La economía tiene hoy algunos grados más de estabilidad que hace un par de meses atrás, básicamente porque el BCRA, en septiembre, por primera vez en el año, logró acumular reservas genuinas y fortalecer su posición, cerrando el mes con USD 544 millones más de reservas brutas que el mes anterior.  No obstante, persisten algunos riesgos: si se acelera la tasa de devaluación del tipo de cambio oficial, eso seguiría poniendo presión a la inflación, en general, y al precio de los bienes transables, en particular.

Un tema, éste último, de especial relevancia ya que estamos en el terreno de los precios de los alimentos. Frenar la inflación en el rubro es clave. No solo porque es el que, por su peso ponderado, más contribuye, mes a mes, a la inflación general. Sino por lo que, al fin de cuentas, más importa: la inflación en alimentos está en la base de la pobreza y, sobre todo, la indigencia.

Esto nos conduce a posar la atención en el principal problema que tenemos: la caída -muy prolongada en el tiempo- de los salarios e ingresos, se la mida como se la mida: en dólares, en poder de compra, o desde el punto de vista de la distribución entre ganancias y salarios, una dimensión fundamental. Es que la distribución empeoró, casi ininterrumpidamente, desde 2016. Traducido: desde que se produjo la restauración neoliberal, los trabajadores y trabajadoras no hemos dejado de perder.

 

Salarios e ingresos

 

Ese derrumbe de los salarios e ingresos, de la mano con la escalada inflacionaria, es inescindible de 2 circunstancias: primero, la brutalidad devaluadora del gobierno de Macri (más de 500% fue la variación que sufrió el tipo de cambio, peso contra dólar); después, durante el gobierno del FdT, la ausencia de mecanismos eficaces para desenganchar la dinámica de los precios internacionales en la pospandemia (fines de 2020 y 2021) y comienzos de este año con la guerra, y, más recientemente, cuando los precios internacionales dejaron de subir, de la debilidad del BCRA (fundamentalmente por la existencia de distintos mecanismos de fuga y una situación de endeudamiento no solo público, sino de empresas, que se llevaron una friolera de dólares, todo en el contexto de un país con la oferta de divisas absolutamente privatizada, hecho que los “dueños” de los dólares hicieron y hacen valer cada vez que el BCRA se queda sin espalda para defender el valor de la moneda). 

Dejemos claro que la relación entre devaluación y salarios reales es inversa, o sea que si hay devaluación, hay caída de los salarios e ingresos reales. Las devaluaciones alteran la distribución en toda la economía, primero entre el capital y el trabajo y, después, intersectorialmente. Por supuesto, en contra de los trabajadores, y, dentro del capital, en contra del pequeño capital nacional que produce para el mercado interno.

Esta apretada síntesis debería bastar para entender por qué resulta clave que el BCRA fortalezca su posición de reservas; por qué el costo de no haberlas acumulado en 2020 y 2021, con un buen nival de superávit comercial, es tan alto y por qué el endeudamiento y la liberalización cambiaria y financiera son incompatibles con la estabilidad económica y social de la Nación.

Por supuesto, en este río revuelto, aparecen abusos en empresas y sectores, que ameritan otro tipo de intervención -digamos- más micro. Pero apuntemos esto: sin estabilidad cambiaria estos esfuerzos pueden correr el riesgo de ver disminuida su efectividad.

Lógicamente, la persistencia de tasas altas de pobreza y la mayor incidencia de la indigencia, tiene que ver con el deterioro salarial y de ingresos, que está provocando, además, otras perturbaciones, que se vienen consolidando en el mercado de trabajo, donde cae la tasa de desocupación, pero con trabajadores pobres, con salarios pauperizados y con precarización de los empleos creados. Esto tiene correlato en la “presión laboral”, el fenómeno de una creciente cantidad de argentinos, no solo desocupados o subocupados demandantes, sino también ocupados demandantes, trabajadores con ocupación plena que igual buscan trabajo. La respuesta al por qué es obvia: lo que ganan no les alcanza.

Reclamos salariales 

En este contexto, los esfuerzos propagandísticos por instalar etiquetas estigmatizantes que califican, a repetición, de “violentos” y “delincuentes” a trabajadores y trabajadoras que reclaman por recuperar una mínima parte de lo perdido es, cuanto menos, de un enorme cinismo.

Sin ir más lejos, la SRA y el capital agroexportador paralizaron el país en 2008 porque, con precio récord de la soja, no querían pagar derechos de exportación con alícuota móvil (paréntesis: si hubiéramos tenido ese instrumento en 2020 y, especialmente, en 2021 y principios de 2022, nos hubiera evitado dar otro salto inflacionario en estos últimos años). En ese entonces, los que cortaban rutas e impedían la tan valorada libre circulación, no eran caracterizados como delincuentes ni violentos. Tampoco ahora, cuando los que señalan a los trabajadores corren a sacarse fotos en los “tractorazos”.

Queda en evidencia que existen sectores en nuestro país, de los que Juntos por el Cambio es la expresión mayoritaria, que conciben un orden social donde el poder económico es el único  legitimado para imponer su posición y exigir el mantenimiento del statu quo. En cambio, el 95% restante, no tiene legitimidad para exigir ni participar de las decisiones, y si lo hace, se trata de delincuentes que se atribuyen un derecho que el dios dinero no les dio, aunque la Constitución diga lo contrario. Podría llamarse despotismo, autoritarismo, totalitarismo, pero seguro no se llama democracia. Ese es el mensaje que están construyendo. Así terminamos en el 1 de septiembre. Y en la revelación del accionar de focos neonazis que operan en la Argentina, impulsados, financiados... esperemos que “la justicia” diga por quién.

El modelo de Estado que esos sectores promueven es el de uno que operativice el “cárcel o  bala” contra el que se atreva a exponer las injusticias. O sea, un estado represivo.

Si queremos una Democracia y paz social en la Argentina, es indispensable reconstruir un pacto distributivo y respetarlo. Y esto, que representa el fondo del problema inflacionario, no se resuelve con el limitado herramental que maneja la ciencia económica. Menos con cárcel. Y menos con balas. Una vez más: la solución es política.

 

* Economista Jefa de Proyecto Económico. Diputada Nacional MC Unidad Ciudadana.