Argentina se prepara para debatir una reforma laboral que, por primera vez, incorpora explícitamente el trabajo en plataformas digitales. No se trata de un sector marginal ni de una discusión técnica: lo que está en juego es el modelo de organización del trabajo en la economía digital.

El proyecto presentado por el oficialismo introduce la figura del prestador de servicios independiente de plataformas tecnológicas, eliminando cualquier presunción de relación laboral con empresas como Rappi o PedidosYa. El mensaje es claro: más flexibilidad, menos derechos. Pero la experiencia concreta de quienes trabajan en estas aplicaciones muestra que esa autonomía es, en gran medida, formal.

Las plataformas gestionan el trabajo mediante algoritmos que asignan pedidos, fijan prioridades, aplican sanciones y pueden bloquear cuentas sin intervención humana. La posibilidad de "conectarse y desconectarse libremente" convive con sistemas de ranking y métricas que castigan el rechazo de pedidos y premian la disponibilidad permanente. En un contexto de inflación persistente y pérdida del poder adquisitivo, esta flexibilidad se traduce en jornadas más largas, ingresos inestables y una transferencia sistemática de riesgos hacia el trabajador.

Esta dinámica fue documentada en el segundo Reporte de Fairwork Argentina, una investigación producto de la colaboración entre el Oxford Internet Institute y el Centro de Investigaciones en Administración Pública que evalúa las condiciones laborales en plataformas digitales. "Una regulación que no contemple la gestión algorítmica, las condiciones reales de trabajo y las formas contemporáneas de subordinación digital puede terminar legitimando una flexibilidad sin derechos", señala el estudio.

Uno de los principales argumentos para justificar este encuadre es que la mayoría utiliza estas aplicaciones de forma "part time". Sin embargo, ese supuesto desconoce la realidad actual del mercado laboral argentino. El pluriempleo crece, los salarios pierden capacidad de compra y cada vez más personas combinan dos o tres trabajos para sostener sus ingresos. En este escenario, el trabajo en plataformas deja de ser complementario y pasa a ser estructural, sin que existan garantías mínimas que limiten la intensificación del tiempo de trabajo.

La reforma también propone que las plataformas informen los motivos de suspensiones o bloqueos y ofrezcan un seguro mínimo por accidentes. Son avances parciales, pero insuficientes. El problema no es solo la falta de notificación, sino la opacidad de los sistemas que deciden quién trabaja, cuándo y en qué condiciones. Informar una sanción no evita su arbitrariedad si no se transparentan los criterios algorítmicos ni se garantiza una instancia real de apelación.

El debate excede a repartidores y conductores. Las lógicas que hoy se naturalizan en las plataformas -asignaciones de pedidos y precios mediante algoritmos, evaluación permanente, bloqueos automáticos sin justificación- ya se expanden al trabajo profesional remoto y a múltiples actividades mediadas por tecnología.

Regular plataformas es regular el futuro del trabajo

Argentina enfrenta una decisión política de fondo: utilizar la normativa para proteger al trabajador en la transición digital, o para legitimar un modelo de flexibilidad sin derechos. Orientar el debate público hacia la validación de la desregulación laboral no moderniza el empleo: institucionaliza y legitima su fragilidad.