Antes de asumir, Macri decía que el principal objetivo bajar drásticamente la pobreza a través del combate a la inflación. Sin poder contar con estadísticas públicas nacionales confiables, en noviembre de 2015, los índices alternativos más difundidos marcaban una inflación elevada, pero en descenso. Entre ellos, el IPC Congreso medía una inflación interanual de 25,4% y, según el índice de la Ciudad de Buenos Aires, el ritmo de aumento general de precios en su distrito era de 23,9%. El problema inflacionario era difícil de resolver, a pesar de la llamativa subestimación del Presidente electo. Sin embargo, tampoco se trataba de una inflación tan elevada en perspectiva histórica que imposibilitara el normal desarrollo de la actividad productiva y que generara un deterioro en las condiciones de vida de las grandes mayorías. De hecho, a excepción del período de la Convertibilidad, la inflación de la década anterior al gobierno de Cambiemos fue la más baja del último medio siglo (descartando la medición del INDEC para el período 2007/2015 y utilizando como reemplazo el IPC Congreso o cualquier otro índice disponible públicamente).

El déficit de cuenta corriente (resultado del intercambio total de bienes, servicios, rentas y transferencias con el resto del mundo), equivalente al 2,8% del PBI en 2015, daba cuenta de que existía un atraso cambiario relevante que había que corregir y, por supuesto, las tarifas de los servicios públicos del área metropolitana de Buenos Aires requerían una actualización que hiciera sustentable el sistema de producción y suministro, sobre todo porque la dinámica de crecimiento de los subsidios era insostenible.

En América latina, a excepción de Venezuela, todas las economías tienen elevados déficits público sin tener problemas inflacionarios

Ahora bien, haber incrementado la inflación en alrededor de 30 puntos, más del doble de lo que había antes del inicio de la gestión, no puede explicarse solo por esos desequilibrios. El factor que más incidió en el colapso del mayor objetivo económico del gobierno nacional fue la afectación de intereses que provocaron sus políticas, encubiertos por teorías monetaristas que, concentradas en la emisión de dinero y el nivel de la tasa de interés como causantes de la inflación, desatienden el fenómeno de las enormes transferencias de ingresos generadas. Priorizar el beneficio de los grandes grupos de poder de los sectores energéticos, financiero y, en general, de empresas proveedoras de servicios públicos privatizados por encima de un programa integral y coordinado de desarrollo productivo y social es el nodo central del fracaso macroeconómico.

El abrupto cierre del financiamiento externo a través de los mercados de crédito privado, en combinación con el impacto de la sequía en 2018 fue el segundo factor que, en un escenario donde se desatendía las necesidades productivas, agravó el panorama y terminó en acelerar el salto a la etapa final (auxilio del FMI) del esquema de acumulación financiero y extractivo.

Curiosamente, el modelo gozaba de prestigio por más burdos que eran los argumentos liberales del entonces líder de la política monetaria, el Presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, respecto al supuesto impacto neutral en términos inflacionarios de la suba del tipo de cambio y del brusco aumento de las tarifas. Con una retórica similar, Macri y los actuales funcionarios justifican el descontrol en el desequilibrio fiscal, más allá de que no exista ninguna relación de causalidad concreta y que, por ejemplo, en Latinoamérica, a excepción de Venezuela, todas las economías tienen elevados déficits del sector público y no poseen problemas inflacionarios.

Y, para gran parte de los que aun creen en la idoneidad y buenas intenciones de los funcionarios nacionales, también van presentándose grotescas señales que inevitablemente generan más desconfianza e inestabilidad. Básicamente, se trata de las marchas y contramarchas en decisiones de políticas públicas muy importantes como: las múltiples idas y vueltas en las decisiones de aumentos de tarifas; la quita de las retenciones a las exportaciones y la manifestación de los funcionarios públicos de lo perjudicial que eran y posteriormente su reimplantación generalizada; haber aumentado los reintegros a las exportaciones y después sacarlos; bajar del IVA a sectores vulnerables y luego su reinstauración plena; la decisión de levantar todo control sobre la formación de precios de las cadenas de valor y ahora decir que van a realizar acuerdos de precios; decir que no iríamos al FMI y luego suplicar ayuda; eliminar progresivamente el impuesto a los bienes personales y luego reimplantarlo.

Si bien estas idas y vueltas son un mamarracho, al no ser enfocadas con alta intensidad por los mayores medios de comunicación, tienen menos impacto. No obstante, también, en cierta medida, van erosionando la credibilidad del gobierno.

En la gala que hace el gobierno de reconocer errores en contraste a la administración anterior también se oculta lo más relevante: hay un direccionamiento deseado de las políticas económicas, expresado en los elevados índices inflacionarios, que implica una distribución regresiva del ingreso y un desmantelamiento de la capacidad productiva. En la medida que no haya un cambio de rumbo, inevitablemente se profundizará.