Desde su impactante y sorpresivo triunfo en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias hasta estos días, en los que ya se cumplió un mes de su llegada al Gobierno, las y los integrantes de La Libertad Avanza han manifestado su adscripción al liberalismo.

En términos clásicos, en el terreno social esto implica el respeto y la defensa de los derechos individuales, mientras que en el ámbito económico priman el respeto por la propiedad privada y la pugna por la implementación de un sistema de libre mercado.

"El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad", supo sintetizar el Presidente en su frase más citada.

En este sentido, esta corriente de pensamiento supone que el mercado tiene un rol emancipatorio: de no mediar ninguna intervención externa, el mercado posee características autorregulatorias (su "mano invisible") que aseguran un empleo a quien lo requiera, de manera que todas las personas encuentren los medios para asegurar su propia supervivencia y su bienestar. De igual manera, el precio de todos los otros bienes se equilibraría en un juego de oferta y demanda, dejando reservado para el Estado un papel accesorio.

Cabe destacar que estas ideas, en su máxima expresión, han resultado impracticables a lo largo de la historia, dado que implican, entre muchas otras cosas, el total desamparo de quienes, por distintos motivos (enfermedad, edad, etcétera), no pueden acceder al mercado de trabajo.

Los liberales tradicionales, entonces, han aceptado al bien común como un valor a resguardar y que requiere la intervención estatal. De esta forma, el proyecto de país que fomenta el nuevo gobierno se corresponde con una corriente particular y extrema dentro del liberalismo que jamás se ha implementada en la historia, denominada "anarcocapitalismo".

Desde el inicio de la campaña electoral, La Libertad Avanza ha repetido estas ideas en entrevistas periodísticas, debates presidenciales y, ahora, discursos oficiales. Sin embargo, parece obviarse un detalle que dista mucho de ser solamente una cuestión semántica. La opción de una menor intervención estatal es una intervención en sí misma. La cantidad de medidas que el Gobierno tomó durante su primer mes de mandato (la firma de un decreto de necesidad y urgencia con más de 300 artículos que derogan o modifican leyes que atañen a los temas más diversos y el envío al Congreso de la denominada ley ómnibus, por citar las de mayor trascendencia en los medios) parecen ser decisiones políticas muy conscientes, a la vez que muy alejadas, sobre el objetivo del Estado como salvaguarda del bien común.

El debate sobre la Ley Ómnibus

Como algunos ejemplos entre muchos, tómense la derogación tanto de la Ley de Manejo del Fuego como de la Ley de Tierras y de la Ley de Alquileres y la reforma laboral, que por el momento frenó la Justicia. Tal como explican múltiples economistas, de no haber modificaciones significativas en las medidas que se vienen tomando, Argentina se encamina hacia una "recesión planificada" que combina inflación y estancamiento. Nuevamente, la utilización de este término no es un asunto semántico sino que pone en un lugar central la decisión política necesaria para que esto ocurra.

La disposición del Gobierno de disminuir el gasto público está resultando en el despido de miles de trabajadores estatales en un lapso tan breve que permite preguntarse si realmente hubo un análisis de sus tareas. Sin embargo, lo que verdaderamente sostiene la disminución del gasto público (y que generará un incremento del desempleo) es la decisión de discontinuar la obra pública. Esto se suma a la licuación del salario real, en un escenario sin grandes estímulos para la negociación paritaria y perjudicado aún más por el aumento del desempleo, lo que redundará en una disminución del consumo.

Una vez más, y bajo la pretensión de minimizar el protagonismo del Estado (cargada del mismo, pero contrario, prejuicio ideológico acerca del rol del Estado del que tanto acusaron a sus rivales políticos) se toman decisiones cuyas consecuencias serán perjudiciales para la sociedad, van en contra del bien público y, especialmente, de las que son plenamente conscientes.

En suma, el Gobierno parece estar dispuesto a intervenir cada vez que las decisiones de otras instituciones no acompañen sus medidas (para muestra basta pensar en la amenaza formulada por el Presidente de realizar un ajuste mayor si el Congreso no aprueba su ley ómnibus). La opción por la no intervención que pregona La Libertad Avanza es, ante estos primeros pasos dados, cuanto menos discutible. Pero resulta fundamental destacar que no intervenir no significa únicamente dejar toda cuestión en manos del mercado para que, naturalmente, alcance su punto de equilibrio sino que implica permanecer imperturbable e inconmovible frente a quienes, por motivos diversos, se vean desfavorecidos por los designios del mercado.

 

* María Eugenia Cingolani es licenciada en sociología. Se especializa en temáticas de formación para el trabajo y equidad en la industria nacional.

** Julieta Montecchia tiene formación en ciencias sociales y de la salud.