Personal de AFIP y agentes de la Prefectura Naval Argentina allanaron este viernes el autódromo Roberto Mouras de La Plata, entre otros procedimientos, en el marco de una causa judicial en la que se investiga una millonaria evasión fiscal, se informó oficialmente.

El autódromo se encuentra en plena actividad, ya que este fin de semana compiten las categorías del denominado "TC Mouras", fiscalizadas por la ACTC, cuyo presidente, Hugo Mazzacane, es el dueño del autódromo.

Por orden del juez federal de Quilmes Luis Armella, se desarrollaron varios operativos, entre ellos en la sede del Automóvil Club Argentino de La Plata que funciona dentro del autódromo platense.

Los procedimientos fueron dispuestos en el marco de una causa iniciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP) a fines de 2016.

"La investigación evidenció la existencia de una asociación ilícita dedicada a proveer facturación electrónica falsa, con un perjuicio al Estado que superaría los 4.000 millones de pesos", se informó oficialmente a la prensa.

Según consta en el expediente judicial, la asociación brindó facturas apócrifas a más de 3.500 contribuyentes de todo el país, del sector público y privado.

"Estas nuevas medidas de allanamiento evidencian la extensión del accionar de la organización delictiva hacia el sector del automovilismo nacional", se informó.

Previamente, se había verificado su utilización por parte de importantes sindicatos y clubes de fútbol de primera división, entre otros, según se menciona también en el expediente.

Entre los gremios involucrados figuran el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la Argentina ( UTHGRA), el Personal Jerárquico del Petróleo y el Gas de la Patagonia, y la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses.

También están incluidos los sindicatos de Choferes de camiones y obreros del transporte automotor, de la industria del cuero, de los juegos de azar y de la industria de la carne, entre otros.

Los miembros de la asociación ilícita ya han sido procesados por el juez Armella y algunos de ellos cuentan con prisión preventiva confirmada en segunda instancia.

La causa registra desde su inicio más de 200 allanamientos en todo el país, no solo a los miembros de la organización sino también a los usuarios de los servicios brindados por esta asociación criminal.