El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar los secretos bancario, fiscal y bursátil de Claudio "Chiqui" Tapia y dispuso 20 medidas de prueba para investigar al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presunto enriquecimiento ilícito.

Lijo hizo lugar al pedido presentado la semana pasada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien impulsó formalmente la causa. La investigación busca reconstruir la evolución patrimonial, fiscal y financiera de Tapia durante su desempeño como funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).

Qué investigará la Justicia

Las medidas incluyen pedidos de información a ARCA, la ANSES, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF), Migraciones y distintos registros de bienes y sociedades.

La Justicia buscará determinar qué cuentas bancarias, depósitos, préstamos, tarjetas, propiedades, vehículos y participaciones societarias tuvo Tapia durante el período investigado. También solicitó información sobre embarcaciones, aeronaves, operaciones cambiarias, transferencias al exterior y cajas de seguridad.

El Banco Central deberá distribuir el requerimiento entre las entidades financieras para establecer si Tapia figura como titular, cotitular, apoderado, autorizado o firmante de algún producto. Si existen registros, los bancos tendrán que entregar los movimientos de las cuentas y los antecedentes de su apertura.

La UIF deberá informar si posee reportes de operaciones sospechosas u otros antecedentes relacionados con el dirigente. ARCA, por su parte, tendrá que remitir sus declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, datos de facturación, consumos, pasivos y vínculos económicos.

Billeteras virtuales y criptoactivos

La investigación también alcanzará a más de 20 empresas vinculadas con plataformas de pago y operaciones con criptoactivos. Entre las compañías requeridas figuran Binance, Ripio, Belo, Ualá y OKX.

Las empresas deberán informar si Tapia abrió cuentas o billeteras virtuales y, en caso afirmativo, aportar datos sobre saldos, movimientos, operaciones, cuentas bancarias asociadas y direcciones de activos digitales. Algunos de esos pedidos deberán ser respondidos en un plazo de 72 horas.

También se solicitaron datos a COELSA sobre cuentas de pago, transferencias y trazabilidad de fondos, y a Visa, Mastercard y American Express sobre tarjetas y resúmenes vinculados con el presidente de la AFA.

Los ingresos de Tapia en la CEAMSE y la Conmebol

Lijo reclamó a la CEAMSE el legajo laboral completo de Tapia, los cargos que ejerció, los ingresos que percibió y las cuentas en las que fueron depositados. También pidió las declaraciones juradas patrimoniales que presentó como funcionario público, incluidos sus anexos reservados.

La CEAMSE es una empresa pública interjurisdiccional encargada de gestionar los residuos sólidos urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires y administrar el peaje del Camino del Buen Ayre. Tapia ocupó la vicepresidencia del organismo y actualmente lo preside en representación de la provincia de Buenos Aires.

La causa se concentra en esa función pública y no en su cargo al frente de la AFA, que es ad honorem. Su desempeño en la CEAMSE permite que sea investigado bajo la figura de enriquecimiento ilícito, un delito que solo puede ser cometido por funcionarios públicos.

El juez también ordenó librar un exhorto internacional a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), con sede en Paraguay. La entidad deberá enviar el legajo de Tapia e informar los cargos que ocupó, los ingresos que recibió y las cuentas utilizadas para efectuar los pagos.

La denuncia por un aumento patrimonial del 1.000%

La causa se originó en una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un enfrentamiento con Tapia después de que la AFA diera de baja el contrato de su empresa para organizar y comercializar partidos amistosos de la Selección argentina.

Tofoni sostuvo que la liquidez declarada por Tapia registró un crecimiento real cercano al 1.000% entre 2017 y 2024 y afirmó que ese aumento no tendría relación con los ingresos informados durante el mismo período.

Según la denuncia, Tapia declaró en 2017 cuatro propiedades valuadas fiscalmente en $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo. En su declaración jurada de 2024 informó más de $1.002 millones en depósitos bancarios, más de $39 millones en efectivo y USD 246.206 en una caja de ahorro.

Esas cifras forman parte de la acusación de Tofoni y todavía deben ser verificadas en el expediente. Una vez reunida la documentación, la fiscalía prevé elaborar un informe patrimonial, económico y financiero para determinar si los bienes, gastos e inversiones de Tapia guardan relación con sus ingresos declarados.