe utilizar los instrumentos de política pública para contener la crisis.

También algunos piensan en otra hipótesis aún peor para explicar la tibia intervención: podría tratarse de una estrategia maquiavélica para exhibir el fantasma que insistentemente ha venido agitando sobre el regreso del kirchnerismo al poder y que Mauricio Macri volvió a utilizar para justificar el caos en su conferencia posterior a las elecciones. Esta conjetura sería complementaria con la primera opción de falta de capacidad para administrar los mercados por orden del FMI. Desde ya, es imposible saber cuál es la verdadera razón cuando existen recursos y el atraso cambiario no era tan grande.

De lo que no puede haber dudas y de hecho hay un amplio consenso es de la enorme fragilidad de la economía nacional. Su origen fundamental ha sido el irresponsable proceso de endeudamiento de corto plazo y en dólares con políticas que, lejos de incentivar un desarrollo productivo para ganar sustentabilidad y autonomía, destruyeron capacidades productivas esenciales y terminaron entregando el control de la gestión pública al lobby financiero, liderado por el FMI.

Un segundo fenómeno que desnudó el resultado electoral es que el deterioro económico y social derivado de las políticas públicas fue mucho más agresivo de lo que se suponía. Al respecto, llama la atención que no se analice mucho más por qué el resultado electoral fue tanto más negativo de lo que preveían las encuestas.

Más allá de los errores de las encuestadoras, un aspecto central que podría develar, por lo menos en parte, la pobre percepción generalizada del malestar social es que fue subestimado el empeoramiento de las condiciones de vida de las grandes mayorías. Lo más grave es que se trató de un error que trascendió a los distintos espacios de investigación, independientemente de su pertenencia o no a espacios políticos. En esta columna, con humildad, sin los recursos suficientes de medición técnica, insistimos en que había problemas con la medición del deterioro del poder de compra. No puede considerarse esa pérdida sólo a través del simple cotejo entre el nivel de inflación, medido por el Indec, y los aumentos salariales y de haberes, dándole plena credibilidad a lo informado por el Indec, sin un análisis mucho más pormenorizado de los datos que ofrece el organismo. Quizás el anhelo por tener un mejor instituto de estadísticas público cercenó el espíritu crítico, indispensable para poder tener mejor capacidad de comprensión de los fenómenos sociales. Evidentemente, primó el entusiasmo por dotar de credibilidad al organismo que venía de una nefasta destrucción, tuvo un progreso notable y requería del apoyo de los investigadores.

En los últimos casi cuatro años se produjo un fenomenal cambio de precios relativos que perjudicó a las mayorías

Si bien es cierto que parte del deterioro del nivel de vida puede explicarse por la destrucción de puestos de trabajo y el crecimiento de la informalidad, la pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios y haberes fue considerablemente mayor que lo evaluado por los analistas con capacidad de difusión de informes. El método empleado para medir la pérdida real de los ingresos, como se ha hecho históricamente, ha venido consistiendo en la simple comparación entre la evolución de los precios de la canasta de bienes y servicios, medida por el Indec, y los aumentos de ingresos de la población. Por caso, la consultora Ecolatina difundió el lunes post electoral un informe donde concluyó que, según el referido simple parámetro de comparación, los salarios reales perdieron en 2018/19 solo un 10,5% de su capacidad adquisitiva. No hace falta hacer minuciosos estudios de campo para darse cuenta que no puede ser real este dato. Una baja del ingreso real de esa magnitud no implicaría las bruscas caídas en el consumo de alimentos esenciales y medicamentos, como la registrada en el último año. Si esa hubiera sido la merma efectiva de ingresos, los hogares solo deberían haber tenido que sacrificar gastos no tan básicos, como los vinculados al entretenimiento o al gasto en indumentaria, solo por citar un par de ejemplos.

Hay un desinterés en regular los mercados para preservar a la economía del enorme daño que genera la devaluación

Lo que no se ha tenido en cuenta y es fundamental para entender la tremenda derrota electoral (desde el regreso de la democracia nunca un gobierno en el poder perdió por tanto margen) es que en los últimos casi cuatro años se produjo un fenomenal cambio de precios relativos, en detrimento de las grandes mayorías cuyo efecto fue captado sólo parcialmente. En particular, el incremento de los precios relativos de las tarifas de servicios públicos fue el mayor de toda la historia nacional y se trata de consumos insustituibles. También los precios de los combustibles, alimentos esenciales y medicamentos aumentaron de forma desproporcional al resto de los precios de la economía. Estos consumos son indispensables y ganaron una participación relevante en el presupuesto de los hogares. Sin una particular atención sobre este fenómeno, la medición tradicional de la pérdida de poder de compra a través de los datos del Indec no alcanzó para computarla en su real magnitud.

En definitiva, el empeoramiento de la calidad de vida debió ser mucho más significativo y tuvo que haber incidido en el resultado electoral en una magnitud mayor a la esperada. El aparato mediático oficialista seguramente moderó en alguna medida el factor económico, pero el resultado tan negativo para el gobierno confirma el fuerte deterioro de los ingresos reales. Al final, paradójicamente, la valorada recuperación de la capacidad de medición del Indec terminó jugando en contra para evaluar la realidad.

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