Un proyecto de ley para aumentar de cinco a nueve el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia, con equilibrio de género y representación federal, fue presentado ayer por el senador Adolfo Rodríguez Saá en la Cámara alta. La iniciativa, además, incluye que el supremo tribunal esté conformado por juristas de distintas especialidades.

El senador puntano primereó así la intención manifiesta del presidente Alberto Fernández, quien días atrás señaló que era necesario reformular el funcionamiento de la Corte. En esa oportunidad, el jefe de Estado abrió también el debate sobre el número de integrantes, aunque señaló que, a su criterio, la actual composición es satisfactoria en cuanto a número.

"En los últimos tiempos quedó en evidencia la necesidad de satisfacer el reclamo por la equivalencia de género y por una integración que respete el federalismo en el máximo tribunal", señalan los fundamentos del expediente firmado por Rodríguez Saá (Frente de Todos).

Además de ampliar el número de jueces, la iniciativa establece que la composición del tribunal deberá "reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal".

En tanto que, para "asegurar la diversidad de género" el tribunal "no podrá integrarse por más de cinco jueces del mismo género".

Otra de las modificaciones que contempla el proyecto tiene que ver con la "diversidad en especialidades" que deberá incluir a representantes del derecho civil, comercial, penal, laboral, seguridad social, constitucional, contencioso administrativo y cualquier otra rama del derecho público y/o privado.

Además, se propone que haya al menos un miembro de la Corte Suprema de cada una de las regiones en las que está dividido el país: Patagonia, Cuyo, Centro, Norte Grande y Buenos Aires.

Alquileres

La Comisión de Legislación General del Senado se reunirá hoy con el objetivo de debatir una serie de proyectos de ley, entre los que figura la modificación al Código Civil y Comercial respecto de los contratos de alquiler.

La iniciativa, aprobada en la Cámara de Diputados a fines del año pasado, establece entre sus puntos más importantes la extensión del plazo de los contratos de dos a tres años y un nuevo mecanismo de actualización anual (en lugar de semestral), que se calculará en base al aumento de la inflación y el salario. En ese sentido, se establece una fórmula para la actualización de los precios, combinando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).