Debido al recrudecimiento de los casos de Covid-19 en el mundo , se ha vuelto más evidente la falta de aprovisionamiento de vacunas . Mucha gente se comienza a preguntar dónde están y por qué es tan difícil conseguirlas.

 

Según la People's Vaccine Alliance, una coalición entre Amnistía Internacional, Oxfam y Global Justice Now , los países más ricos del mundo (en donde radican las empresas farmacéuticas más importantes) adquirieron el 53% de las vacunas para combatir el Covid-19, mientras que se estima que otros países deberán esperar hasta 2023 para conseguirlas. Esto permite concluir que la decisión de distribución de las vacunas recae en los países más desarrollados y abre el debate sobre las patentes.

 

En este sentido, se instaló un enfrentamiento entre quienes defienden los derechos de propiedad en los productos farmacéuticos (países ricos y dueños de los laboratorios) y quienes piden que son accesibles a través de la liberación del conocimiento detrás de las vacunas, de manera que permiten la producción en otros países del mundo, tal como lo solicitaron Sudáfrica e India a la Organización Mundial de Comercio (OMC). Si bien es cierto que actualmente los laboratorios (que ya están produciendo la vacuna) manifestaron limitaciones en la capacidad productiva (problemas de escala, falta de insumos), se argumenta que de liberalizarse las patentes se podría ayudar a hacer más equitativa la producción y la distribución.

 

Ahora bien, ¿cómo operan este tipo de herramientas en la industria farmacéutica? En principio, debemos saber que se trata de un derecho exclusivo que se le da al inventor de un nuevo producto o tecnología , para que pueda explotarlo por un tiempo limitado. De esta manera, se le otorga al creador de una idea / descubrimiento el monopolio temporal de ésta, lo que les permite controlar tanto precio como producción, opera como incentivo a las tareas de investigación y desarrollo, al asegurarle una ganancia al inventor.

 

Este Último punto es de suma Importancia, ya que esta industria depende mucho más que otras de I + D . Destinan gran parte de su presupuesto a investigar e innovar para desarrollar nuevos medicamentos y tratamientos. Pero estas investigaciones son altamente riesgosas, no siempre llegan a buen puerto, cuentan con un promedio de 10 años de duración, en los cuales se destinan millones de dólares mientras se mantiene la incertidumbre de si el resultado será efectivo o no. Todos los costos que afronta la industria deben ser aplicados a los productos que venden, caso contrario, ¿se embarcarían en una nueva investigación?, ¿Habría avanzado la industria de no haber sido posible el recupero de esos gastos?¿Qué pasaría si un laboratorio logra conseguir una vacuna eficaz, con el desarrollo y los gastos detrás de que mencionamos anteriormente? ¿Le brindarán “la receta” a otros laboratorios para que puedan imitarlos, aprovechándose así de sus gastos, tiempo y esfuerzo? El mercado nos muestra que esto no sucede, por el contrario, se cuenta con un régimen de patentes que protegen el descubrimiento de un producto para que no pueda copiarse.

 

Compra de vacunas

 

Ahora, ¿qué pasa cuando parte del financiamiento necesario para el desarrollo de la vacuna nace de los Estados? ¿Son las farmacéuticas “dueñas” del know how ?

 

Este es un punto importante, dado que críticos señalan que estas empresas al haber recibido miles de millones de fondos públicos, principalmente de Estados Unidos y Europa, para el desarrollo de las vacunas, deberían divulgar la información en un marco de solidaridad para con los estados más pobres. En este sentido, cabe preguntarse, ¿es eficiente dejar que las vacunas se distribuyan en los países más desarrollados mientras que tantos otros pueden hacer que la pandemia se prolongue indefinidamente, con la aparición de mutaciones que atenten contra la efectividad de las mismas?

 

Campaña de vacunación en la Amazonia . Foto: Xinhua 

 

Además, hay quienes argumentan que se trata de un bien común y que por ello, no debería estar atado a la obtención de ganancias.

En su defensa, las farmacéuticas indican que el problema de la provisión de vacunas no son las patentes, sino la capacidad para producir masivamente. Pero, dado el problema de escala, ¿no sería mejor permitir que otros países colaboren con la producción?

 

A esta altura, creemos importante reconocer que los derechos de propiedad son necesarios para incentivar la investigación y el desarrollo. Por el contrario, ¿qué pasaría si se suspenden y en unos años nos enfrentamos a otra pandemia? ¿Cuáles serán los incentivos para que los laboratorios con mayor capacidad desarrollen una nueva vacuna?

 

Dado el debate aquí sucinto, consideramos necesaria la generación de nuevas herramientas, que aporten un estado intermedio que permita pensar en un esquema colaborativo, que preserve los incentivos a la vez que habilite que, en contextos especiales como este, se pueda flexibilizar y llevar a un escenario de cooperación de la producción. Sabemos que en esta línea avanzó la Organización Mundial de la Salud con el mecanismo C-TAP, que es un Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la Covid-19, en donde se recopilaría todo el conocimiento, datos y propiedad intelectual relacionados con los avances tecnológicos para la lucha contra el Covid-19 con el fin de aumentar la producción, la disponibilidad y la asequibilidad. Lamentablemente, este programa ha fracasado hasta ahora, ya que ningún país ha compartido información relevante, y es por ello que el debate recae entre ricos y pobres, y vira desde la esfera económica y social a la política, impidiendo así una salida global al problema . La solución debería ser entre todos y para todos.

 

 

* Economistas, integrantes de Paridad en la Macro

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