El sector de albergues transitorios está en alerta roja. Se trata de 700 establecimientos ubicados en todo el país, en los cuales trabajan 7.000 empleados. Menos de un 20% de los hoteles pudo pagar el sueldo completo. José María Capelo, presidente de la Federación Argentina de alojamiento por hora (FADAPH), le indicó a BAE Negocios que la mayoría están al borde de la quiebra.

Sólo en la Ciudad de Buenos Aires funcionan 120 hoteles alojamiento. Según Capelo: "La pandemia nos encontró como la mayoría de los sectores, con problemas económicos, basados en la fuerte caída del poder adquisitivo de la gente y empeorado en los últimos dos años, por el aumento descontrolado de cargos fijos, servicios, impuestos inmobiliarios y peso de los sueldos".

Desde el comienzo de la cuarentena todos los establecimientos se encuentran cerrados. "Estamos muy mal, muy preocupados y con una situación desesperante. Nuestra actividad vive del día a día, estamos imposibilitados de generar ingresos si no es por la concurrencia directa de los clientes. Se hace difícil afrontar los salarios sin ayuda externa por más buena voluntad que tengamos. Entre un 15 y un 20% pudo pagar los salarios completo, el resto abonó a cuenta", explicó el titular de la Federación que los reúne.

Cada albergue transitorio tiene un promedio de diez trabajadores y costos fijos que hacen que para mantener mensualmente esa estructura se requieran de por lo menos 2 millones de pesos mensuales. Una cifra complicada de obtener para pymes argentinas que no generan ingresos.

Piden que se los incluya en las actividades exceptuadas lo más pronto posible. "El impacto económico que provocó la cuarentena se agravará en caso de mantenerse la estricta normativa, conduciendo a la quiebra inevitable", reclama la entidad que los nuclea.

A diferencia de otros rubros, saben que no será fácil la reactivación tras la apertura. Tienen un listado de argumentos para pedir ser reabiertos. "Lo que más nos preocupa es la incertidumbre. Podemos tener como máximo dos personas por habitación con conocimiento mutuo previo. Hay una mínima posibilidad de contacto entre el pasajero y personal. El sistema de atención al público es cerrado y vidriado. Tenemos medidas de higiene y profilaxis extremas. El personal no viaja en horarios pico y dependemos de la demanda interna", argumentó Capelo.

Si bien el Gobierno anunció varias medidas, siguen a la espera. "Necesitamos que se reglamenten los decretos, pero vemos que son insuficientes. Nos haría falta que nos asignen el pago del salario mínimo, vital y móvil que anunciaron para los que tienen menos de 25 empleados. Necesitamos sostener las fuentes de trabajo. Reclamamos el diferimiento o la condonación de un montón de impuestos imposibles de afrontar hasta tres meses posteriores a la terminación de la pandemia. Resulta irónico pagar un anticipo de ganancias en un año como 2020", señaló.

Otro de los temas que más los preocupan es el tratamiento que les da la AFIP en el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción. "Nos sentimos perjudicados porque nos califica como una actividad que evidencia un menor grado de afectación, a diferencia de los hoteles de pasajeros que los califica como un sector crítico", puntualizó el titular de FADAPH.