Una de las externalidades positivas de esta extensa cuarentena ha sido, sin dudas, el tiempo que le dedicamos a la reflexión. En ese contexto, la crisis que ha generado (y seguirá generando) la pandemia, interpela a los Gobiernos de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma, en pos de desarrollar una alternativa de gobernanza (que cruza factores jurídicos, políticos, sociales, económicos y urbanos) en el territorio conocido como “amba”. Para ello, resulta indispensable apelar a renunciamientos locales, en beneficio de la sociedad toda, sin exclusiones.

El desafío es entonces, marcar una senda que permita un cambio sustantivo urbano, a los efectos de frenar el deterioro exponencial de los denominados “barrios vulnerables” y el caótico sistema de traslado de quienes los habitan, a través del servicio público de transporte.

Como bien pondera la Secretaría de Integración Socio-Urbana el Ministerio de Desarrollo de La Nación: “Se considera Barrio Popular a los barrios vulnerables en los que viven al menos 8 familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más, de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal)”.

Así las cosas, en el marco de la Ley 27.453 (votada en forma unánime durante el gobierno anterior), el Programa de Integración Socio-Urbana (PISU), la mentada Secretaría informa que anhela “intervenir de manera multidimensional para la integración de los barrios, en articulación con provincias y municipios, y establece la constitución de un Fideicomiso para su financiamiento”.

Esto es, la misma “sustentabilidad” que invocó el Ministro Guzmán como requisito indispensable para acordar la refinanciación de la deuda externa,  aplica también –de manera indubitable- para la deuda social que esta pandemia tornó indisimulable.

Los consejos de Perón y Alberdi

La crisis descripta, nos obliga a retomar los consejos –antes bien, sentencias adaptadas a estos tiempos- de Perón y Alberdi; porque si no nos cuidamos entre todos, no sobrevivimos,y una excelente forma de cuidarnos es poblar con sustentabilidad nuestro territorio.

Las recurrentes y anárquicas tomas de tierras, obliga a la sociedad toda, a propiciar un acuerdo social que implemente una política de migración social hacia lugares donde se pueda generar una población sustentable. Alberdi hablaba de “franquicias que hagan olvidar al extranjero de su condición”. En este caso, hay que persuadir a los sectores más vulnerables, para que se incluyan en un proyecto integrador, a partir de las ventajas del proceso migratorio a proponer y desarrollar.

También es bueno recordar a Schumacher, quien en 1973 planteó en su libro “Lo pequeño es hermoso: Economía como si la gente importara”, la necesidad de una profunda reorientación de los objetivos de nuestra economía y nuestra técnica para ponerlas al servicio -y a la escala- del hombre.

Ese norte parece buscar el dirigente social Juan Grabois, cuando plantea la creación de cuatro millones de puestos de trabajo y la fundación de pequeños pueblos como mencionó en Agro Córdoba el 28 de mayo .

Hernán Maurette en una columna en el diario La Nación, abona los dichos de Grabois al expresar “el contexto sanitario exige empezar a pensar en la necesidad de redistribuir a la población en el territorio argentino. Tamañas ciudades son insostenibles debido al impacto ambiental que producen y son inconvenientes en cuanto a su gran exposición poblacional a riesgos antrópicos o naturales. El envenenamiento aéreo o del agua causado por un accidente humano, otra pandemia o una acción deliberada pondrían en jaque a más de un tercio de los argentinos.

Semejante concentración poblacional es una debilidad por donde se la mire, pero si cambiamos la perspectiva podemos ver la oportunidad. Los argentinos somos 40 millones, de los cuales 36,5 viven en ciudades (15, en el área metropolitana de Buenos Aires) y 3,6, en el campo; y de esa población, 1,3 viven en forma agrupada en pequeñas poblaciones. El desafío no es la cantidad de gente, sino la amplia extensión territorial.”

 

Dejar la miopía ideológica

Como vemos, la crisis económica y social que con tanta crudeza explicita la pandemia, nos interpela a generar acuerdos sin miopías ideológicas, en un derrotero que nos conduzca hacia un nuevo modelo social y urbanístico, que en el marco de consensos sustantivos, genere una suerte de éxodo multisectorial, que con el antes referido apoyo gubernamental, pueda fundar nuevos modelos poblacionales.  Todo ello, en un desarrollo debidamente explicitado y a partir de la insoslayable adhesión de los sectores sociales, al proceso migratorio a desarrollar.

La necesidad de esta nueva urbanidad, amerita el urgente dictado de una legislación moderna y adecuada en materia de autonomía municipal, deuda también pendiente en la Provincia de Buenos Aires.

Impedir la reelección continua de los Intendentes y garantizar el giro automático de algunos impuestos, son apenas el inicio de un proceso que debe ser mucho más ambicioso y omnicomprensivo.

Ello así, porque tanto en las elecciones comunales de 2015 y de 2019, constatamos numerosos ejemplos de cómo una buena gestión de cercanía de los gobiernos locales, puede resultar una verdadera superación de diferencias sociales, económicas y políticas, inimaginables a nivel nacional o provincial. Cuanto más autónomos sean los gobiernos locales, más posibilidades de atender y entender las necesidades de la vecindad por venir.

No creo que una ley por sí sola, genere grandes mutaciones sociales, pero muchas veces la audacia de un legislador puede transformarse en un vector sustantivo, para consolidar el reclamado sendero hacia una nueva urbanidad más sana y sustentable. Con arreglo a la inteligencia delineada, no resulta descabellado proponer una norma como la prevista por la Constitución uruguaya de 1997 que establece: "La elección de los Intendentes, de los miembros de las Juntas Departamentales y de las demás autoridades locales electivas, se realizará el segundo domingo del mes de mayo del año siguiente al de las elecciones nacionales”.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, la medida significaría separar e independizar las elecciones a Intendente y Concejales de las de Gobernador y Presidente.

Va de suyo, que todos estos cometidos no podrán avanzar sin un consenso pleno y concreto de todos los sectores involucrados, en un proyecto generoso que reconozca que su ejecución implicará un aporte financiero y comunitario, que superará, con holgura, el mandato de varios gobernantes y –esperemos- nuestra malhadada grieta.

 

* Abogado