Los titulares formales de la mansión de Pilar que la Justicia vincula al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, presentaron una maniobra judicial para intentar frenar una decisión clave en la investigación por presunto lavado de dinero.

La defensa de Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, solicitó la paralización inmediata de cualquier trámite en el expediente hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva un recurso extraordinario presentado contra una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal.

La presentación ingresó ante la Cámara en lo Penal Económico, tribunal que debe definir si la investigación continúa en el juzgado federal de Campana o regresa al fuero Penal Económico. La disputa por la competencia se mantiene abierta desde enero y lleva más de seis meses sin resolución.

La propiedad bajo sospecha

La causa gira en torno a una mansión de aproximadamente 105.000 metros cuadrados ubicada en Pilar. El predio cuenta con helipuerto, canchas deportivas, amplios espacios recreativos y un galpón donde fueron hallados 54 vehículos de lujo y colección.

La propiedad figura a nombre de la sociedad Real Central, cuyos titulares son Pantano y Conte. Sin embargo, los investigadores sostienen que ninguno de los dos posee capacidad económica declarada para justificar la adquisición y el mantenimiento del inmueble.

La principal hipótesis judicial apunta a que el verdadero propietario sería Pablo Toviggino. Durante los allanamientos, los investigadores encontraron elementos que buscan fortalecer esa sospecha, entre ellos un bolso institucional de la AFA y una plaqueta del club Barracas Central con el nombre del dirigente.

Además, varios de los vehículos secuestrados tenían cédulas azules emitidas a favor de familiares de Toviggino. La Justicia también detectó que Pantano utilizaba una tarjeta corporativa de la AFA para afrontar gastos vinculados a los automóviles, incluidos pagos de Telepase y consumos que habrían alcanzado los $50 millones mensuales.

La pelea por el juzgado

El expediente estuvo inicialmente bajo la órbita del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quien analizó una posible maniobra de desvío de fondos provenientes de la AFA.

Posteriormente, a pedido de la defensa, la causa pasó al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, decisión que fue respaldada por la Cámara Federal de San Martín.

Sin embargo, los fiscales que intervinieron en el caso sostuvieron que la investigación debía permanecer en el fuero Penal Económico. La controversia llegó a la Cámara Federal de Casación Penal, que en mayo anuló la resolución anterior y ordenó que la Cámara Penal Económico vuelva a pronunciarse "con celeridad" sobre la competencia.

El recurso ante la Corte

Tras el fallo de Casación, la defensa de Pantano y Conte presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema. En ese escrito argumentó que no pueden ejecutarse decisiones que aún no se encuentran firmes.

"Habiendo deducido esta parte en tiempo y forma un Recurso Extraordinario Federal ante la Cámara Federal de Casación Penal, queda vedada de modo absoluto la ejecución de resoluciones que no gocen de debida firmeza", sostuvo el abogado Mariano Morán.

Con ese planteo, la defensa pidió suspender cualquier avance procesal hasta que exista una definición del máximo tribunal.

Mientras tanto, la Cámara en lo Penal Económico solicitó información a Casación para conocer el estado de la apelación, lo que podría demorar nuevamente una decisión sobre qué juzgado continuará con una investigación que busca determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir la propiedad y si existieron maniobras de lavado de dinero vinculadas a dirigentes del fútbol argentino.