Al cumplirse 208 años de la declaración de independencia, en la que el Congreso de Tucumán decidió romper los vínculos de las Provincias Unidas del Río de la Plata con la corona española y rechazar cualquier otro tipo de dominación extranjera, se vuelve importante reflexionar acerca del concepto de independencia y de otros muy asociados a él, como el de libertad. En una mirada rápida, estas nociones pueden aparentar ser ideológicamente neutras, incluso objetivamente positivas, y alcanzarlas puede parecer unánimemente deseable, puesto que ¿quién no querría ser independiente?, ¿quién no querría ser libre?

Sin embargo, como explicó el lingüista ruso Valentín Volóshinov, los conceptos son un producto social en el que se intersecan los intereses ideológicos de distintos grupos. Sobre cada uno de esos conceptos o ideas, cada grupo busca imponer la acentuación que responda a su propio pensamiento, de manera tal que parezca que no tiene otra explicación o interpretación posible. Por poner solamente un ejemplo, la libertad a la que en 1819 aludió José de San Martín en su famosa proclama “seamos libres y lo demás no importa nada”, ¿refiere al mismo concepto que hoy escuchamos al final de cada aparición presidencial, bajo el grito “viva la libertad, carajo”?

Establecer los valores que representa ese tipo de declamaciones resulta indispensable para comprender el proceso que se está llevando adelante. En 1816, se proclamaba la libertad para un grupo de pueblos sin una identidad nacional aún; una situación muy distinta a la actual. En esta línea, es importante destacar que las nociones de independencia y libertad son relacionales, adquieren sentido al definir tanto al actor político que las declara como al que se coloca en la vereda de enfrente.

Entonces, mientras en 1816 cabía cuestionarse si el grito de independencia incluía también a, por ejemplo, criollos y mujeres, hoy corresponde preguntarse la libertad de quiénes es la que se pregona con tanta efusividad. Teniendo en cuenta las acciones llevadas a cabo hasta el momento por el gobierno de La Libertad Avanza, es posible aventurar la siguiente respuesta: en primer lugar, la disolución del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad -criticado por ineficaz, pero a la vez, sin ser reemplazado por ninguna propuesta dirigida hacia las problemáticas del sector-, junto con el abandono de muchas políticas asociadas al cuidado dan cuenta de que las mujeres y las diversidades no pertenecen al grupo que el gobierno busca representar.

Los despidos masivos en la Agencia Nacional de Discapacidad y sus dependencias territoriales distribuidas en todo el país hacen pensar que las personas con discapacidad tampoco son un objetivo importante de la tan mentada libertad. Por su parte, las jubilaciones siguen sin recomponerse y la vigencia de la moratoria previsional, una herramienta ampliamente utilizada, se encuentra amenazada.

Por último, la aprobación de la Ley Bases terminó de demostrar que las PyMEs (que representan el sector que más empleo formal genera a nivel nacional) tampoco son consideradas un actor relevante. Esta ley incluye el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que busca atraer inversiones superiores a los 200 millones de dólares para los sectores minero, petrolero y gasífero y agropecuario principalmente, mediante la adjudicación de múltiples beneficios.

Si bien la mayoría de los/as economistas fuera del núcleo libertario coinciden en la necesidad de atraer capital extranjero para fomentar el desarrollo nacional, también existe acuerdo en que las condiciones planteadas en el RIGI son muy desfavorables para la industria local en particular y para el desarrollo del país en general.

Esta afirmación se sustenta en que los beneficios cambiarios, fiscales y aduaneros son excesivos, contra pocos requisitos y escasos beneficios para el Estado, que se autoimpone la prohibición, durante treinta años, de participar en rentabilidades extraordinarias. Por otra parte, y apuntando directamente al corazón PyME, no existe ninguna exigencia para estos grandes inversores de Compre Nacional (es decir, podrán importar sin aranceles desde bienes de capital hasta los elementos de protección personal para los/as trabajadores/as, independientemente de si éstos se ofrecen en el mercado local).

Tampoco se les exige realizar contrataciones de personal nacional y, por último, tanto científicos como organizaciones relacionadas con la protección del medio ambiente han advertido sobre las limitaciones que impone el RIGI al control local del impacto medioambiental de las inversiones que apunten al sector extractivista..

Estos son sólo algunos de los argumentos posibles para explicar que los conceptos que propone el gobierno de Milei se relacionan con una libertad absoluta, pero de y para los mercados, con muy pocos grises tanto desde los hechos como desde lo discursivo. A diferencia de otras derechas actuales, de corte marcadamente nacionalista, las ideas que trae este gobierno como bandera son las de libertad en el sentido de desregulación a favor del capital extranjero y la priorización de una economía exportadora de commodities, siendo los impactos que esto puede acarrear simplemente una situación a la que el resto de los actores debe adaptarse. Lamentablemente para el desarrollo de la nación, quienes sostengan esas ideas serán cada vez menos y quienes deban enfrentar las consecuencias serán cada vez más, entre los que estarán las mujeres y las disidencias, las y los trabajadores (peor aún para quienes trabajan de manera informal) y el empresariado PyME.