El Gobierno de España pidió a la Comisión Europea (CE) el acceso a 20.000 millones de euros del fondo comunitario de desempleo, para financiar las prestaciones a los desocupados a causa de la pandemia de COVID-19.

"El Reino de España ha solicitado a la Comisión Europea el acceso al instrumento europeo de mitigación de los riesgos de desempleo, conocido como SURE, y que permite financiar con préstamos comunitarios los programas de apoyo a trabajadores, autónomos y empresas", informó el Ministerio de Economía.

Este es uno de los tres nuevos mecanismos puestos en marcha a nivel europeo, junto al Mecanismo Europeo de Estabilidad y los avales del Banco Europeo de Inversiones (BEI), para dar respuesta a la crisis social generada por la pandemia.

En total, el programa SURE movilizará recursos a nivel comunitario de 100.000 millones de euros y se financiará con emisiones de deuda de la UE.

En el caso de España, se busca acudir a este instrumento para financiar programas como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), las prestaciones por cese de actividad durante la pandemia.

Según cálculos de la Autoridad Fiscal, en septiembre España ya habrá desembolsado entre 23.000 y 25.000 millones de euros por los ERTE, a los que se han acogido unos 3,7 millones de personas.

En tanto, la Comisión Europea (CE) aprobó el Fondo de Rescate y solvencia de empresas estratégicas que fue diseñado por el gobierno español y que alcanza inicialmente los 10.000 millones de euros, con el objetivo de paliar los efectos económicos del coronavirus.

Bruselas informó en un comunicado que este fondo tendrá por destino "la inversión en empresas estratégicas que operen en España y que estén afectadas por la crisis del coronavirus".

El mecanismo de financiación se concretará a través de instrumentos de recapitalización, préstamos participativos o deuda convertible.

Las empresas alcanzadas por la medida que soliciten fondos deberán tener su sede social en España, no estar en crisis antes del 31 de diciembre último, justificar que "el cese forzoso tendría impacto negativo en la actividad y el empleo a nivel nacional o regional, y presentar un plan de viabilidad con el calendario de devolución de las ayudas públicas".

Además, "si antes de los cinco años no reembolsaron al menos un 40%, tendrán una penalización del 10%".