Desde la asunción de la actual administración nacional, en diciembre de 2023, diversos funcionarios, periodistas y hasta usuarios de redes sociales repiten un mismo eje de gestión: la reducción del gasto público como condición indispensable para alcanzar el ansiado equilibrio fiscal. Sin embargo, este planteo abre dos interrogantes centrales: ¿qué sentido tiene sostener a rajatabla el superávit si cada vez más compatriotas quedan fuera del sistema? y, en paralelo, ¿qué ocurre con los puestos de trabajo y los salarios de aquellos que se desempeñan en el Estado?

Según un informe del CEPA, el empleo público nacional muestra un recorte sostenido desde el inicio de la gestión libertaria. Entre noviembre de 2023 y junio de 2025 se perdieron 54.176 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 15,8% en la dotación total de personal. Las empresas y sociedades del Estado fueron las más afectadas, con 17.917 bajas registradas, seguidas por la administración descentralizada (organismos y entes públicos con autonomía técnica, administrativa y financiera), que también evidencian una merma significativa y que contabilizan 16.639 bajas.

Cuántos empleados fueron despedidos

Ese mismo informe detalla casos particularmente preocupantes dentro de las empresas estatales. A la cabeza aparece el Correo Argentino, con 4.916 bajas, seguido por la Operadora Ferroviaria (2.801 desvinculaciones) y el Banco Nación (1.831 despidos). El listado se completa con Aerolíneas Argentinas, que registró 1.768 bajas, y AYSA, con 1.594 trabajadores menos.

Más allá de la magnitud del ajuste y de la cantidad de personas que pierden su fuente de ingresos, se trata de compañías estratégicas: garantizan conectividad territorial y federal, la distribución de documentación, el soporte de los procesos electorales y, en el caso de AYSA, el abastecimiento y el saneamiento de agua potable en el AMBA.

Mención aparte merece el desmantelamiento de la ex Télam, que sufrió 644 desvinculaciones. La medida significó un golpe directo sobre la capacidad del Estado de producir contenidos propios y alcanzó a una agencia históricamente reconocida por garantizar el derecho al acceso a la información en todo el país. El Presidente anunció su cierre durante la apertura de sesiones legislativas del 1° de marzo de 2024 y, pocos días después, el sitio web fue dado de baja mientras se les impedía el ingreso a los trabajadores para desempeñar sus tareas.

Finalmente, mediante el DNU 548/2024, el 28 de junio se reabrió bajo otra denominación: "Agencia de Publicidad del Estado SAU". Su nueva misión, enfocada en la publicidad y en la propaganda, marca un quiebre sustancial respecto de los objetivos que alguna vez definieron a Télam.

Todo este proceso de reconversión implicó además un recorte del 80% de su personal. Lejos de responder a la búsqueda de superávit fiscal, este vaciamiento parece estar más vinculado con una estrategia de disputa en el terreno de la batalla cultural.

El cierre de Télam desarticuló de manera estructural la capacidad del Estado para comunicar desde una perspectiva federal y soberana, en un escenario en donde los medios privados carecen de incentivos económicos para reflejar las realidades del interior del país.

Cómo se evalúa a los empleados

En la órbita de la administración pública, tanto centralizada como descentralizada, el ajuste en el personal también fue de gran magnitud, registrando más de 31.000 desvinculaciones. Durante todo el 2024, los trabajadores contratados bajo el artículo 9° de la ley 25.164 atravesaron renovaciones trimestrales de sus contratos, lo que generó un clima constante de incertidumbre.

Como si esto fuera poco, en diciembre de ese mismo año tuvieron que rendir un examen de idoneidad para poder continuar en sus puestos de trabajo. Sin embargo, la evaluación distaba mucho de medir capacidades técnicas relacionadas con el funcionamiento específico de la administración pública: se trató de entre 20 y 24 preguntas de opción múltiple con consignas de comprensión lectora y razonamiento matemático que recordaban más a los acertijos de revista que a un examen profesional.

La buena noticia fue que más del 93% de los trabajadores aprobó la evaluación, demostrando no solo su idoneidad sino también la resiliencia con la que enfrentan el desprecio sistemático que reciben desde distintos frentes: redes sociales, Federico Sturzenegger, Manuel Adorni e incluso el propio Javier Milei.

Si bien desde la página oficial del Ministerio de Desregulación se exhibe como un logro de gestión el ahorro anual de USD2.106 millones producto de la reducción de la planta del sector público, lo que ese número omite es que detrás de la cifra hay más de 54.000 personas que perdieron su fuente laboral. A la par, el recorte está desmantelando de manera paulatina las capacidades tanto operativas como logísticas del Estado, debilitando así su posibilidad de brindar servicios esenciales.