Por Ana Laura Jaruf 

Si uno mira únicamente los números, parecería que las finanzas sostenibles están perdiendo fuerza. En 2025, el mercado global de bonos etiquetados -verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad- redujo cerca de un 21% el monto emitido, hasta unos USD 850.000 millones. 

La cantidad de emisiones cayó todavía más y, dentro de ese universo, los bonos vinculados a la sostenibilidad (1) registraron un desplome superior al 40%.

A primera vista, parecería que el entusiasmo se terminó. Sin embargo, esa lectura confunde una desaceleración con un retroceso. Lo que muestran los datos es un mercado que está dejando atrás su etapa de expansión acelerada para entrar en una fase de mayor madurez.

 Durante varios años, la deuda temática creció impulsada por el interés de inversores y empresas, pero también por reglas poco exigentes y metodologías difíciles de comparar. De esta manera, muchos proyectos se presentaban como sostenibles sin que existieran criterios claros para medir su impacto. Ese modelo tenía límites.

Nuevas regulaciones 

En los últimos años esos límites empezaron a hacerse visibles. Las nuevas regulaciones, especialmente en Europa, elevaron los estándares de transparencia; los inversores comenzaron a exigir información más consistente y el temor al greenwashing dejó de ser una preocupación teórica para convertirse en un riesgo reputacional y financiero.

En ese contexto, no sorprende que los bonos verdes hayan resistido mejor que el resto. Son el segmento con estándares más desarrollados y metodologías más consolidadas, por lo que hoy concentran más del 60% de las emisiones etiquetadas. En cambio, los bonos vinculados a la sostenibilidad dependen de que las metas fijadas por cada emisor sean realmente ambiciosas y verificables. Por lo que, cuando aumenta el nivel de exigencia, son también los primeros en resentirse.

Al mismo tiempo, comienza a ganar espacio una herramienta que probablemente tenga un papel cada vez más importante: los bonos de transición. Su objetivo no es financiar proyectos completamente "verdes", sino ayudar a sectores con altas emisiones -como el acero, el cemento, la minería o el petróleo y el gas- a reducir progresivamente su impacto ambiental.

La lógica de esta herramienta es sencilla: la transición energética no ocurrirá únicamente en industrias limpias, sino sobre todo en actividades que hoy generan una parte importante de las emisiones globales. Si el financiamiento sostenible solo estuviera disponible para quienes ya cumplen con los estándares más altos, gran parte de la economía quedaría fuera del proceso de transformación. La transición necesita reconocer esos grises y financiar mejoras concretas, aunque no sean perfectas.

El rol en la región

América Latina tiene una oportunidad importante en este escenario. La región reúne sectores intensivos en emisiones -energía, minería, agroindustria y transporte, entre otros- que requieren inversiones significativas para modernizarse. Sin embargo, todavía existen pocos instrumentos pensados específicamente para acompañar esa transición.

Algunos países ya comenzaron a avanzar: Brasil puso en marcha este año su Taxonomía Sostenible, que además de criterios ambientales incorpora conceptos como la transición justa y la equidad racial; Chile y Bolivia también desarrollan marcos similares. La tendencia es el entendimiento de que ya no alcanza con distinguir entre actividades verdes y no verdes; sino que el desafío es ordenar el camino intermedio que recorrerán la mayoría de las empresas.

Argentina, por ahora, ocupa un lugar mucho más modesto. El panel de bonos sociales, verdes y sostenibles de BYMA cerró 2025 con apenas doce nuevas emisiones. Aunque el volumen colocado aumentó gracias a una operación de gran tamaño, el mercado sigue siendo pequeño y depende de iniciativas aisladas. A eso se suma una limitación importante: el país todavía no cuenta con una taxonomía nacional que establezca qué actividades pueden considerarse sostenibles o de transición. En la práctica, eso obliga a los emisores locales a apoyarse en estándares internacionales y dificulta el desarrollo de un mercado doméstico más profundo y previsible.

Hay razones para pensar que ese escenario podría empezar a cambiar. El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea incorpora compromisos vinculados al comercio sostenible y al cambio climático, lo que probablemente incentive a más empresas argentinas a mejorar la calidad de su información ambiental, social y de gobernanza para mantener su acceso a los mercados internacionales. Al mismo tiempo, el creciente protagonismo de los revisores externos independientes ayuda a fortalecer la credibilidad de las emisiones y a reducir el riesgo de greenwashing.

La principal enseñanza que deja 2025 es que las finanzas sostenibles no están perdiendo relevancia, sino que están atravesando un proceso de selección más exigente. Quizás el mercado sea hoy más pequeño que hace algunos años, pero también es más transparente, más creíble y, sobre todo, más preparado para canalizar recursos hacia donde realmente hacen falta: la transformación de los sectores más difíciles de descarbonizar y el desarrollo de las economías emergentes, donde se jugará buena parte del futuro de la transición energética.

1 A diferencia de un bono verde, que financia proyectos ambientales específicos, un bono vinculado a la sostenibilidad condiciona su costo financiero al cumplimiento de metas de sostenibilidad por parte de la empresa emisora.