Si alguien quiere poner incómodo a un juez nacional, hay dos cosas que puede decirle: que le van a descontar de su sueldo el impuesto a las ganancias, o en su defecto, que va a pasar a ser un juez de la Ciudad de Buenos Aires. Los magistrados del ámbito nacional toman esto último como una capitis diminutio, una reducción jerárquica.

En las últimas horas y al borde de obtener mañana media sanción a la ley de reforma laboral en el Senado, el gobierno puso con todo el acelerador con el traspaso de la Justicia del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

A última hora de ayer, en un Boletín Oficial suplementario, de esos que se publican cuando hay apuro para algo, el presidente Javier Milei invistió al Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, para suscribir el acuerdo de traspaso de competencia del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires. Esta mañana, sin dilaciones, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, hizo saber en su cuenta de la red X que dicho acuerdo estaba suscripto y solamente dos horas después, tal instrumento ingresó al Senado para su aprobación. Como una exhalación.

Falta una medida para que los jueces del Trabajo sientan la tormenta desatándose sobre sus cabezas: una eventual ampliación del temario de las sesiones extraordinarias para que el Congreso trate en estos próximos días, la eventual aprobación del mentado acuerdo.

¿Qué hay detrás? Evidentemente una tensa relación entre el Ejecutivo y la Justicia del Trabajo respecto de las interpretaciones que la misma hace de las normativas impulsadas por la administración libertaria desde el inicio de su gestión. Vale recordar en esta instancia la declaración de inconstitucionalidad que se realizó en el fuero sobre ciertos artículos del primer DNU reformista del presidente Milei, el Decreto n° 70/2023, del cual la justicia laboral invalidó todos los artículos entre el 53 y el 97.

Si todo avanza como prevé el gobierno, la reforma laboral que tendría sanción definitiva de diputados antes de finalizar el febrero en curso, será aplicada por jueces que dependan de la Ciudad de Buenos Aires y no de la Nación. O, de lo contrario, los magistrados con poca proclividad al traspaso, podrían avenirse a una interpretación más amable a las normas impulsadas por el gobierno.