La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este viernes que la causa judicial en la que se investiga un presunto esquema de lavado de dinero y la adquisición de una mansión en Pilar atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, quede radicada en el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

El fallo de la Sala I fue firmado de manera dividida por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, mientras que el camarista Alejandro Slokar votó en disidencia por mantener el trámite en el fuero Penal Económico. Con este pronunciamiento, el expediente retornará al tribunal con jurisdicción territorial sobre el municipio de Pilar previa notificación a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

Competencia del fuero federal en delitos de lavado

La controversia procesal se centraba en determinar qué fuero debía intervenir en el expediente, disputado entre el Juzgado Federal de Campana y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10 de la Ciudad de Buenos Aires. 

La mayoría integrada por Barroetaveña y Borinsky sostuvo que el delito de lavado de activos (artículo 303 del Código Penal) es de estricta competencia de la Justicia Federal.

En el dictamen, los magistrados precisaron que la especialidad del fuero Penal Económico abarca materias legalmente delimitadas -como evasión tributaria, contrabando o régimen cambiario- y no se extiende al blanqueo de capitales. 

Por su parte, la postura minoritaria de Slokar planteó declarar inadmisible el recurso de Casación presentado por las defensas por no tratarse de una sentencia definitiva, aunque coincidió en la naturaleza federal del delito investigado.

Los bienes y los imputados en el expediente

El origen de la causa se remonta a diciembre pasado a partir de una denuncia sobre la compra de un predio de 105.000 metros cuadrados en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar. 

La propiedad cuenta con helipuerto, un haras y un galpón donde las fuerzas de seguridad hallaron un parque automotor de 54 vehículos de colección y alta gama, con un valor estimado en 4 millones de dólares.

Los titulares registrados del inmueble y de la firma "Real Central" son Luciano Pantano -monotributista- y su madre, Ana Lucía Conte, una jubilada que percibió el Ingreso Familiar de Emergencia durante la pandemia. 

La hipótesis judicial analiza la capacidad económica de ambos frente al valor de los bienes e investiga si actuaron como intermediarios del dirigente de la AFA. 

Las defensas de Pantano y Conte, encabezadas por el abogado Mariano Morán, habían solicitado la radicación en Campana argumentando el principio de juez natural por la ubicación física de la finca.

El recorrido procesal de la investigación

La causa registró cuatro cambios de juzgado desde su inicio. El expediente tramitó inicialmente en el fuero federal de Comodoro Py bajo la conducción del juez Daniel Rafecas, pasó al fuero Penal Económico con intervención del magistrado Marcelo Aguinsky, fue derivado luego al Juzgado de Campana y posteriormente devuelto a Penal Económico por decisión de la Cámara de Apelaciones del sector, bajo la subrogancia de la jueza Verónica Straccia.

La resolución dictada por la Cámara de Casación convalidó las actuaciones producidas hasta el momento. En el juzgado de Campana continúa en desarrollo un peritaje contable encomendado al Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para verificar si existieron desvíos de fondos de la entidad deportiva.

El fallo de Casación podrá ser apelado mediante recurso extraordinario ante la Corte Suprema por el fiscal de la instancia, Mario Villar, quien había dictaminado sostener la competencia en la Justicia Penal Económico.