"No hay transición" repiten como un mantra el presidente Mauricio Macri y sus ministros. "No hay transición", dicen, porque "la elección no sucedió". Sin embargo, en todos los niveles del Estado la transición está en marcha. Es una transición que incluye algunas conversaciones entre los funcionarios salientes y quienes creen que los reemplazarán después del 10 de diciembre, para ir acordando los términos del traspaso; que además contempla reacomodamientos al interior de la coalición Cambiemos para rearmarse como oposición; pero que también muestra los preparativos de un gobierno que sabe que está de salida y que busca refugiarse en la que cree será su última trinchera: la Ciudad de Buenos Aires.

En Horacio Rodríguez Larreta están depositadas no sólo las esperanzas de muchos de los funcionarios que hoy ocupan lugares en el Estado Nacional o en la provincia de Buenos Aires y que procurarán retomar tareas en la Ciudad para no volver al llano, sino también la estrategias del sector del oficialismo que apunta a tejer un entramado jurídico de protección para algunas de las figuras del elenco gobernante.

En los últimos días, empleados porteños afiliados a la Estado'>Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE) recibieron un aviso de sus superiores: el Gobierno, les dijeron, se prepara para poner en marcha una ley aprobada en la Ciudad durante la gestión de Macri como jefe comunal para crear la Inspección General de Justicia (IGJ) porteña. Esa norma fue sancionada por la Legislatura en 2008 y hace una década que está paralizada judicialmente por un planteo de la entonces fiscal ante la Cámara en lo Civil y Comercial, Alejandra Gils Carbó, luego continuado por su sucesora, Gabriela Boquin, y que espera resolución desde hace tres años en la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Después de las elecciones primarias del 11 de agosto, la recorrida del expediente parece haber salido de su letargo pues, según las instrucciones que recibieron los trabajadores porteños, estaría pronta a desembocar en un fallo favorable a las intenciones del macrismo. ¿Por qué el apuro por la IGJ porteña? Entre los fiscales hay fuertes sospechas de que el oficialismo aspira a que queden bajo la órbita de la Ciudad dos temas de muchísima sensibilidad para el Presidente: las presentaciones que debe hacer la familia Macri por la causa Correo Argentino -hoy con la matrícula cancelada en la IGJ y por lo que no puede siquiera cambiar autoridades- y la registración y el control sobre las sociedades off shore.

La causa Correo es una de las que mayor preocupación le genera al propio Macri, aunque los últimos movimientos del expediente parecen haber llevado algo de sosiego al entorno presidencial. La designación de un coadministrador para la empresa fue leída en clave positiva por los abogados de los Macri. Esa suerte de intervención quedó a cargo de Carlos Ángel María Ferrario, un ex juez especializado en el asesoramiento jurídico a empresas, designado sin sorteo. Según fuentes judiciales con acceso al expediente, no hubo ante su nombramiento ninguna objeción de la empresa. Es más, la sociedad bajo control de la familia Macri confía en que el interventor validará lo actuado.

Los preparativos para mantener el control post diciembre sobre algunos de los papeles que más preocupan a Macri tienen su réplica en otros distritos. La gobernadora María Eugenia Vidal intenta por estas horas nombrar a 18 jueces en la provincia de Buenos Aires, antes de tener que dejar el cargo; mientras apuesta por hacer una elección que al menos mantenga los números que consiguió en agosto para intentar retener la mayoría en el Senado bonarense y obstaculizarle al peronismo el quórum propio en Diputados.

En Mendoza, el gobernador radical, Alfredo Cornejo, da su propia batalla por la permanencia. Por un lado, su delfín, Rodolfo Suárez, buscará el domingo ser electo para sucederlo al frente del Ejecutivo local. Enfrenta a Anabel Fernández Sagasti, integrante de La Cámpora y envalentonada por la ola de adhesiones que generó Alberto Fernández después de las PASO. El candidato a presidente del Frente de Todos estará hoy con la candidata a gobernadora y con otra decena de mandatarios provinciales en Mendoza para darle el envión final a Sagasti. Los números, sin embargo, no le sonríen a la retadora. El Frente de Todos no hizo una mala elección primaria provincial (sumó 35 puntos frente a los 42 de Cambiemos). A eso se sumó que luego Alberto Fernández se impuso sobre Macri en la provincia por 3 puntos. Los dos datos esperanzaron al peronismo con un resultado de batacazo. Pero los últimos sondeos muestran que se le dificultará llegar a ese número que soñaba para quedarse con la Gobernación.

La resolución de la elección mendocina determinará, además de la Gobernación, el lugar que Cornejo, titular de la UCR a nivel nacional, peleará desde el 10 de diciembre cuando (según dijeron las PASO) asumirá como diputado nacional del radicalismo. Las opciones son: disputarle la jefatura del bloque en la Cámara baja a Mario Negri (algo a lo que el cordobés se adelantó, poniendo en marcha un previsor recuento de votos que, dice, le es favorable) o permanecer al frente del partido (lugar que también tiene otros aspirantes, como el jujeño Gerardo Morales, el bonaerense Ricardo Alfonsín y hasta -impulsado por Enrique "Coti" Nosiglia- el porteño Martín Lousteau). Cornejo deberá batallar no sólo con ellos sino también con el sector interno que le desconfía por haber sido el gran operador mendocino de la Concertación Plural que diseñó en 2007 con el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández. "íEs el ex socio de Alberto! Un déjÓ vu total", se agarran la cabeza algunos radicales.

De cómo se defina el nuevo mapa en el radicalismo dependerá en parte el perfil de la oposición que tendrá el nuevo gobierno. El debate hoy es doble: Cambiemos no sólo no sabe si será una oposición moderada, como conversa Emilio Monzó con Larreta, o si será combativa, como augura Elisa Carrió. Tampoco sabe permanecerá unido. Esta última respuesta es la de más cercana resolución: el 27 de octubre a la noche comenzará la discusión.

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