La Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico convocó a una audiencia para el próximo 18 de marzo para definir si continúa la causa judicial contra Claudio "Chiqui" Tapia y otros dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presunta evasión y apropiación indebida de aportes previsionales.

La convocatoria fue realizada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, quienes deberán resolver si el expediente sigue adelante o si corresponde cerrar la investigación por inexistencia de delito, como reclama la defensa de los dirigentes.

En la audiencia, los abogados de Tapia y de los miembros de la comisión directiva de la AFA pedirán el cierre de la causa, mientras que la fiscalía a cargo de Claudio Navas Rial buscará que la investigación continúe.

La causa por más de $19.000 millones

El expediente se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y se centra en la retención de impuestos y aportes previsionales que habrían sido descontados pero no depositados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Según la acusación, el monto involucrado asciende a $19.353.546.843,85.

Por este motivo, Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, fueron citados a declaración indagatoria, mientras que otros dirigentes ya se presentaron ante la Justicia.

Entre ellos están el gerente general Gustavo Lorenzo, el exsecretario general Víctor Blanco (expresidente de Racing) y el actual secretario Cristian Malaspina (titular de Argentinos Juniors), quienes presentaron escritos y se negaron a responder preguntas.

El delito de retención indebida de tributos que se investiga en la causa prevé penas de entre dos y seis años de prisión, cuando se comprueba que una entidad retuvo impuestos o aportes previsionales y no los depositó dentro del plazo legal correspondiente.

El argumento de la defensa

La defensa de los dirigentes sostiene que no existió delito porque los embargos estaban suspendidos por resoluciones del Ministerio de Economía y de ARCA, lo que -según su interpretación- impedía exigir el pago de esas deudas fiscales en ese período.

Además, remarcan que la AFA finalmente regularizó la situación con el pago de parte de la deuda y planes de financiación, por lo que consideran que la causa debería cerrarse.

Sin embargo, la fiscalía sostiene que el delito se configura cuando la obligación tributaria no se paga dentro del plazo legal, independientemente de que luego se regularice la deuda.

El juez en lo penal económico Diego Amarante ya rechazó un pedido de sobreseimiento y avanzó con las indagatorias, decisión que fue apelada por las defensas y que ahora deberá resolver la Cámara.

Otra audiencia por la prohibición de salida del país

Antes de esa definición, el tribunal también convocó a otra audiencia el 12 de marzo para analizar la prohibición de salida del país que pesa sobre Tapia y Toviggino.

Si la restricción se mantiene, ambos dirigentes deberán solicitar autorización judicial para viajar al Mundial de fútbol que se disputará en Estados Unidos.

Otras investigaciones contra la AFA

La investigación penal comenzó en diciembre de 2025 tras una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que además actúa como querellante en el expediente y sostiene que los aportes descontados debían ser depositados aun cuando existieran resoluciones que suspendieran embargos.

La causa por retención indebida de tributos no es el único expediente judicial que involucra a la AFA.

En paralelo, la Justicia investiga posibles maniobras de lavado de dinero vinculadas a la compra de una mansión en Pilar valuada en unos 20 millones de dólares, en una causa que tramita el juez federal de Campana, Adrián González Charvay.

También existen investigaciones sobre el manejo de fondos de la AFA en el exterior a través de la empresa TourProdEnter LLC, vinculada al empresario teatral Javier Faroni.

Según distintas denuncias, esa firma habría actuado como agente de cobro de contratos internacionales de la AFA y parte de esos fondos habrían sido derivados a sociedades radicadas en Estados Unidos y otras jurisdicciones.

La justicia federal analiza además si todos estos expedientes deben concentrarse en un mismo juzgado, una decisión que podría quedar finalmente en manos de la Cámara Federal de Casación Penal.