El Gobierno nacional activó este jueves una nueva etapa de control sobre la Asociación del Fútbol Argentino y la Superliga. Desde las 13, los veedores designados por el Ministerio de Justicia se presentaron en las sedes vinculadas a ambas entidades para requerir documentación societaria, contable y administrativa, en el marco de las investigaciones que lleva adelante la Inspección General de Justicia.

La medida alcanza a la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia y tiene como tesorero a Pablo Toviggino. El operativo estará a cargo del abogado Diego Coste y del contador Miguel Pappacena, nombrados por la cartera que conduce Juan Bautista Mahiques para ejecutar una veeduría por 180 días.

Según el comunicado oficial del Ministerio de Justicia, "el plan de trabajo comienza con un pedido formal de acceso a la documentación social y contable de la sociedad para poder verificar las irregularidades que investiga la Inspección General de Justicia". El texto oficial definió la medida como "un paso para poder realizar la misión encomendada por el ministro de Justicia al decretar la intervención por veeduría".

Libros, balances y contratos bajo revisión

La primera etapa del trabajo consistirá en un pedido formal de exhibición de documentación vinculada a estados contables, contratos comerciales y movimientos societarios, tanto de la AFA como de la Superliga. La sede de la Superliga, ubicada en Olga Cossettini 771, en Puerto Madero, también figura dentro del operativo previsto para este miércoles.

El Ministerio de Justicia sostiene que la medida no equivale a una intervención tradicional sobre la AFA, sino a una veeduría administrativa orientada a garantizar el acceso a la información. Dentro del fútbol, en cambio, la decisión fue leída como un movimiento político de alto impacto sobre la conducción de Tapia.

La ofensiva oficial tiene antecedentes directos. En marzo, durante la gestión de Daniel Roque Vítolo al frente de la IGJ, el Ministerio de Justicia ya había avanzado con la designación de veedores para revisar balances y contratos de la AFA y de la Superliga. Aquella decisión generó un rechazo inmediato de la conducción del fútbol argentino.

Un esquema que cambió nombres, pero no rumbo

El proceso tuvo un giro interno con la renuncia del abogado Agustín Ortiz de Marco, quien había sido designado originalmente como veedor junto a Pappacena durante la gestión de Vítolo.

Tras la salida de Vítolo y la llegada de Mahiques al Ministerio de Justicia, el esquema de fiscalización se mantuvo. Ortiz de Marco decidió no asumir el cargo y el Gobierno nombró en su lugar a Coste, que quedó incorporado al dispositivo definitivo junto al contador Pappacena.

Ambos deberán elaborar informes técnicos a partir de la documentación que logren relevar. La expectativa oficial está puesta en el grado de colaboración que encuentren al momento de pedir libros, contratos y registros internos.

La disputa por los domicilios legales

Uno de los puntos sensibles del conflicto pasa por los domicilios legales de la AFA y por la competencia del organismo de control. La sede histórica de la asociación está en Viamonte 1366, en el barrio porteño de San Nicolás, pero la conducción encabezada por Tapia avanzó en los últimos años con el traslado del domicilio legal a la provincia de Buenos Aires.

En su sitio oficial, la AFA informa como sede social el domicilio de Mercedes 1366, en Pilar. También figura el Predio Lionel Andrés Messi, ubicado sobre la Autopista Ricchieri y Enrique Fernández García, en Ezeiza, como centro operativo y administrativo.

Ese cambio abrió una discusión con el Gobierno nacional. Desde la AFA sostienen que el control societario corresponde a organismos bonaerenses y no a la órbita de la IGJ. Pese a esa postura, el Ministerio de Justicia ratificó la veeduría y avanzó con el operativo.

La disputa por la competencia no es el único frente abierto entre la Casa Rosada y la conducción del fútbol argentino.

ARCA, TourProdEnter y el frente judicial

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a la AFA y a un grupo de dirigentes por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por $7.500 millones.

De acuerdo con esa presentación, ARCA acusó a la entidad de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse de manera ilícita, con pagos al Estado postergados por más de 300 días. Esas actuaciones quedaron radicadas en la Justicia Penal Económica.

Dentro de las investigaciones también aparece TourProdEnter LLC, firma señalada como agente comercial exclusivo de contratos internacionales de la Selección argentina y vinculada a Javier Faroni y Erica Gillette. Los documentos bajo análisis incluyen transferencias millonarias, circuitos financieros y vínculos comerciales que despertaron sospechas en organismos estatales.

El entorno de Tapia considera que la ofensiva estatal tiene un fuerte componente político y excede una mera fiscalización administrativa. Cerca de la AFA sostienen que las medidas forman parte de una disputa más amplia por el control institucional y económico del negocio del fútbol.

En el Ministerio de Justicia, la respuesta es otra: insisten en que la presencia de los veedores busca garantizar transparencia y acceso a la información. Este jueves, esa pulseada bajará a los libros, los balances y los contratos.