Descargo judicial

Qué dice el escrito que Tapia presentó ante la Justicia en la causa por $19.000 millones

El presidente de la AFA presentó un descargo ante el juez Diego Amarante. En el documento sostiene que su rol es institucional y cuestiona la imputación en la causa.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, presentó un descargo por escrito ante el juez en lo Penal Económico Diego Amarante durante su indagatoria en la causa que investiga una presunta retención indebida de impuestos y aportes por más de $19.000 millones.

El escrito comienza con la fórmula judicial "Adjunto. Formulo descargo. Solicito" y fue presentado en el expediente "Asociación del Fútbol Argentino y otros s/ infracción Ley 27.430". Allí Tapia se presenta "por mi propio derecho y en mi carácter de Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino", con el patrocinio de su abogado Luis F. Charró.

En el apartado titulado "Objeto", el dirigente expone su descargo frente a la imputación. Sostiene que la acusación aún no le fue comunicada con el detalle correspondiente y que sólo pudo reconstruir su alcance a partir de la información transmitida por su defensa y de la difusión pública que tuvo la causa.

El argumento central de la defensa

En el escrito, Tapia sostiene que su función al frente de la AFA es de carácter institucional y político, no administrativo ni financiero. Desde esa perspectiva, el documento plantea que la gestión concreta de las obligaciones impositivas corresponde a áreas técnicas de la organización.

La defensa afirma que la responsabilidad por eventuales errores contables o administrativos no puede derivarse automáticamente del hecho de ocupar la presidencia de la entidad.

El texto también menciona la dinámica de trabajo del presidente de la AFA, vinculada a compromisos institucionales y a la representación del fútbol argentino en organismos internacionales, como parte del argumento sobre la distribución de funciones dentro de la entidad.

Descargo del "Chiqui" Tapia
Descargo del "Chiqui" Tapia

La situación de la deuda

Otro de los ejes del descargo se refiere a la situación fiscal que originó la investigación. Según la defensa, parte de la deuda fue cancelada y el resto quedó incorporado a planes de pago vigentes.

En el expediente judicial, en cambio, se investiga la presunta falta de pago de tributos retenidos durante los años 2024 y 2025. La deuda señalada alcanza los $19.350 millones e incluye obligaciones vinculadas al impuesto al valor agregado, al impuesto a las ganancias y a aportes de la seguridad social.

La crítica a la exposición mediática

El escrito también dedica varios párrafos a la difusión pública del caso. Allí Tapia afirma que la investigación tuvo una "abrumadora difusión pública" que, según su planteo, incluyó "valoraciones anticipadas e infundadas".

Para ilustrar ese punto, el documento enumera la cantidad de títulos publicados por distintos medios entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 sobre la causa.

En el documento, Tapia sostiene que esa exposición pública le provocó un "gravísimo perjuicio" y plantea que esa situación no puede ser ignorada en el marco del expediente.

El cierre de las indagatorias

Tapia llegó a los tribunales de Avenida de los Inmigrantes 1950 a bordo de una camioneta Toyota SW4 blanca. Saludó a la guardia periodística que lo esperaba en el ingreso, pidió que no se agolparan y subió al segundo piso del edificio, donde lo aguardaba el juez Diego Amarante. Según indicaron fuentes judiciales, la audiencia se desarrolló en un clima cordial.

Tras finalizar la audiencia, el dirigente realizó una breve declaración ante los periodistas que aguardaban en la puerta del edificio. "Cumplimos con lo que quería el juez", dijo antes de retirarse.

La indagatoria del presidente de la AFA cerró la ronda de declaraciones ordenada en la causa. Con ese trámite concluido, el juez Amarante quedó en condiciones de resolver la situación procesal de los dirigentes investigados en el expediente. El delito de retención indebida de tributos prevé penas de entre dos y seis años de prisión.

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