Claudio "Chiqui" Tapia salió a confrontar a la Inspección General de Justicia y anunció que la Asociación del Fútbol Argentino llevará a la Justicia el pedido de veedores sobre su administración. En un comunicado de siete puntos, la entidad rechazó la medida, negó irregularidades y la encuadró como una "operación política".

"La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley", afirmó la conducción en el apartado titulado "Nuestra respuesta". Y anticipó que recurrirá a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que la medida sea desestimada.

El pronunciamiento llegó después de que la Inspección General de Justicia solicitara al Ministerio de Justicia la designación de veedores para relevar documentación contable y financiera, al señalar que había requerimientos sin respuesta y advertir sobre la existencia de "graves irregularidades" en una Resolución Particular firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo.

La réplica de la AFA

En el comunicado, la AFA cuestionó el encuadre de la IGJ, que sostuvo que la veeduría no constituye una sanción ni una intervención, sino una medida informativa dentro de sus facultades de fiscalización.

La AFA planteó que allí reside una contradicción. "Si la veeduría no es una sanción, ¿por qué se funda en ‘graves irregularidades'? Porque si las irregularidades fueran realmente graves, la IGJ tendría la obligación legal de aplicar sanciones. Pero no lo hace. Dice que ‘no es una sanción'. Entonces, ¿de qué ‘gravedad' estamos hablando?", sostuvo.

Tapia también explicitó la estrategia judicial: "En las próximas horas presentaremos los recursos correspondientes para que esta medida sea desestimada, tal como ocurrió con el precedente Bullrich. Recurriremos a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que sea la justicia, y no la propaganda, la que determine la validez de este acto".

Balances y cambio de domicilio

Uno de los ejes centrales del descargo fue la situación de los estados contables. La AFA negó que no haya presentado balances durante más de ocho años y afirmó que los ejercicios 2017 a 2024 fueron entregados y se encuentran con "vistas pendientes" dentro del procedimiento administrativo.

"Si hay vistas pendientes, hay un procedimiento abierto. Y si hay un procedimiento abierto, mal puede hablarse de ‘irregularidades firmes'. Lo que la IGJ califica de ‘grave' es, en realidad, la morosidad de sus propios empleados para resolver esas vistas", indicó.

La entidad reconoció que el balance 2025 no fue presentado ante la IGJ y lo atribuyó al cambio de domicilio legal a la Provincia de Buenos Aires, aprobado por la autoridad provincial competente. "La IGJ insiste en que la sede de Pilar es ‘falsa' porque en el predio no hay oficinas. Pero omite mencionar que el cambio de domicilio fue aprobado por la autoridad provincial competente, y que la inscripción en la Provincia es un acto administrativo válido y vigente", señaló.

Antecedente y disputa política

En su argumentación, la AFA citó el antecedente del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), vinculado a Patricia Bullrich en 2023, y recordó que la Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil anuló en ese caso una intervención dispuesta por la IGJ.

También vinculó la veeduría con el debate sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). "No se trata de controlar una asociación civil, sino de ejecutar una política pública que busca imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) a través del debilitamiento institucional de la AFA", afirmó.

El comunicado cerró con un mensaje dirigido "al fútbol argentino y al pueblo": "El fútbol argentino es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas. No será cooptado por operaciones políticas ni por intereses empresariales que pretenden convertir a nuestras instituciones en mercancía".

Con esa respuesta, la conducción que encabeza Tapia trasladó el conflicto a los tribunales y profundizó la disputa con el organismo de control.